El caso $Libra: gobernar en tiempos de redes

El cripto-gate $Libra, que involucra al Presidente de la Nación, ha generado la controversia respecto de la responsabilidad institucional en la promoción o difusión de emprendimientos privados. En cualquiera de ambos casos, sea impulsando algo con fines específicos o diseminando información sin un objetivo necesariamente promovedor, la cuestión radica, aun siendo un error de buena fe, en la falta que ameritara un cuestionamiento sobre la responsabilidad del mandatario según la Constitución Nacional y la ética pública.

Por un lado, naturalmente la oposición exagerará errores del oficialismo para generar desgaste y fortalecer su propia posición, estrategia enmarcada, según Max Weber, en el juego de la política, definida como una lucha por el poder en la cual los actores buscan consolidar su liderazgo. El aprovechamiento político del cripto-gate es parte del juego democrático sumado a la tendencia actual de la política global y el debate público, que se ha vuelto más reactivo y menos racional, favoreciendo la polarización. Este efecto, entre otros, ha sido ya advertido por Jürgen Habermas, al referirse al riesgo de la política convertida en una batalla de percepciones en la que las narrativas superan a los hechos.

Pero por otro lado y lo más importante, es que a diferencia de crisis políticas que surgen de actos de corrupción u otras violaciones a la ley, el caso cripto $Libra se inscribe en el fenómeno de hiperconectividad, donde la inmediatez de las redes sociales amplifica errores de juicio, en este caso, del más alto funcionario del país. Estos, pueden colisionar con los artículos 53 y 99 de la Constitución Nacional, los cuales establecen la responsabilidad de las autoridades ejecutivas por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, siendo particularmente el Presidente el responsable político de la administración general del país. Dicha responsabilidad impone una serie de obligaciones formales sobre su accionar, lo que significa que sus decisiones deben enmarcarse en una conducción y comunicación prudente y profesional del gobierno.

Desde la ética de la responsabilidad, planteada por Hans Jonas, el líder político tiene un deber especial de anticipar las consecuencias de sus decisiones y evitar posibles perjuicios a la sociedad. Jonas sostiene que, en una era de riesgos globales, la previsión ética se vuelve un deber ineludible de quienes ejercen poder. En el contexto de la comunicación de un Presidente de la Nación, la falta de filtros institucionales y asesoramiento experto expone a la ciudadanía y al propio Estado a riesgos, perjuicios y consecuencias inesperadas. En este caso, la manipulación de cierto mercado financiero y el fraude.

Si bien el error de buena fe es un atenuante en términos de intención, la Constitución impone un estándar de responsabilidad objetiva al mandatario. Es decir, el error de buena fe no anula la responsabilidad del administrador, sino que puede influir en la valoración de la sanción o en el alcance de la falta o imprudencia en la gestión del Estado. En este caso particular, la comunicación por parte del máximo funcionario del país al no estar filtrada por mecanismos institucionales generó un riesgo y perjuicio innecesario para ciudadanos, inversores y hasta para la propia imagen e investidura institucional del Estado y presidencial.

Desde la perspectiva de la capacidad de asumir responsabilidad por las decisiones, acciones y resultados, la transparencia y la responsabilidad en la comunicación por parte de los funcionarios son fundamentales para preservar la legitimidad institucional. Como señala Mark Bovens, la accountability en el liderazgo político requiere mecanismos de control y supervisión que impidan decisiones erráticas o de potencial impacto negativo. Por ello, la falta de una estructura de comunicación institucional en el caso cripto $Libra compromete la confiabilidad de la información desde el jefe de gobierno y máxima autoridad del país, exponiendo a la administración a riesgos reputacionales y legales.

Más aún, según Joshua Kroll, la rendición de cuentas no se reduce a la transparencia pasiva o el derecho de la ciudadanía a solicitar información a las entidades públicas, sino que debe incorporar sistemas de control que permitan evaluar las decisiones en base a principios de racionalidad y previsibilidad. En este contexto, la comunicación de la máxima autoridad ejecutiva de la nación, sin asesoramiento profesional ni protocolo de validación genera una irresponsabilidad en la gestión que repercute en serias consecuencias para el ciudadano y para el sistema.

Desde la ética profesional, el liderazgo presidencial debe guiarse por principios de prudencia comunicativa, tal como se desprende de John Rawls, quien enfatiza que la deliberación pública debe estar basada en principios de justicia y equidad, asegurando que las decisiones gubernamentales sean comprensibles y justificables en una democracia. Un presidente no es un ciudadano común en redes sociales, sino un actor institucional cuyas palabras tienen efectos directos en el mercado, la opinión pública y la estabilidad política. Como advierte Cass Sunstein, en el ecosistema digital la desinformación o mala información amplificada por figuras públicas tiene efectos imprevisibles que requieren regulaciones éticas más estrictas.

Por todo ello, el criterio de responsabilidad del presidente no se mide sólo por su intención, sino por las consecuencias de sus actos. Aquí, la jurisprudencia constitucional tiende a interpretar que los errores en la administración pública pueden generar responsabilidad institucional, aunque no sean de naturaleza penal. En otras palabras, el presidente no está exento de responsabilidad sólo porque haya cometido un error de buena fe. Si bien esto mitiga cualquier acusación de corrupción o abuso de poder, no lo libera de la obligación de ejercer su función con mayor prudencia y profesionalismo. El liderazgo requiere que sea ejercido con prudencia y una adecuada gestión de la imagen pública. Ya Aristóteles plantea que el carácter del gobernante define la estabilidad de la polis, lo cual implica que el presidente debe asumir el deber de actuar con moderación y previsión en sus intervenciones públicas.

En este sentido, el uso impulsivo de redes sociales sin una estructura de comunicación oficial robusta y asesores profesionales es una debilidad que el presidente debe corregir. Porque como bien señala Jean-Jacques Rousseau, la legitimidad del poder radica en la confianza del pueblo, y en este caso, la reacción ciudadana ha sido mixta: muchos ven en el presidente un líder que habla sin intermediarios, mientras que otros cuestionan la falta de institucionalidad en su comunicación.

El equilibrio se logra a través de Immanuel Kant desde la ética deontológica, señalando que la responsabilidad del líder no sólo radica en la intención de sus actos, sino en la percepción que generan y en la confianza que transmiten a los ciudadanos. Concepto retomado por Hannah Arendt enfatizando que la política, basada en la acción y la responsabilidad, contradice el involucramiento de un gobernante en acciones que perjudiquen de manera directa a los ciudadanos y al propio Estado, porque atenta contra la esencia misma de la política.

Luego, una comunicación más estructurada no implica renunciar a la autenticidad ni a la cercanía con la ciudadanía, sino garantizar que las intervenciones públicas sean informadas y estratégicamente juiciosas. Porque como subraya Pierre Rosanvallon, en las democracias contemporáneas la confianza en los líderes no depende únicamente de su legalidad formal, sino de su capacidad de generar previsibilidad y estabilidad.

Conclusión, el Presidente debe abordar con una mayor sofisticación y profesionalidad su comunicación, sin perder la espontaneidad, pero incorporando mecanismos de control y validación. Las fortalezas del Presidente deben estar acompañadas por una estructura profesional que garantice claridad y estabilidad institucional. Porque el liderazgo requiere no sólo convicción, sino también previsión y estrategia.