“Orden”, violencia y batalla cultural

Si bien todavía falta un largo semestre para que opere el plazo de cierre de las listas a legisladores nacionales para las elecciones del 26 de octubre, a apenas dos semanas para la inscripción de frentes y alianzas para unos comicios en la Ciudad de Buenos Aires que se avizoran altamente disputados, con la tensión creciente en torno a un posible desdoblamiento electoral en territorio bonaerense de fuerte impacto político, y con campañas provinciales ya en curso en varias provincias (Santa Fe, Salta, San Luis, Jujuy, entre otras), el oficialismo parece dispuesto a teñir (casi) todo con un inconfundible y, por momentos, peligroso barniz electoral.

Confiado tanto en que la contención de la inflación y la relativa estabilidad macroeconómica son activos de altísimo valor electoral que primarán sobre cualquier objeción respecto a la institucionalidad, como en que la profundidad de la crisis opositora los torna incapaces de poder capitalizar a su favor escándalos como el cripto-gate o polémicas como el nombramiento de los jueces de la Corte, el presidente parece confirmar que su exaltado y desafiante discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo fue una suerte de lanzamiento de campaña.

En este contexto, un presidente que sigue ostentando una altísima centralidad política pero que desde el fallido discurso de Davos y la sucesión de “errores no forzados” o -como mínimo- negligencias o excesos de confianza, pareció perder la hegemonía en términos de iniciativa de la que supo gozar durante su primer año de mandato, luce apurado por intentar definir bajo sus propios términos el “terreno” de campaña.

Lo cierto es que aun conscientes de que es en lo económico donde reside el principal sostén de una imagen presidencial y un aprobación de gestión que siguen siendo altas, parecen haber comenzado a observar otras preocupaciones ciudadanas que comienzan a crecer durante el año electoral, como la inseguridad y, en menor medida, la corrupción. Por ello, confiados en que la oposición -siempre según el razonamiento oficialista- carece de legitimidad social para interpelar al gobierno en temas de transparencia o manejo de los dineros públicos, parecen decididos a instalar la problemática de la seguridad en el centro de la disputa político-electoral.

Si a alguno le sorprendió el ataque presidencial al gobernador Kicillof durante el discurso de apertura de sesiones del Congreso, que incluyó el disparatado pedido de renuncia y amenaza de intervención federal frente a hechos de inseguridad que generaron conmoción social, esta semana quedó en claro que para el oficialismo todo lo relativo a la seguridad estará fuertemente marcado por el clima de campaña.

En otras palabras, el discurso del “orden” parece ganar protagonismo en la pretendida “batalla cultural” que da forma y sentido a la narrativa del oficialismo. Un discurso que ya no solo se centra en las críticas al accionar de la justicia (una “puerta giratoria”, insisten desde el oficialismo) y a todos aquellos que o bien supuestamente adscriben a posiciones garantistas o directamente son acusados de abolicionistas del derecho penal o defensores de los delincuentes, sino que ahora parece incorporar una peligrosa apología de la represión.

Difícilmente pueda interpretarse lo sucedido el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación como consecuencia de la mera aplicación del “protocolo anti-piquetes” o de la recurrente apelación oficialista de “recuperar” la calle: la represión no solo fue feroz sino a todas luces desproporcionada en función de la cantidad de manifestantes y, mucho más aún, de aquellos que fueron a generar violencia.

Pese a que se trató de una movilización anunciada y muchísimo menos convocante que otras -como las de la Ley Bases-, la puesta en escena incluyó no solo un operativo muy alejado de la prevención y con expresa habilitación para la represión, sino un posterior dispositivo comunicacional para exaltar el rol de la Ministra Bullrich y las fuerzas de seguridad, mostrando no solo una total falta de empatía con los heridos de gravedad (como el fotógrafo Grillo) sino incluso descalificando a los mismos por su supuesto carácter de “militantes”.

Un deliberado y planificado mensaje que se completó con el ataque a la jueza que liberó a la mayoría de los detenidos (lo que por cierto en absoluto implica la absolución de los mismos), y con el mensaje explícito de que no habrá sanción alguna para los efectivos policiales que cometieron flagrantes “excesos” registrados en cámara (desde golpes a jubilados y provocaciones a los manifestantes a través de altoparlantes, al disparo a mansalva de proyectiles de gas lacrimógeno a baja altura).

La apología de Bullrich, y las felicitaciones y reconocimientos del Presidente y otros funcionarios a la labor de la ministra, dan cuenta de que el gobierno entiende que obtuvo un saldo positivo de lo sucedido, aún pese al bochornoso e inédito espectáculo de las agresiones entre diputados libertarios en el recinto. Es que Milei no solo está convencido de que la ciudadanía premiará en las urnas no solo los pretendidos “logros” económicos sino también su voluntad de garantizar el “orden público” en las calles, un tema que, además, cree le permitiría posicionarse electoralmente tanto frente a Kicillof y el kirchnerismo como ante el gobierno porteño y el PRO.

Así las cosas, más allá de que haya quienes vislumbren aquí un rédito cortoplacista, el riesgo para el sistema político y la sociedad en su conjunto es más que evidente. Hoy es probable que las imágenes de la violencia desatada no generen indignación ciudadana o que incluso parezcan tolerables en la medida en que la represión recayó mayoritariamente frente a las barrabravas, un sector que no goza precisamente de prestigio entre la sociedad; sin embargo, frente a una conflictividad social que tiene altas probabilidades de crecer, debería generar preocupación.

Más aún cuando ha quedado más que claro que la violencia ya ha desbordado el plano discursivo para instalarse no solo en las calles sino incluso en las propias instituciones.