La batalla por la inseguridad, una pésima señal política

El caso de Kim Gómez, la chiquita asesinada en La Plata, conmueve a la sociedad y sacude el tablero político. No es los mismo: de un lado hay impotencia y del otro, pelea en lugar de respuestas. El cruce entre Javier Milei y Axel Kicillof, cargado de adjetivos y desmesuras, no da ninguna pista de intentos para modificar el cuadro de violencia y, además, es una pésima señal del nivel de la disputa en el arranque del año político/electoral. Agrega combustible en la antesala del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, en una escalada que enfrenta espacios políticos, expone máxima tensión entre el Gobierno y la principal provincia del país y, en el reparto de cargas, termina apuntando también al Congreso y la Justicia.

Desde hace meses, el tema de la inseguridad -con foco en el GBA- venía creciendo otra vez por su repercusión, no como novedad, aunque en el análisis del circuito político no ocupaba las primeras líneas de la agenda. Sin embargo, el registro mostraba entre otros elementos el reclamo porteño sobre la sucesión de policías de la Ciudad atacados en episodios de robo: eso mismo podía agregarse como advertencia acerca de la magnitud del problema general, porque los policías deben denunciar los casos más allá de las consecuencias o del impacto público y, es sabido, mucha gente lo evita si no es grave, por cansancio y falta de resultados, además de temores.

Eso mismo -la falta de resultados- está asociado a experiencias personales pero extendidas en la sociedad y, a su vez, a un mensaje circular e inquietante que se repite cuando el tema crece. Desde el poder político se señala a la Justicia por la lentitud y por la “puerta giratoria” -a su manera, acaba de hacerlo Kicillof- y en medios judiciales suele cuestionarse la falta de recursos -no sólo presupuestarios- y se apunta al Congreso por la carencia de legislación adecuada, algo que no se resume en la edad de imputabilidad y que acaba de exponer el trámite sobre la ley de reiterancia y reincidencia.

Las encuestas que circulaban hasta hace unos días ratifican que la inseguridad siempre ocupa renglones destacados entre las preocupaciones sociales, aunque por momentos relegada frente a cuestiones económicas. Pero son fotos de momentos, a veces demasiado consideradas en los escritorios políticos. Es probable que los sondeos que se realizan en estas horas adviertan sobre la dimensión del problema. Se verá por cuánto tiempo, medido eso por las reacciones en el prematuro clima de campaña.

En sus primeros descargos frente al caso de Kim Gómez, y las protestas en La Plata, Kicillof buscó cubrirse con una fórmula repetida: descargó la responsabilidad en el Gobierno nacional -por falta de acción y de recursos-, habló de acciones a cargo de infiltrados en las reacciones callejeras más violentas y sugirió operaciones desestabilizantes en contra de su gestión. Fue en busca del ruido político y la confrontación directa con Olivos, al punto de plantear como desafío o chicana la posibilidad de diálogo con el Presidente para buscar una respuesta compartida al drama de la inseguridad.

La respuesta presidencial no ahorró nada en la misma línea, a tono además con el repetido estilo tuitero que coloca todo en términos de grieta. También dijo que es imposible el diálogo por una cuestión de diferentes concepciones, rudimentariamente ideológicas. Ese dato es central: frente a lo que algunos, en sus propias filas, definen como crisis de seguridad, el mensaje a la sociedad es que no hay margen ni intención de buscar puntos mínimos de coincidencias, operativas para empezar.

Eso mismo habría sido lo más alarmante sino hubiera añadido el desafío de la intervención federal de la provincia -y la renuncia del gobernador- como camino para resolver rápidamente -habló de un año de plazo- el enorme y complejo cuadro de la seguridad. Eso último, le dio mayor categoría de discurso de campaña a una consigna que, de todos modos, no deja de generar inquietud por lo que expresa en materia institucional.

Está claro, después de la reforma de la Constitución en el 94, que una medida de esa naturaleza depende finalmente del Congreso. No es ese el escenario que podría imaginar siquiera Olivos. Pero, en todo caso, el sólo hecho de plantearlo resulta grave: como advertencia con algún grado de intención cierta o como simple chicana.

Por supuesto, las cargas cruzadas entre Milei y Kicillof traducen movimientos que superan la cuestión de la inseguridad. Resulta evidente que el gabinete libertario viene apuntando a jugar en la interna kirchnerista, es decir, no sólo a trabajar sobre gobernadores peronistas para quebrar o fisurar a los bloques de UxP en el Congreso. Colocar la mira en el gobernador bonaerense descoloca a Cristina Fernández de Kirchner, que por momentos sube la intensidad de sus tuits para tratar de mantenerse como extremo excluyente en el esquema de polarización del oficialismo.

La reacción del peronismo frente al disparate de la intervención federal ofrece por eso mismo al menos dos lecturas, además de la razonable condena dentro y fuera del PJ. La primera refiere al grado de “unidad” expresado en la respuesta a Milei. Y la segunda registra que Kicillof ocupa por primera vez el centro en la interna nacional. Se trata, claro, de un episodio que no distiende el cuadro doméstico, cuyo trazo más potente aún no está definido: las elecciones en la provincia, desdobladas o no.

El rechazo y condena a los dichos presidenciales colocó en la misma línea al sector que viene armando Kicillof, a CFK y Máximo Kirchner -con declaraciones del PJ nacional y bonaerense-, y a Sergio Massa y su espacio, además de trascender a los bloques nacionales, cuya unidad quedó dañada en las recientes sesiones extraordinarias. En todo caso, la reacción confirma lo ocurrido en el Congreso: el peronismo/kirchnerismo se unifica frente a ofensivas duras del oficialismo. Al revés, expone matices y hasta fisuras cuando el Gobierno negocia temas con los jefes provinciales. En ningún caso, eso significa mecánicamente cambios de liderazgos.

En el final de una semana tensa, que ya había anotado el decreto presidencial sobre la Corte y expone estribaciones del criptogate, Kicillof se encargó de colocar en el lugar del discurso de oportunidad los pronunciamientos con énfasis institucional. Decidió escalar en la confrontación: dijo que impulsará una denuncia penal y acusó a Milei como “el principal responsable del narcotráfico” en el país. En conjunto, un contrapunto de dudoso beneficio para cada vereda, un juego patético.