¿Se debe privatizar el Banco de la Nación Argentina?

Hoy se plantea el debate: ¿el Banco de la Nación debe permanecer en manos del Estado nacional o ser privatizado? Muchas son las razones que se invocan a favor y en contra de cada alternativa. Analicemos cada una de ellas con sus ventajas y desventajas.

El Banco de la Nación Argentina nació como consecuencia de una de las más graves crisis económicas y financieras que padeció la República. Los objetivos que se fijó para su creación ese lúcido estadista que fue Carlos Pellegrini se cumplieron ampliamente durante un siglo.

Hoy, con un gerenciamiento eficiente, quizás podría proseguir con el rol para el cual fue creado, ya que esos propósitos siguen vigentes y siendo necesarios.

El Banco de la Nación Argentina fue fundado como consecuencia de la crisis de 1890, cuando, en medio de esa borrasca, quebró el Banco Nacional. De inmediato, surgió el propósito de crear un nuevo y fuerte agente que sirviera a la producción, al comercio e impulsara la incipiente industria. Con estos fines, se creó el Banco de la Nación Argentina, y estos objetivos se han venido materializando sin pausa y con éxito desde entonces.

Hoy, los profundos cambios que afectan todas las estructuras económicas y financieras del país y del mundo hacen necesario el ajuste de todos los agentes económicos, ya sean estatales o privados. Esta adaptación a las nuevas circunstancias implica actuar con imaginación, creatividad y eficiencia.

Es evidente que, en el sistema bancario mundial, los bancos comerciales están perdiendo espacio a favor de los bancos de inversión, imposición de la propia globalización de los mercados, cuya dinámica exige nuevos instrumentos financieros que los bancos comerciales no han sabido desarrollar.

El Banco de la Nación opera tradicionalmente como banco comercial. Esto, sumado a un gerenciamiento que no ha sido eficiente en función de las actuales circunstancias, ha generado quejas, disconformidad y pérdida de negocios, cediendo espacio a favor de otras entidades con criterios de gestión más modernos y dinámicos.

Si a todo esto se suman los cambios operados por una política de privatización, es comprensible la actual demanda de ciertos sectores por la privatización del Banco. Esto nos ofrece dos alternativas: total o parcial.

Si fuera total, significaría que la Nación abandona los propósitos para los cuales se creó el Banco. Si la privatización fuera parcial, pero el nuevo socio fuera otra entidad bancaria, se correría el riesgo de que, en determinado momento, por avatares políticos, se privatizara totalmente; es decir, que ahora se estaría demorando su transferencia a manos privadas.

Pero, con su actual política, el Banco tampoco satisface los requerimientos que impone el mercado. ¿Cómo se soluciona el problema? ¿Basta con un nuevo gerenciamiento? Mi respuesta es no.

¿Cuál sería, entonces, una de las alternativas que podría dar respuesta satisfactoria a quienes pretenden su privatización y a quienes se oponen a la misma, si ambos tienen su cuota de razón?

Creo que el Banco de la Nación debe privatizarse parcialmente, pero no perder su carácter nacional.

¿Cómo lograr este propósito? Una posibilidad sería modificar la Carta Orgánica del Banco para establecer lo siguiente:

1. Privatización del 70% del capital accionario. Las acciones (30%) que quedan en poder del Banco se convertirían en acciones de cinco votos, mientras que el 70% restante se ofrecería en suscripción pública con un voto por acción.
2. Límite en la tenencia de acciones a un monto máximo a definir. De esta forma, se atomizaría la tenencia accionaria privada. Todas las acciones deberían ser nominativas y no al portador.
3. Prohibición taxativa de sindicar las acciones de un voto, evitando así la acumulación de votos.

De esta manera, el Gobierno de la Nación mantendría el control del Banco y podría continuar con su histórica política de asistencia crediticia. Este sistema de suscripción pública permitiría que todos los pequeños y medianos empresarios se convirtieran en socios del Banco, fortaleciendo su rol institucional y asegurando la continuidad de su política tradicional.

El autor es presidente del Iader (Instituto Argentino de Economías Regionales)