El Gobierno decidió eliminar las retenciones para las economías regionales y reducir temporalmente los derechos de exportación para los principales granos de exportación.
Hay dos datos claves en esta medida: una es la transitoriedad, y otra la obligación de liquidar las divisas en un plazo de 15 días a partir del momento de presentar la Declaración Jurada de Ventas al Exterior (DJVE). Si el exportador no liquida al menos el 95% de lo declarado en el DJVE en un máximo de 15 días, pierde el beneficio de la baja de aranceles.
Anteriormente, los exportadores presentaban la DJVE, pero liquidaban las divisas al momento del embarque, que podía ocurrir al mes. Ahora se obliga a hacerlo en un período menor, lo que indica que el Gobierno necesita desesperadamente dólares.
Cabe destacar que la DJVE se implementó en la época del ministro José Alfredo Martínez de Hoz, en octubre de 1976, con el objetivo de proteger a los exportadores frente a posibles aumentos de las retenciones posteriores a la fecha de la DJVE. En este caso es inverso. Quienes ya presentaron DJVE no se benefician con la medida, porque tienen que pagar los derechos de exportación que rigieron hasta el 26 de enero.
La medida, que aparenta ser una ayuda para el sector agrícola por el clima adverso y la baja de los precios internacionales, tiene dos claros objetivos:
- Acelerar el ingreso de dólares, imponiendo un límite de tiempo a la liquidación de las divisas (15 días tras la presentación de la DJVE; y
- Anticipar el cobro de las retenciones.
En otros términos, el Gobierno busca adelantar tanto el ingreso de dólares al Banco Central como la recaudación tributaria.
El argumento oficial es que no puede bajar impuestos porque, de hacerlo, las cuentas fiscales no cerrarían, lo que obligaría a emitir pesos o endeudarse.
Esto es cierto, pero también lo es que, con la actual presión impositiva, al sector privado tampoco le cierran las cuentas. Conviene recordar que es el sector privado el que sostiene al Estado nacional.
Actualmente, el sector público cierra sus cuentas en base al desahorro del sector privado: recursos que podrían destinarse al consumo futuro o a la inversión son utilizados para financiar gasto público.
Dificultades sectoriales
El sector agrícola enfrenta hoy cuatro problemas:
- el clima,
- la baja internacional del precio de los granos,
- el tipo de cambio atrasado y
- los derechos de exportación.
Mientras los dos primeros son riesgos propios de la actividad, los dos últimos son consecuencia directa de las políticas gubernamentales.
Un gobierno que se dice liberar mantiene -tras 14 meses en el poder, el control de cambios, el consiguiente cepo, derechos de exportación que castigan a un sector, pero no a otros y fija plazos para la liquidación de divisas, al tiempo que regula la tasa de interés.
Defensa del cepo
Seguir escudándose en la “herencia recibida” es absurdo. El candidato que afirmó tener USD 10.000 millones en el celular para dolarizar la economía en seis meses ahora busca que el FMI le preste USD 11.000 millones para salir del control de cambios.
El mismo candidato que prometió dinamitar el BCRA lo utiliza como herramienta para controlar el mercado de cambios: fija un precio máximo para el dólar oficial, interviene en el CCL vendiendo los dólares de los exportadores -obligados a liquidárselos al BCRA a un precio menor al de mercado-, regula la tasa de interés y establece plazos de liquidación de las divisas.
Estas medidas no son propias de una economía de mercado, sino de un intervencionismo que históricamente ha conducido a la decadencia. Tipo de cambio atrasado, carry trade y ajuste brusco inevitable en algún momento.
Si como afirma Milei, el tipo de cambio es de equilibrio, debería liberarlo sin mayores consecuencias. Sin embargo, si no se libera porque existen problemas de stock -como utilidades no giradas, importaciones pendientes, o presiones reprimidas sobre el mercado de cambios- esto indica que el tipo de cambio no es de equilibrio.
Al reprimir la demanda de dólares, el tipo de cambio deja de ser de equilibrio y acumula distorsiones en la economía hacia el futuro. Si el mercado de cambio se liberara mañana, un salto inicial resolvería los problemas de stock, siempre que el BCRA no emita más moneda y se mantengan las reformas estructurales.
No obstante, el carry trade generado podría detonar una corrida financiera si se libera el mercado, complicando aún más la situación debido al intervencionismo acumulado.
Además, si el Gobierno busca que el FMI le preste USD 11.000 millones para contener la suba del dólar y beneficiar a quienes apostaron al carry trade, estaríamos frente a un capitalismo de amigos, alejado del discurso de campaña de Milei.
En resumen, la baja transitoria de derechos de exportación no representa una liberación, sino una regulación más. Establecer plazos de liquidación, discriminar entre sectores y aplicar rebajas temporales son políticas intervencionistas, no propias de una economía libre.
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