Diez factores que elevan el costo argentino y por qué es clave reducirlos

Las cartas ya están echadas. El rumbo económico está definido. Economía abierta, estabilidad monetaria y tipo de cambio estable. El dato, es que la “devaluación salvadora” no existe en el menú de opciones del gobierno. Por lo tanto, debería desaparecer del menú de alternativas de salvatajes esperados por las empresas.

En toda economía, por acción de la competencia, más temprano que tarde los precios se igualan. Los especialistas lo llaman “arbitraje”. Cuando se abre la economía sucede lo mismo. Los precios domésticos tienden a igualarse a los internacionales. Esto implica que las empresas locales deben alcanzar la misma eficiencia que las extranjeras. Ese desafío requiere un programa de reducción de costos tanto puertas adentro como puertas afuera.

Hacia adentro las empresas tienen que ajustar lay outs (diseños de plantas), procesos de producción, inversión en maquinarias, sistemas de provisión, logística, e incluso es de esperar un proceso de relocalización industrial hacia lugares de proximidad de las materias primas. La búsqueda de economías de escala requiere simplificar requisitos para asociaciones y fusión de empresas.

El sector industrial y empresario argentino está en condiciones de afrontar tamaño desafío. La competencia plantea desafíos, no amenazas. El empresariado argentino ha enfrentado problemas más acuciantes. La apertura económica puede encararse con un ambiente de negocios más amigable, un sistema financiero orientado a la producción -en especial a las pymes- y una presión tributaria decreciente.

Pero el desafío mayor de la apertura está puertas afuera. Es el llamado “Costo Argentino”, que podría definirse como la diferencia de costos entre Argentina y el exterior por la misma prestación del Estado. Con esta definición, podemos identificar los siguientes factores:

Algunas notas sobre los distintos componentes del Costo Argentino.

• 1. Sistema impositivo. El esquema tributario argentino es un engendro inviable (Nación, Provincias y Municipios), combina impuestos elevados y distorsivos, tasas t gravámenes sin contraprestación. Tan gravoso es el peso de los impuestos como la forma de recaudación, basada en un complejo sistema de retenciones y percepciones que lesionan la igualdad ante la ley, la defensa en juicio eleva los costos administrativos y financieros e impide a las empresas el acceso a la justicia.

Si estudiamos el costo efectivo del sistema tributario, cualquier comparación internacional nos coloca por encima de competidores de todo el mundo. Quizás el efecto más nocivo no sea mensurable. La voracidad fiscal también desincentiva la formalización de los emprendimientos, fundamentalmente los más pequeños.

• 2. Burocracia y regulaciones. Argentina se ha convertido en una “economía del permiso”, donde cada actividad lícita y reconocida por la Constitución Nacional debe atravesar cientos de trámites. Los costos de apertura y funcionamiento duplican al promedio regional, salvo en Venezuela. Además, el exceso de regulaciones fomenta la corrupción administrativa y la ruptura de la relación fisco-ciudadano.
• 3. Legislación y conflictividad laboral. Lejos de proteger al trabajador, la normativa laboral ha generado costos impositivos y regulatorios elevados, junto con una alta conflictividad judicial. En los últimos 12 años por cada empleo privado formal se crearon tres empleos públicos, seis monotributistas y seis informales. Además, una de cada seis empresas enfrentó un juicio laboral durante 2024, lo que disminuye los incentivos a la contratación.
• 4. Costo del financiamiento y acceso al crédito. Por cada peso que el sector financiero le presta al sector privado argentino, Chile presta 9, Brasil 6, Estados Unidos 16, China 16 y el promedio mundial es 12 por cada peso que recibe una empresa argentina. Estamos a nivel de Zambia y Zimbawe. Las 600.000 empresas argentinas (99% pymes) se han habituado a operar sin crédito formal del sector financiero.

• 5. Logística. Argentina es la octava superficie del mundo. Sin embargo, carece de infraestructura adecuada en rutas, transporte fluvial, ferroviario y aéreo. Esto incrementa la tasa de rotura de mercadería y los costos en vidas y lesiones por accidentes viales.
• 6. Seguridad. Las empresas han internalizado el sobrecosto en custodias para los transportes, seguros por mercaderías y vigilancia en oficinas y plantas fabriles. Se estima que estos gastos alcanzan 1% de la facturación.
• 7. Servicios públicos (educación y salud). La deficiente provisión de esas necesidades básicas afecta la productividad y dificulta el desarrollo de capital humano. Muchos trabajadores deben recurrir a prestaciones privadas que en muchos países competidores no sucede, y les resta capacidad de consumo de otros bienes y servicios.

• 8. Provisión de energía. La política de subsidios y la política social distributiva con tarifas artificialmente bajas han generado desinversión y costos privados adicionales, como la necesidad de generadores y adaptaciones en la producción.
• 9. Conectividad. La falta de infraestructura en telecomunicaciones afecta a las empresas en el interior del país que necesitan radicarse cerca de los recursos y las materias primas. Además, el robo de cables y la pretensión de los municipios de hacer de cada antena una base imponible hace que la conectividad sea cara.
• 10. El “impuesto al candado”. Para abrir la puerta de una fábrica, acceder a un puerto o transitar libremente una ruta requiere muchas veces el pago de “peajes privados” a mafias cuasi estatales para operar. Esto incluye requisitos sindicales, pagos indebidos y servicios obligados. Las rutas de Vaca Muerta son testigos de estos peajes privados no legislados. La famosa “ley Moyano” que no es una ley pero establece pagos indemnizatorios indebidos, y la incomprensible “responsabilidad solidaria”, son elementos claves a revertir.

Algunos de estos costos están en vías de reducción, al menos parcial a nivel nacional, gracias a políticas de desregulación, desburocratización y transparencia fiscal. Además, el superávit fiscal permanente originará una revolución en el acceso al crédito por parte del sector privado.

No obstante ello, el Costo Argentino sigue elevado e inviable. En un esquema de política económica donde la “salvación vía devaluación” no viene más, el combate de los costos deviene inevitable. La madre de todas las batallas será bajar costos internos y externos.

“Quien no se entromete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna” decía Juan Bautista Alberdi. El sector privado tiene una enorme responsabilidad en la reducción de los costos internos y en el combate de los costos externos.

Debemos estar atentos en la propuesta, en la vigilancia y sobre todo en difundir y clarificar donde está apretando el zapato. El tiempo ya corre, el reloj de arena está en marcha.

El autor es Economista y empresario pyme