Recientemente se ha abierto un debate entre el Gobierno y la industria automotriz que ha sido señalada por el primero como altamente protegida y costosa para los argentinos. En defensa de la industria, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) emitió una nota y casi simultáneamente un medio gráfico público un artículo titulado “La exorbitante carga fiscal en la Argentina para los automotores”.
Dado el espíritu reformista del Gobierno el debate surge en un momento oportuno. El artículo citado -claramente escrito en defensa de las terminales-, presenta un detallado repaso de los impuestos que recaen sobre esta industria y concluye que “…el Estado es el socio principal de la actividad, gana más que el fabricante, y la incidencia impositiva es mayor al costo del vehículo”.
En general, los impuestos mencionados en ese artículo recaen sobre muchas otras actividades y la duda que permanece es si la industria automotriz está más o menos afectada por la carga impositiva.
Lo que sí sabemos con certeza es que esta actividad recibe subsidios millonarios a través de otras políticas y que estos subsidios son mucho más elevados que los que reciben la gran mayoría de los otros sectores económicos. Los subsidios a los que me refiero surgen de la política arancelaria y en menor medida, de la política industrial.
Respecto a la primera resulta claro que cuanto mayor sea el arancel de importación de los automóviles, más elevado será el precio cobrado por las terminales en relación al precio internacional, y por consiguiente mayores serán sus beneficios. Asimismo, cuanto menor sea el precio por los insumos intermedios utilizados en la elaboración de los automóviles, mayores serán también los beneficios de las terminales.
Un indicador simple del grado en que la política arancelaria subsidia a un determinado sector es la tasa de protección efectiva (TPE) que incorpora los efectos tanto del arancel de importación (para autos del 35% máximo arancel permitido por las reglas establecidas), como también el arancel promedio que las terminales pagan por los insumos intermedios.
Cuanto más elevado sea la TPE mayores son los beneficios extraordinarios que las terminales reciben de la política arancelaria. Por su parte la tasa de asistencia efectiva (TAE) incluye tanto el subsidio generado por la política arancelaria como también, los provenientes de la política industrial y las desgravaciones impositivas.
Dos trabajos relativamente recientes presentan estimaciones sectoriales de la TPE y de la TAE el primero publicado por la Secretaría de Comercio en 2019, y el segundo publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en 2024. Respecto a la asistencia recibida por las terminales automotrices ambos estudios llegan a la misma conclusión: la industria automotriz es la segunda más protegida de Argentina.
Según el informe de la Secretaría de Comercio, en 2018 esta industria recibía una tasa de protección efectiva del 177% que es solo un poco más baja que la correspondiente a los productos electrónicos de Tierra del Fuego, la industria más protegida de Argentina.
El resto de las actividades reciben TPEs que en general están muy por debajo de lo que reciben estas dos industrias. Este estudio también muestra que la industria automotriz recibe la segunda TAE más elevada: 187% que en este caso también es solo superada por la industria electrónica. El mismo ranking surge del estudio elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Nótese que la diferencia entre la TPE y la TAE correspondiente a la industria automotriz es de solo 10 puntos porcentuales. Es decir, casi todo el subsidio recibido por la industria automotriz proviene de la política arancelaria lo que significa que son los consumidores quienes financian a las terminales a través de ser obligados a pagar precios exorbitantes por los autos.
Los gobiernos de otros países, como Australia, han preferido que los consumidores paguen precios bajos y el subsidio necesario para sostener operativamente la industria automotriz provino en gran medida de la Tesorería: una forma transparente de subsidiar. Sin embargo, en Australia estos subsidios escalaron hasta llegar a un punto donde el gobierno decidió que esta industria era demasiado ineficiente y cara para seguir sosteniéndola.
Hacia fines de la década de 2010, se completó el cerramiento de todas las plantas automotrices y ahora los ciudadanos australianos pueden importar libremente sus autos pagando un arancel máximo del 5% (se puede ver el informe de la Productivity Commission).
Esta forma de operar las políticas públicas contrasta radicalmente con la larga experiencia argentina mostrando que cuando la industria automotriz pide ayuda, los gobiernos del pasado la han otorgado sin tener la menor idea de los costos que sus decisiones tenían para la sociedad. Un ejemplo relativamente reciente es la Ley 27686 de 2022 sobre “Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor” que otorgo nuevos subsidios a las terminales. En la votación del Congreso solo los libertarios y la izquierda se opusieron.
Las industrias que requieren asistencia millonaria del Estado para subsistir son las denominadas industrias decadentes. Australia cerró su decadente industria automotriz mientras que a través de precios pagados por los autos, los argentinos seguimos financiando a las ineficientes terminales. Sin duda, es hora de discutir una reforma que será dolorosa para algunos pero beneficiosa para los ciudadanos.
El autor es Miembro Academia Nacional de Ciencias Económicas