Inundaciones en Bahía Blanca: la cara más cruda del cambio climático

Esta tragedia resalta la necesidad de que Argentina implemente políticas integrales de acción climática, incluyendo una estrategia nacional de alerta temprana y un presupuesto adecuado

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La inundación en Bahía Blanca
La inundación en Bahía Blanca causó 16 muertos

Actualmente enfrentamos los impactos irreversibles del cambio climático, como las alteraciones en los patrones de precipitaciones y las temperaturas extremas que atravesamos durante los meses de enero y febrero. En este contexto, las intensas lluvias provocaron inundaciones en varios sectores de la ciudad de Bahía Blanca, evidenciaron su cara más cruda.

Este desastre ambiental ocasionó que cientos de personas tengan que ser evacuadas, se reportaron 16 víctimas fatales y decendas de personas desaparecidas. Además de estos daños irreparables, numerosas familias han perdido sus pertenencias, y la reconstrucción de sus viviendas llevará tiempo y una importante inversión de recursos. Las inundaciones también han afectado gravemente la infraestructura vial, interrumpiendo el transporte y dificultando las labores de rescate y distribución de ayuda.

Hablar de pérdidas y daños significa admitir que ya llegamos tarde. La clave para prevenir y reducir estos impactos es la adaptación. Entre las amenazas climáticas identificadas y reportadas por Argentina en su Primer Reporte Bienal ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se espera un incremento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales así como un aumento en el nivel del mar que afectará tanto a la costa argentina como al Río de la Plata. De acuerdo al reporte, esto podría generar inundaciones permanentes en algunas zonas de nuestro país, sobre todo en la costa sur de la provincia de Buenos Aires.

Lo sucedido en Bahía Blanca es una muestra más de cómo el cambio climático está alterando el patrón de los fenómenos climáticos. La infraestructura de la ciudad no estuvo preparada para manejar los niveles de agua que cayeron en un corto período de tiempo, desbordando la capacidad de drenaje. Esto puso en evidencia la falta de una planificación urbana adecuada, así como de planes de respuesta rápida ante eventos climáticos extremos.

Frente a estos eventos, la negación de la existencia del cambio climático y sus impactos impide llevar adelante políticas públicas orientadas a prevenir y reducir los daños que vimos durante el fin de semana.

Ya en 2012, un trabajo de hidrografía urbana de Bahía Blanca publicado en la web del CONICET, advertía que la ciudad presentaba riesgo de inundaciones debido a que su ubicación en una cuenca baja sobrecarga el escurrimiento de las aguas provenientes de zonas más altas, generando erosión y favoreciendo el transporte de sedimentos que terminan por bloquear los sistemas de drenaje existentes.

Resulta imperativo que las autoridades nacionales y locales lleven adelante medidas urgentes y eficaces para adaptarse a los efectos ya presentes del cambio climático. La planificación urbana debe adaptarse a las nuevas realidades climáticas, mejorando los sistemas de drenaje y rediseñando las infraestructuras para resistir eventos climáticos extremos. Además, se debe avanzar en políticas de prevención y en la construcción de una conciencia colectiva sobre la necesidad de un desarrollo más sostenible y resiliente ante los cambios que ya estamos experimentando.

A la falta de previsión climática en el desarrollo de políticas públicas se le suman decisiones gubernamentales orientadas a la subejecución presupuestaria de obras hídricas y la reducción de áreas del Estado claves para el abordaje de emergencias.

En primer lugar, la ejecución del proyecto “Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos” —enmarcado, en el Presupuesto nacional, dentro del programa de “Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica”, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas— cayó de $37.155 millones en 2023 a apenas $46,6 millones en 2024, una reducción del 99,96% en términos reales. Esta caída responde a dos factores principales: por un lado, el recorte en el presupuesto vigente del proyecto, que pasó de $37.307 millones a $24.989 millones; y por otro, a la decisión política de ejecutar solo el 0,2% de su presupuesto vigente.

En segundo lugar, en los días previos a desatarse la tormenta en la ciudad bonaerense, el gobierno nacional decidió disolver la Dirección Nacional de Emergencias, echando o poniendo a disponibilidad a sus 485 empleados. Esta Dirección tenía como objetivo brindar asistencia frente a catástrofes con el envío de insumos y profesionales para la contención de las personas damnificadas.

Las inundaciones en Bahía Blanca evidencian la urgencia de adaptarnos al cambio climático para evitar nuevas pérdidas y daños. Esta tragedia resalta la necesidad de que Argentina implemente políticas integrales de acción climática, incluyendo una estrategia nacional de alerta temprana, protocolos que aborden salud y cambio climático, y un presupuesto adecuado para afrontar los impactos, especialmente en los grupos más vulnerables. Es urgente reducir la vulnerabilidad del territorio para prevenir futuros desastres y fortalecer la resiliencia de las ciudades.