
Desde que el presidente Javier Milei mencionó en la Apertura de Sesiones 2025 que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba al caer, las expectativas por cualquier pista o definición respecto de los plazos, montos y condicionamientos aumentaron.
Finalmente, el lunes por la noche Milei dio a conocer el DNU con el que planea sortear al Congreso, pero manteniendo el estatus de ley que necesitaría el acuerdo. Si bien el DNU trajo confirmaciones y algunas pistas adicionales, aún quedan varias dudas por despejar.
En primer lugar, del DNU se desprende que el nuevo acuerdo se enmarca en un programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), que se caracteriza por ofrecer plazos más largos y condiciones más favorables en comparación con un acuerdo Stand-By (SBA), como el firmado en 2018 por Macri. De este modo, el programa tendría una duración de diez años, con un período de gracia para el pago del capital de cuatro años y medio.
Respecto al tamaño exacto del desembolso, todavía es una incógnita. Las versiones que circulan indican que incluirá fondos frescos -financiamiento neto- por entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. A esto se sumaría financiamiento para cubrir los próximos 48 meses de pagos de capital con el FMI, una cifra cercana a USD 14.000 millones. Bajo estos supuestos, el Fondo desembolsaría entre 21.000 y 24.000 millones de dólares.
El acuerdo incluirá fondos frescos -financiamiento neto- por entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. A esto se sumaría financiamiento para cubrir los próximos 48 meses de pagos de capital con el FMI, una cifra cercana a USD 14.000 millones
El argumento del Gobierno es que esto no genera nueva deuda pública, ya que el objetivo es cancelar la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central. En este sentido, el DNU indica que los fondos frescos están destinados a cancelar Letras Intransferibles (LI) en poder del BCRA. Dado que el Tesoro compraría estos instrumentos por “debajo de la par” (con descuento), el Gobierno afirma que la deuda bruta incluso se reduciría.
Sin embargo,lo cierto es que esta maniobra implica un cambio de deuda dentro del sector público (Tesoro con BCRA) a endeudamiento con organismos internacionales (Tesoro con FMI), un cambio de acreedor que no es menor.

Por el lado del impacto en reservas, si el Tesoro decide utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEG, la “moneda” de pago del FMI) para recomprar las Letras Intransferibles, las reservas netas podrían mejorar considerablemente, pasando de una situación de menos USD 10.000 millones a entre menos USD 3.000 millones y cero.
Sin embargo, es importante destacar que esta suma no afectará la medición de las reservas líquidas, dado que los fondos están denominados en DEG y no en dólares billete. A pesar de esto, en la práctica el dinero es fungible. Si bien la medición de reservas líquidas no se vería impactada, el poder de fuego del BCRA aumentaría, ya que se liberarían recursos que hubieran estado destinados a los pagos al Fondo.
Si bien la medición de reservas líquidas no se vería impactada, el poder de fuego del BCRA aumentaría, ya que se liberarían recursos que hubieran estado destinados a los pagos al Fondo
Camino lleno de interrogantes
El DNU no especifica muchos detalles sobre las metas y condicionantes del acuerdo.
Por el lado fiscal, el Tesoro argentino ha mostrado un enfoque incluso más ortodoxo que el propio FMI, por lo que no se anticipan tensiones significativas en este aspecto. No obstante, es probable que el FMI presione para acelerar el levantamiento de los controles de capital y establecer métricas rigurosas para la acumulación de reservas internacionales.
La discusión política no queda relegada a un segundo plano. La estrategia de enviar el acuerdo vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) tiene como objetivo evitar el requerimiento de aprobación en ambas Cámaras legislativas. Esto simplifica su aprobación, ya que solo necesita asegurar una mayoría simple en una de ellas.
Así, el Presidente busca evitar las restricciones de la Ley de Administración Financiera promovida por el exministro Martín Guzmán, que establece que cualquier modificación o toma de deuda debe ser aprobada por el Congreso Nacional. Aquí radica el origen del principal argumento de la oposición para ir en contra del DNU.
El autor es Strategy Team Leader de PPI
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