Usina de Justicia participó en la OEA de un encuentro con los candidatos a secretario general

En un evento trascendental para el futuro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los dos aspirantes al cargo de secretario general, el ministro de Exteriores de Surinam, Albert Ramdin, y el de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, participaron en un encuentro con la sociedad civil en Washington D.C. Este espacio de diálogo, convocado por la Sección de Sociedad Civil de la OEA, permitió que diversas organizaciones plantearan inquietudes y propuestas a los candidatos, en un proceso transparente y abierto.

El mecanismo de participación exigió que las preguntas se alinearan con los cuatro pilares de la organización -Gobernabilidad Democrática, Derechos Humanos, Seguridad Multidimensional y Desarrollo Sostenible- y fueran generales, sin dirigirse a un candidato en particular. Se recibieron 47 preguntas.

Usina de Justicia, representada por mí, consultó sobre la postura de los candidatos respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Víctimas de Delitos, una iniciativa de la ONG argentina aún pendiente de debate por los estados miembros.

La seguridad ciudadana en América Latina sigue siendo un desafío urgente. Con solo el 8% de la población mundial, la región concentra el 29% de los homicidios, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2023). Este crítico panorama ha llevado a Usina de Justicia a impulsar una normativa supranacional que garantice los derechos de las víctimas de delitos comunes, una deuda histórica en la justicia penal. Recientemente, nuestra ONG tuvo un rol clave en la 54° Asamblea General de la OEA, donde abogó por avanzar en la protección de las víctimas y en la adopción de estándares internacionales que equilibren sus derechos con los de los victimarios.

La Convención propuesta por Usina de Justicia busca consagrar una base de derechos para toda víctima de delito con el fin de igualar su participación en un proceso penal y asegurar mecanismos estatales por los cuales se le repare el mal sufrido. Concretamente, establece el derecho a la participación activa y total en los procesos, a la información de forma gratuita, a ser oída, al uso de lenguaje claro, a sentencias en tiempo razonable y a actos procesales condensados en un solo día, evitando molestias y procesos dolorosos de revictimización. Como derechos centrales, propone una defensa técnica pública y gratuita, además de recibir una debida reparación económica por el daño sufrido y asistencia por las secuelas psicológicas. Asimismo, prevé medidas de protección y realza el lema de memoria, verdad y justicia, dado que toda víctima merece respeto a su dignidad.

Los candidatos a la secretaría general presentaron sus propuestas al inicio del encuentro, delineando los ejes de su posible gestión. Albert Ramdin enfatizó la importancia de la sociedad civil en la formulación de políticas y destacó la necesidad de fortalecer los canales de diálogo entre la OEA y las organizaciones ciudadanas. Resaltó la experiencia de Surinam como un país diverso y multicultural, subrayando el compromiso de su gobierno con los derechos humanos y la transparencia. Además, sostuvo que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la difusión de información veraz y en la rendición de cuentas de los gobiernos.

Por su parte, Rubén Ramírez Lezcano centró su discurso en la necesidad de fortalecer la democracia en la región, alertando sobre el deterioro institucional en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Enfatizó la importancia de combatir el crimen organizado y la corrupción mediante una mayor cooperación entre los estados miembros. Asimismo, subrayó que la OEA debe priorizar la inclusión de sectores históricamente marginados, como mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes, promoviendo políticas públicas orientadas a su desarrollo integral.

En la sesión de preguntas, el eje de seguridad multidimensional adquirió un rol protagónico. Ramdin destacó la necesidad de reforzar la cooperación interestatal para combatir el crimen organizado transnacional y mejorar el intercambio de inteligencia. Advirtió que los grupos criminales actúan con mayor celeridad que los Estados, lo que demanda una inversión significativa en tecnología y capacitación de personal. En cuanto a la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Víctimas, se mostró dispuesto a debatirla, aunque remarcó que la prioridad debe ser la prevención del delito.

Ramírez Lezcano, en tanto, afirmó que sin seguridad no hay desarrollo sostenible. Destacó la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y la cooperación internacional para evitar el desplazamiento del crimen organizado dentro de la región. Cuestionó la eficacia de una Convención sobre los Derechos de las Víctimas, argumentando que la solución radica en dotar de mayores recursos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Insistió en la necesidad de financiamiento internacional y en la creación de equipos especializados para enfrentar los embates de seguridad en la región.

El próximo secretario general de la OEA heredará una agenda marcada por el desafío de equilibrar la seguridad regional con el respeto a las libertades individuales. Actualmente, las organizaciones internacionales enfrentan una crisis de legitimidad y eficacia, recibiendo críticas por su burocracia, lentitud en la toma de decisiones y falta de recursos. En este contexto, la OEA se encuentra ante una disyuntiva histórica: consolidar su rol como garante de la democracia y los derechos humanos o limitarse a ser un foro de discusión sin herramientas efectivas para abordar los problemas medulares de la región.

En este mismo orden de ideas, la influencia de EEUU en la OEA será clave para mitigar o agravar la crisis. Aunque Washington sigue siendo su principal financista, la política exterior del presidente Trump ha priorizado la soberanía nacional sobre la cooperación multilateral, debilitando el papel de los organismos internacionales. Su administración ha reforzado fronteras y seguridad interna, enfocándose en inteligencia y represión del narcotráfico. No obstante, EEUU ha sido pionero en la protección de víctimas, creando en 1984 el Fondo de Víctimas del Delito (VOCA). La política de “América Primero” ha limitado el margen de acción de la OEA, desafiando la capacidad del próximo secretario general para impulsar reformas estructurales.

El lema de esta Organización ilumina la incierta y pantanosa coyuntura global: “Más derechos para más gente”. Sin embargo, el verdadero desafío político de nuestro tiempo es trascender el universo de la palabra y llevarlo a la acción, equilibrando la soberanía estatal con un marco común de protección para todas las víctimas. Las instituciones públicas de cada nación deben asumir el compromiso de crear los mecanismos necesarios para cerrar esta brecha. Mientras el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea sancionaron en 2012 la “Directiva de normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delito”, en nuestra región esta deuda permanece sin saldarse. ¿Puede la geografía condicionar el valor de la vida o el acceso a la justicia? Los derechos humanos son inalienables y atemporales, pero su plena vigencia requiere algo más que proclamaciones. Por eso, el compromiso debe ser transversal a los tres poderes del Estado, pues la ley, por sí sola, jamás bastará ante el letargo de quienes deben aplicarla, de aquellos en cuyas manos descansa la concesión de lo justo.

Mientras América Latina siga librando sus batallas contra la inseguridad, la OEA deberá probar si es capaz de estar a la altura del momento histórico o si, por el contrario, quedará atrapada en la inercia de la retórica y relegada a ocupar un mero papel simbólico en la escena internacional.

[La autora es abogada (UBA), LL.M (Austral), miembro de la ONG Usina de Justicia, asesora oficial de la Comisión de Reforma del Código Penal argentino y asesora ad honorem del Comisionado de la OEA para el Monitoreo y la Lucha contra el Antisemitismo]