Los números del femicidio

Los números que surgen del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hablan por sí solos y muestran una realidad que nos duele y nos interpela.

En los 10 años del Registro (2014-2023) se informaron al menos 2.446 víctimas directas de femicidio, un promedio de casi 245 por año. La creación de este Registro responde a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir dos importantes documentos: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y su mecanismo de seguimiento (MESECVI). Ambas Convenciones imponen a los Estados partes el deber de implementar políticas públicas para eliminar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer, y, en particular, el femicidio.

Asimismo, el Registro tiene su razón de ser a partir de la sanción de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley N°26.485) que define los distintos tipos y modalidades de violencia contra la mujer, y establece en su artículo 37 que: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor […] La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas”.

De esta manera, la Oficina de la Mujer de la CSJN creada a instancias de la Dra. Carmen Argibay, única en su tipo en el mundo entero , lleva adelante el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) y adopta el concepto que proviene de la “Declaración sobre el Femicidio”, aprobada en la IV Reunión del Comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención de Belém do Pará (CEVI), celebrada el 15 de agosto de 2008 que prescribe:

“La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

Dicha definición fue actualizada y aprobada en la XV Reunión del Comité de Expertas del MESECVI en el año 2018 en la “Ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres (Femicidio/Feminicidio)”, de la siguiente manera:

“cualquier hombre que mate o participe en la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias o con alguno de los objetivos o motivos que se mencionan a continuación, será penalmente responsable por el delito de femicidio/feminicidio”

Según el mencionado Registro en nuestro país, durante el año 2022 hubo 252 víctimas letales de la violencia de género, de las cuales 226 fueron víctimas directas de femicidio (219 mujeres cis y 7 mujeres trans/travestis). El 57% a manos de su pareja o ex pareja. Tenían 227 niños, niñas o adolescentes a cargo y 234 personas potenciales beneficiarias de la Ley 27.452. La edad promedio de las víctimas era de entre 25 y 34 años de edad, de las cuales 14 eran niñas o adolescentes y 43 eran adultas mayores (más de 60 años). Al menos 38 habían denunciado al agresor, y al menos 17 eran mujeres migrantes internacionales, al menos 11 padecían consumo problemático de sustancias, 9 estaban en situación de prostitución, 6 estaban embarazadas, 6 tenían problemas de salud mental, 5 pertenecían a pueblos originarios, 3 con discapacidad y 3 en situación de calle.

Estos números aumentaron en 2023 ( un 10,6% más que en 2022) cuando se registraron 272 víctimas letales de violencia de género, de las cuales 250 fueron víctimas directas de femicidio (245 mujeres cis y 5 mujeres trans/travestis) y 22 víctimas de femicidio vinculado (4 mujeres cis y 18 varones cis). El 64% murieron a manos de su pareja o ex pareja, y el 44% convivía con la misma. Las víctimas tenían entre 25 y 34 años de edad; 22 de ellas eran niñas o adolescentes y 28 eran adultas mayores (más de 60 años). Al menos 55 habían denunciado al agresor. Las víctimas tenían 205 niñas, niños y adolescentes a cargo y 219 personas potenciales beneficiarias de la Ley 27.452.

En promedio, en el año 2023 se registró una víctima directa de femicidio cada 35 horas y una víctima de la violencia letal de género cada 32 horas (incluyendo también a las víctimas de femicidio vinculado. El mayor número de muertes se produjo en la Provincia de Buenos Aires (95), al que le siguieron Córdoba (18), Santa Fé (16), CABA, Chaco y Tucumán (13), Salta (11), Mendoza (9), Neuquén y Santiago del Estero (8), y le siguen las otras provincias con números menores, pero no menos importantes.

Detrás de cada mujer muerta quedan las llamadas “víctimas secundarias”, niños y niñas que pierden a sus madres, y en la mayoría de los casos con sus padres presos, y madres y padres, que pierden a sus hijas. Grupos familiares atravesados por pérdidas irreparables que dejan huellas en el alma y en el cuerpo de quienes lo padecen.

Cada víctima de violencia de género nos debe llamar a la reflexión y a la acción.