Negar la figura del feminicidio es desconocer el espíritu del derecho

“A mí si me matan me gustaría que el trato sea igual y no que vos tengas ningún tipo de connotación adicional por eso”, le indicó a una periodista el vocero presidencial Manuel Adorni, en sintonía con lo expresado por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que días antes anunció: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional”.

“Ninguna vida vale más que otra”, agregó el Ministro en lo que pareciera una deducción lógica que no presenta reparo alguno. Sin embargo, tal razonamiento no resiste análisis por múltiples argumentos, que si bien son de índole jurídico, resultan sencillos de comprender para cualquier ciudadano.

Como primer punto, efectivamente la vida resulta ser el elemento central en el análisis del delito de homicidio, es lo que se denomina el “bien jurídico”, y, claro está, no se configura ningún delito de homicidio en la medida en que no exista tal afectación a la vida (todos los delitos que castiga el Estado lo hace en función de los bienes jurídicos).

Aclarada la innegable centralidad del bien jurídico en el ordenamiento jurídico penal, es decir, del valor vida a la hora de castigar y categorizar los homicidios, cabe preguntarse: ¿Para nuestro Código Penal, existe una pena distinta si el homicidio se comete contra una vida que contra otra?

La respuesta es que no, y es ahí en donde se da el claro yerro de la afirmación oficialista, porque no es en la víctima en donde se sustenta las agravantes y atenuantes que presenta el Código Penal, sino en el reproche de culpabilidad que la conducta supone.

Es decir, el legislador estableció que merece un mayor nivel de reproche, al darse un mayor grado de culpabilidad, si un homicidio se comete en el marco de una situación de violencia de género.

La misma mujer, si es víctima de un homicidio fuera de una situación de violencia de género (claro está, incluso cometido el hecho por un hombre), no será castigado el homicida con agravante, y no es que el valor de la vida de esa mujer “baja” para el Código Penal, sino que la conducta es cometida en otras circunstancias.

Para poner en evidencia el claro error conceptual del vocero presidencial, con la propia lógica de su ejemplo; si fuese él víctima de un homicidio por parte de un agente de seguridad en abuso de sus funciones, el hecho sería castigado también con la agravante de la prisión perpetua -en este caso en función del artículo 80, inciso 8 del Código Penal-, en cambio, sería un homicidio simple si el hecho se comete contra su misma vida, pero sin la concurrencia de tal agravante.

En síntesis: el homicidio contra una misma vida se penaliza distinto según las circunstancias del hecho, que pueden variar según distintos factores, como por ejemplo dada la relación familiar entre las partes, o las especiales circunstancias en que se cometió el hecho (homicidio con alevosía), o el móvil y contexto del crimen, como es el caso del femicidio, entre tantos otros supuestos de agravantes.

En definitiva, debe entenderse que de ningún modo el Código Penal le asigna un mayor valor a una vida que a otra al momento de categorizar sus penas, sino que resulta el reproche de la conducta criminalizada el elemento central para estipular las escalas penales.

Ello con independencia del cual sea la teoría de la pena que se adopte, esto es, desde donde se parte para justificar moralmente el castigo del Estado a los individuos, que resulta una cuestión aparte y particularmente compleja.

La creación de la figura penal agravante del “feminicidio” se hizo a partir de suponer un mayor grado de injusto, cuando una persona es víctima de un homicidio por el solo hecho de su condición de ser mujer.

Ello por supuesto no permite (o no debería permitir), que todo hecho en que la mujer sea víctima de un homicidio sea considerado en forma automática como un feminicidio, sino que resulta absolutamente necesario, conforme la legislación actual, que el hecho sea cometido “mediando” violencia de género, esto es, que el móvil del homicidio haya sido cometido por su condición de ser mujer. Por lo que, debo insistir, de ningún modo se da en todos los casos en que una mujer es víctima de un homicidio, más allá de que muchos magistrados hagan una aplicación automática de la cuestión, lo que no resulta un problema del legislador, o en todo caso, no de la cuestión de si resulta acertado agravar el homicidio cuando es un feminicidio.

Ello así, no existe violación alguna al principio de igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional por la creación de la agravante de la figura del homicidio, por lo que resta preguntarse ¿resulta correcta tal agravante?

Para contestar esta pregunta primero hay que tener en claro que la decisión de establecer delitos, así como sus agravantes, son decisiones puramente de la política criminal, con lo cual hay un cierto margen de arbitrio en los legisladores, más allá de que deben respetar los parámetros, límites y principios fijados en la Constitución Nacional.

Es decir, las agravantes de las penas deben cumplir parámetros de razonabilidad y proporcionalidad para su validez. Allí es donde, si tomamos en cuenta la vulnerabilidad que presentan múltiples mujeres en sus contextos domésticos, el feminicidio como agravante resulta razonable, proporcional y ajustado a nuestros principios constitucionales, porque a partir de tal vulnerabilidad (que insisto que exige la norma, más allá que podría ser más clara) es que hay un mayor grado de reproche al autor del feminicidio, que es lo que justifica la agravante.

Pareciera que los promotores del proyecto desconocen tal vulnerabilidad, o la niegan (a pesar de que las estadísticas oficiales son contundentes al momento de demostrar tal vulnerabilidad), y es ahí en donde sería conveniente que se sinceren y se pueda dar un debate en términos político criminales, dado el margen de la materia, y no alegar una errónea violación al principio de igualdad ante la ley.