La conflictividad social, entre la calma y posibles señales de alarma en 2025

En 2024 se observó un progreso significativo en materia de terminar con el caos que organizaciones sociales y otros grupos generan al manifestarse con cortes e interrupciones sistemáticas en las vías públicas del país. Esto se evidenció en una baja sustancial en la cantidad de piquetes, del orden del 27% con relación a 2023, como consignan los datos exclusivos de Diagnóstico Político.

El hecho de que un gobierno haya adoptado como uno de sus principales ejes políticos restablecer el orden en las calles significó un auténtico cambio de paradigma. No obstante, aún deberá superar la prueba de la perdurabilidad en el tiempo para consolidarse como un logro concluyente. Además, deberá extenderse más allá de la ciudad de Buenos Aires, donde se registró la baja más contundente de los piquetes, por encima del 50% en todo 2024.

En este sentido, el inicio del 2025 mostró una ratificación de la tendencia previa. Y aunque es habitual que en el mes de enero se registre una mayor calma en las calles, dada la inercia estacional (menos presencia de gente en los centros urbanos producto de las vacaciones), no deja de ser un hecho destacable que se haya profundizado el declive de los piquetes. Enero fue el de menor cantidad de piquetes (226) desde que Javier Milei asumió la presidencia, y uno de los tres menores registros mensuales de los últimos 10 años. Con el contundente dato de que en territorio porteño se contabilizaron tan sólo nueve cortes.

En este punto, nada hace conjeturar que el gobierno vaya a desandar este sendero de restablecimiento de un orden público razonable, sustentado sobre todo en la aplicación del protocolo antipiquetes y en la normalización de las políticas asistenciales, a partir de la reorganización de planes y la reducción del poder de las organizaciones sociales.

Por el contrario, Milei ha venido demostrando, ante desafíos de diversa índole, no sólo una firme voluntad política en sostenerse en su rumbo, sino una acentuada lógica de comportamiento basada en doblar la apuesta. Sin embargo, resulta oportuno considerar algunas situaciones que podrían amenazar este escenario de apaciguamiento social sostenido en este último tiempo.

En primer lugar, esa misma lógica de firmeza, que está en la naturaleza política del presidente, de chocar y seguir adelante a pesar de los costos políticos, produjo consecuencias las semanas recientes, luego del discurso realizado en el Foro de Davos.

De manera similar a lo que había ocurrido el año pasado con la ley de financiamiento educativo, vetada por Milei, y que había desencadenado marchas masivas de estudiantes, en esta oportunidad quienes se movilizaron multitudinariamente fueron los colectivos LGTBI. Desde ya, con una consigna desvirtuada (Marcha Antifascista y Antirracista), y al igual que en el precitado caso de las marchas universitarias, y también las de los jubilados, congregando a gran parte del arco opositor que con sentido oportunista buscó capitalizar políticamente broncas sectoriales contra el gobierno.

Claramente, desde un punto de vista estratégico, cuesta imaginar que la suma de tantos sectores desacreditados ante la ciudadanía -el kirchnerismo, la extrema izquierda, referentes sindicales y otros actores de trayectoria desgastada- sumados a minorías intensas que no representan el pensamiento de la mayor parte de la sociedad argentina, puedan afectar negativamente las perspectivas de éxito del gobierno, sino más bien todo lo contrario. Más aún, el todavía fresco antecedente electoral de 2023 ratificó la escasa correlación que hay entre tener una presencia masiva en las calles y obtener un buen resultado en las urnas.

No obstante, las protestas masivas no dejan de ser un llamado de atención para el oficialismo, sobre todo de cara al objetivo de mostrar que efectivamente impera el orden público. La marcha del 1° de febrero, otra vez al igual que las ya nombradas de 2024, demostró la inaplicabilidad del protocolo antipiquetes ante situaciones de gran masividad. Su potencial recurrencia, y una eventual chispa que se pueda encender, podría desencadenar hechos de violencia y desbordes que, independientemente del impacto político, podría alterar la paz social.

A su vez, y partiendo de la misma lógica del gobierno de ir a fondo y sin contemplaciones con sus principales políticas, durante el presente año se profundizarán las medidas de ajuste, reducción del gasto público y desregulación. Esto implicará una inevitable confrontación con numerosos sectores que verán afectados sus intereses, que pueden ir desde un régimen o beneficios particulares, hasta las fuentes de empleo en el Estado. Aun sin implicar marchas de carácter masivo como las referidas en precedencia, las protestas de trabajadores estatales ya comenzaron a tener una mayor incidencia durante 2024, y casi igualaron en cantidad a las de las organizaciones sociales.

Por otro lado, ante la conmocionante sucesión de hechos de inseguridad concentrados sobre todo en el conurbano bonaerense, y la ya recurrente y exasperante falta de respuesta de las autoridades políticas y judiciales -además del muchas veces deficiente accionar policial-, se encendió un inquietante panorama que ya tuvo su correlato en numerosas manifestaciones populares durante los últimos días.

Esta entendible reacción ciudadana, que en algunos casos ha degenerado en ataques a comisarías, intendencias e incluso puebladas, impacta naturalmente en la tensión social y las estadísticas de protestas en las calles. Al respecto, cabe esperar que en el mes actual haya un sensible incremento en el registro de los cortes de calles de vecinos autoconvocados por reclamos de inseguridad.

Las próximas semanas podrían dar nuevos indicios, de cara a un año en el que se espera que pueda consolidarse el rumbo iniciado en 2024, en el que la normalidad en las calles comenzó a recuperarse. Los desafíos y obstáculos está visto que no serán pocos.