Baja de la edad de imputabilidad en Argentina: hacia un enfoque con reinserción social para menores

En los últimos años, el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en nuestro país ha ganado terreno en la agenda pública. La legislación penal actual establece que los menores de 16 años no pueden ser considerados penalmente responsables. Sin embargo, ante el aumento de delitos cometidos por adolescentes, algunos sectores de la sociedad y del Gobierno han propuesto bajar la edad de imputabilidad a 12 o 13 años. Esta medida ha generado un intenso debate entre quienes abogan por un enfoque punitivo y quienes defienden un sistema que priorice la educación y la rehabilitación del menor.

El año pasado realizamos siete plenarios de las comisiones de Legislación Penal y de la de Familia y niñez, en los que escuchamos expositores y analizamos 12 proyectos sobre este tema. Entendemos desde la Coalición Cívica que bajar la edad de imputabilidad por sí sola no da respuesta al problema, tal vez por ello varios de los expositores ponderaron nuestro proyecto -que venimos representando desde el año 2000-, porque abarca el tema de una manera integral creando un Régimen especial de Responsabilidad Penal Juvenil para los jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, con todas las garantías del debido proceso, juicio contradictorio, defensa técnica especializada, doble instancia, fijación de medidas socio educativas alternativas a la privación de libertad. Y, en el caso de que corresponda por la gravedad del delito y la edad del joven, se establecerán como última medida y por el menor tiempo posible la privación de la libertad del menor, evitando así que quede impune el delito cometido, pero que las penas y sanciones a aplicar sean a la luz de los Tratados internacionales a los que el país adhirió. Recordemos que hoy rige un sistema Tutelar para menores de 16 a 18 años creado en 1980, en el que todo queda al criterio discrecional del Juez, sin garantías procesales para el menor, que un adulto sí las tiene.

Es de lamentar que la primera respuesta que un Estado, ausente muchas veces, dé a un menor sea la penal, por lo que es necesario esta propuesta integral que hacemos, poniendo foco en la sanción, pero también en la reinserción social del menor.

Si miramos alrededor, la mayoría de los países de la región, como Brasil y Chile, tienen una edad de imputabilidad más baja, lo que ha llevado a muchos a argumentar que una reforma similar en Argentina podría disuadir la delincuencia juvenil. Sin embargo, la simple modificación de la ley sin un enfoque integral sobre el tratamiento de los menores en conflicto con la ley podría tener consecuencias negativas e irreversibles para el menor y para la sociedad.

Cualquier reforma relacionada con la imputabilidad debe acompañarse de un sólido marco de garantías procesales para los menores. Estos derechos son esenciales para asegurar que los jóvenes tengan acceso a un juicio justo y a una defensa adecuada. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los menores deben ser tratados con respeto, y que su bienestar debe ser una prioridad en todo proceso judicial.

Es necesario que el sistema judicial implemente un enfoque que considere la vulnerabilidad de los adolescentes, asegurando que su voz sea escuchada y que se respeten sus derechos. Esto implica la designación de defensores especializados en derechos humanos y en el trato con menores, así como la creación de tribunales juveniles que manejen estos casos con sensibilidad y conocimiento.

Uno de los pilares de la discusión sobre la baja de imputabilidad es la necesidad de reformular las consecuencias del delito hacia modelos de penas alternativas que enfaticen la reinserción social. En lugar de optar por la prisión, que en muchos casos puede resultar en la estigmatización y el aislamiento del menor, es crucial establecer programas de rehabilitación que fomenten la educación, la formación laboral y el apoyo psicológico.

El modelo de justicia restaurativa se presenta como una alternativa viable, permitiendo que el joven asuma el impacto de sus acciones y repare el daño causado a la víctima y a la sociedad. Esto no solo promueve la responsabilidad, sino que también facilita un contexto en el que el menor puede reintegrarse satisfactoriamente en su comunidad, disminuyendo así el riesgo de reincidencia.

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina va a ser compleja y requiere una aproximación cuidadosa que considere no solo el aspecto penal, sino también los derechos y el futuro de los menores.

Es necesario que el gobierno entienda esto, para poder construir los consensos que lleven a aprobar esta ley, implementando un sistema que priorice garantías procesales y que apunte a penas alternativas enfocadas en la reinserción social. Será esencial para construir una sociedad más justa y equitativa.

La clave radica en entender que los jóvenes en conflicto con la ley necesitan oportunidades para cambiar, y no llevarlos a un ciclo de castigos que perpetúe la exclusión y la desigualdad.