Un sistema previsional en terapia intensiva

El actual sistema previsional argentino, conocido como de reparto, se generalizó a través de la ley 14.370 del 18 de octubre de 1954. En esos tiempos se estimó que existían cuatro trabajadores activos por cada pasivo. Recordemos que mediados del siglo XX la expectativa de vida en Argentina era de 63 años, es decir, inferior a la fijada como edad mínima para que los hombres accedieran al beneficio previsional y tres años por encima de la edad mínima en el caso de las mujeres.

Si bien no hay un momento exacto en el cual las amas de casa se incorporaron al sistema previsional, observamos que la primera ley al respecto se remonta al año 1989. Pero, la verdadera avalancha ocurrió en 2005 cuando con el decreto 1454/2005 se reglamentó la ley 24.476 posibilitando regularizar la falta de aportes pagando la deuda en cuotas que se descontaban directamente de la jubilación a percibir. Así, cerca de dos millones de personas, en su gran mayoría mujeres, obtuvieron el beneficio jubilatorio a los 60 años.

A principio de los años 2000 la crisis económica impactó sensiblemente en las PYMES, principales dadores de trabajo, provocando que pasaran a la informalidad un altísimo porcentaje de trabajadores. La tasa de desempleo superaba el 15% y los cuentapropistas (algunos totalmente informales y otros que adherían al monotributo recientemente creado) se convirtieron en más de 40% de la población activa. A pesar de haber transcurrido veinticinco años estos guarismos se mantienen constantes. En otras palabras, un sistema que fue pensado para “cuatro activos para un pasivo” hoy representa “un activo y medio por cada pasivo”. Siete de cada diez personas que acceden al beneficio lo hacen través de moratorias, siendo un dato esencial que la expectativa de vida actualmente supera los 76 años.

En los años ´90, once provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación, mientras que las otras trece mantienen sus propias cajas pero reciben fondos de la Nación para cubrir el déficit de sus sistemas. Desde hace décadas que están pendientes las auditorias para determinar cuánto deben las provincias a Nación o viceversa.

Los regímenes especiales son el 4% en términos de número de beneficiarios pero se llevan el 12% del gasto total. Entre ellos encontramos a docentes, Luz y Fuerza, Poder Judicial, diplomáticos, fuerzas de seguridad, taxistas y otros. Las cifras oficiales de ANSES indican que hay 6.909.648 jubilados y que 253.748 cobran por régimen especial con beneficios que en promedio representan más de un millón y medio de pesos per cápita. Son más de 200 los sistemas especiales.

Si pensamos que estas jubilaciones son el lastre del sistema, estamos equivocados. A la ya señalada carga que presentan los trabajadores que acceden a beneficios previsionales sin aportes o incompletos, debemos agregar que en Argentina se pagan más de un millón doscientos mil pensiones por invalidez (la inmensa mayoría no contributivas). Este rubro se incrementó 1600% en veinte años.

Desde mediados de la década de 1990 se han dictado más de seis moratorias previsionales importantes (de alcance general), se sancionó y luego derogó un sistema de capitalización (el Estado confiscó los aportes realizados por millones de trabajadores), se creó el subsistema conocido como PUAM (Prestación Universal para Adultos Mayores), los monotributistas aportan sumas ínfimas (sin mencionar a monotributo social). Este combo, además de las jubilaciones de privilegio y el aumento de la expectativa de vida, han provocado que el sistema represente más de 40% del gasto presupuestario y más del 8% del PBI.

A mediados de 2024 se debatió en el Congreso un reajuste de los haberes previsionales presentándose media docena de proyectos. El que tuvo sanción fue vetado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 782/24 citándose para tal proceder distintos motivos: impacto fiscal negativo que ponía en riesgo el equilibrio fiscal y obligaba a emitir o aumentar impuestos, no se especificaba la fuente de financiamiento, presentaba deficiencias técnicas operativas. En resumen, se trataba de un proyecto populista con consecuencias nefastas para la tan ansiada estabilidad económica que beneficia a activos y pasivos por igual.

El domingo 23 de marzo se cerró la ventana de tiempo para quienes querían acceder a la jubilación a través de la moratoria previsional, regularizar aportes, completar el trámite, cumplir los requisitos y adherir a un acuerdo de pago de aportes. Quienes no hayan completado el procedimiento de inscripción y no tengan un turno de atención concedido y no puedan alcanzar los 30 años de aportes ya no podrán acceder a la jubilación. Recordemos que la última moratoria tenía como barrera la condición socioeconómica del aspirante.

La única opción que les queda a quienes están en esta situación es acceder a la PUAM, que es 20% más baja que la jubilación mínima (hoy en 349.121,7 pesos, bono de $70.000 incluido) y no es pensionable: la viuda, viudo o hijos no pueden recibirla en caso de muerte del titular y las mujeres deben contar con 65 años de edad.

Las moratorias han sido una invitación a la informalidad siendo ésta mayor entre las mujeres, especialmente por el trabajo doméstico, el rural y la intermitencia en la prestación de servicios.

¿Cómo llegamos a esto? Las causas son diversas. Algunas universales, como los emprendedores independientes que aportan irregularmente y el aumento de expectativa de vida. Otras locales, como las amas de casa que, obviamente tienen derecho a beneficios previsionales pero sin lugar a dudas diferente al universal (algo similar a la PUAM no dependiendo de aportes), las sucesivas moratorias, las jubilaciones de privilegio, la corrupción en el otorgamiento de beneficios (en particular con relación a las pensiones por invalidez). Ahora, si tenemos que elegir las principales causas, optamos por las moratorias y la complicidad populista. Tuvimos un gobierno que amplió la base de beneficiarios (más votos) a la vez que vetó el 82% móvil para aquellos que en verdad lo merecían.

La solución es compleja y la situación tenderá a empeorar: la mitad de la población que transita los cuarenta años de edad no realiza aportes. La cuenta previsional argentina es superior al 8% del PBI y supera a la suma de los presupuestos de Educación y de Salud. La cobertura alcanza al 90% de los adultos mayores cuando sólo tres de cada diez aportaron.

Analicemos distintas alternativas: eliminar los años de aportes y que cada uno se jubile en base a los aportes realizados (compleja solución en un sistema que debe ser solidario), eliminación de las jubilaciones de privilegio, equiparación de la edad jubilatoria (en principio 65 años para ambos sexos), aumento paulatino de la misma, flexibilidad de la edad entre los 62 y 75 siendo ésta una opción del trabajador, asignación básica universal para todos los mayores y una variable en base a los aportes efectivamente realizados, reajuste en función de la variación del IPC y RIPTE, creación de una combinación de contribuciones (por ejemplo en base al excedente por ingresos petroleros, mineros o venta de energía).

En estos días se reunirá la Comisión de Asuntos Previsionales y descontamos que parte de sus integrantes propondrán una nueva moratoria, es decir recurrir, a un nuevo parche sin análisis serio de cómo se financiará ese despropósito y cuál será el costo para toda la sociedad.

Un dato: de no haberse incluido en el régimen general a aquellos que no reunían los requisitos para acceder al beneficio previsional (seis de cada diez) la jubilación mínima rondaría $1.000.000, es decir, muy cerca del anhelado 82% móvil si consideramos el salario promedio de los trabajadores registrados.