A un año vista de un cada vez más probable “cambio de era” de la política argentina (aún restarían algunos “tests” para afirmar que asistimos a un “cambio cultural” consolidado en el largo plazo), se ha instalado, con fundamentos sobrados, el histórico debate de la compatibilidad de los medios con los fines de la llamada “política positiva”. Dicho sea de paso, este tema es desarrollado de manera minuciosa y prolija por Vicente Massot en su último libro, “La física política” (Editorial Claridad).
Las formas y los modos son siempre los medios, el instrumental que utiliza la denominada “política real”, que finalmente, también siempre serán evaluados “ex post”; según su concreta efectividad para alcanzar los fines y los objetivos predeterminados de sus políticas públicas.
La historia verifica que los medios siempre tendrán inevitables apartamientos, de diferentes cuantías y tolerancias, con cualquier análisis efectuado desde un estricto punto de vista ético y, en varios casos, hasta incluso moral. Estos dilemas son casi inevitables para todo gobernante que efectivamente ejerza como tal.
En los regímenes democráticos, actualmente cuestionados por sus logros efectivos de mayor “bienestar general” en muchos países, las formas más relevantes son las de un poder ejecutivo limitado por el poder legislativo y por una justicia independiente o autónoma. Ello resulta imprescindible, pero nunca debería impedir, por ejemplo, la imposición de un prioritario “orden general”, incluso mediante el fundado y efectivo uso del monopolio de la fuerza pública, frente a cualquier posibilidad cierta de anarquía del poder político, la situación menos deseada por toda sociedad relativamente organizada.
El poder político delegado debe ser ejercido con prioridad, siempre mediante jerarquías y tomando continuas decisiones. Ante estas, todos los objetivos del gobernante son siempre “blancos móviles”, cruzados por serendipias o “conejos blancos”, pero también simultáneamente por “cisnes negros”.
A su vez, esto opera desde una centralidad política que también debe ser plenamente asumida. Es necesario comprender que las decisiones políticas que buscan beneficios efectivos, generales y de largo plazo, siempre tendrán costos sectoriales y de corto plazo.
Cuántas veces la historia señala los graves inconvenientes de los muy magros resultados concretos derivados del también erróneo exceso de apego a las formas de la política ortodoxa, muchas veces muy sesgado a la generalizada creencia en las utopías del logro de beneficios sin ningún tipo de costos. Ello siempre condujo también a situaciones muy penosas.
Podemos hacer el breve ejercicio de analizar dos ejemplos actuales:
El primero es la presente disminución del impuesto inflacionario, sin control de precios ni ruptura de contratos, desde un régimen de política fiscal y monetaria de formas relativamente adecuadas, pero que condujo a muy graves colapsos fiscales.
Además, debido a la escasa calidad institucional de su financiamiento mediante emisión de moneda sin demanda de dinero, esto llevó a imprevisibles y penosas derivaciones, con eventuales caos político, económico y social.
El saneamiento alcanzado en la institución “moneda” es un logro de elevada relevancia en términos de calidad institucional, “oculto” detrás de un muy expuesto, y siempre criticable, apartamiento del mejor lenguaje de convivencia democrática. Pero reafirmo que la aspiración real y concreta del estado actual de la política argentina es el de un prolongado tránsito por prácticas subóptimas.
Un segundo ejemplo de calidad institucional es la quita del impuesto no legislado en la intermediación de la ayuda económica pública a sectores de la población con mérito social suficiente para recibirla. Es importante recordar que su muy errónea e injusta aplicación estaba fundada en una excelsa letra de equidad social que, finalmente, no era tal.
Las formas son relevantes, pero el logro de los objetivos concretos de la “política real” también será siempre legítimamente demandado por las sociedades.
El autor es miembro de la Fundación Pensar Sgo. del Estero y director Fundación Federalismo y Libertad de Sgo. del Estero