Política, gobierno y Estado: conceptos para entender la coyuntura actual

Una de las categorías más recurridas para explicar el momento actual es el de antipolítica, como identidad propia o atribuida de determinados actores políticos. Se asume que es un posicionamiento realmente contrario a la política: en otras palabras, su propósito es combatir y eventualmente destruir la política.

Este es uno de los equívocos más difundidos de la discusión política actual. Lo comparten no sólo simples observadores sino también analistas y cientistas sociales por igual. Y se debe a un notorio déficit de comprensión de conceptos políticos básicos, que es preciso rescatar y recordar cada tanto.

Como primera aproximación es importante saber qué es la política. Existen varias definiciones, pero quien mejor la explicó fue Aristóteles en Ética a Nicómaco: es el conjunto de cuestiones relativas al orden y el gobierno de una comunidad de personas. En tanto se encuentran funciones directivas o articulaciones organizativas en una comunidad humana, hay política. Desde esta perspectiva, toda constitución de un grupo social es política. Por esa razón es una tontería pensar que política y sociedad son conceptos contradictorios. Es común que muchos políticos o intelectuales de orientación liberal o conservadora pidan «más sociedad y menos política»: el problema es que, como veremos, confunden política con gobierno o peor aún, con Estado.

La política se manifiesta en esas dos formas, que en realidad son formas diversas para referirse a lo mismo. El orden es la dimensión espacial/estática de la política. El gobierno es la dimensión temporal/dinámica de la política. Orden es la disposición armónica de objetos dentro de un espacio. Lo propio del orden es la coexistencia. Gobierno es la acción humana de índole directiva que se da en el tiempo. Lo propio del gobierno es la sucesión en el tiempo. Orden y gobierno son conceptos prácticamente convertibles entre sí, aunque combinados expresan matices de la política.

Una determinada acción política puede tener por objeto la conservación de un orden o su transformación. Las dos orientaciones son legítimas. En la medida en que el orden vigente no se vea amenazado, la política requerirá menos acciones de gobierno. Si pretende cambiarlo o defenderlo, demandará más.

Dentro de los matices expresados no es posible concebir un orden político puramente estático, que no demande acción conservadora/reformadora, ni una acción de gobierno completamente dinámica, que no se apoye ni esté enmarcada o condicionada por un orden existente.

Eso quiere decir que siempre que haya política habrá orden y gobierno. Una política verdaderamente exitosa es aquella que consigue imponer y sostener un orden claro, armónico y razonable, que permite a los ciudadanos hacer previsiones y realizar sus proyectos, reduciendo la necesidad de las intervenciones del gobierno al mínimo posible. El orden de la libertad.

En tiempos remotos las funciones de la política se reducían a dos: impartición de justicia y defensa ante ataques externos. Para gobernar bastaba con tener un buen ejército y buenos jueces. Adicionalmente requería un método de recaudación o de búsqueda de recursos para sostener esas funciones.

Conforme el gobierno fue haciéndose más complejo y desarrollando funciones cada vez más variadas y sofisticadas, fue necesario desarrollar un instrumento acorde. Esa invención se llamó Estado. El Estado se ha convertido en la herramienta principal de la política contemporánea.

La política no es el Estado. Pensar lo contrario es una distorsión conceptual del liberalismo, que como dijo Carl Schmitt, ha confinado a la política dentro del Estado: no lo puede trascender ni salir de él, con la idea de “neutralizar” políticamente la sociedad, organizada (teóricamente) según intereses particulares.

La política no está al servicio del Estado. Lo contrario es una distorsión práctica potencialmente totalitaria. El Estado pasa de ser instrumento a fin. La comunidad política a la que debería servir le queda subordinada.

Con el Estado se puede organizar, regular, controlar, legislar, prohibir, castigar, enseñar, reprimir, perseguir, promover, quitar, conceder, construir, destruir, cobrar, pagar, comprar o vender cualquier tipo de actividades o bienes. Es un formidable instrumento de intervención en la vida social.

Pero es un instrumento facultativo del poder político. La política puede y debe estimar si es necesario, prudente y razonable intervenir a través del Estado en la vida social. Puede hacerlo a través del Estado, sin él o no hacerlo en absoluto. Todas esas alternativas son plena y legítimamente políticas. Es parte de la prudencia arquitectónica de la política juzgar si debe intervenir en la vida de las personas y las sociedades, debe abstenerse de hacerlo o incluso debe limitar o retirar la acción del Estado en determinadas áreas.

La política debe organizar/gobernar la vida social, no sustituirla. En una sociedad compuesta por seres racionales en circunstancias normales, el Estado no tiene por qué suponer más que una presencia módica en el desarrollo de la sociedad.

Este es un asunto de importancia clave porque hay una instancia política -la instancia suprema, en los tiempos de la soberanía nacional- que dispone de la herramienta del Estado. Pero hay otras instancias que no disponen de él, que no por eso dejan de ser políticas. Si la política es el conjunto de asuntos relacionados con el orden y el gobierno de una sociedad, cada institución que participe de ese orden y ese gobierno es política, aunque en diversa proporción: empresas, universidades, clubes deportivos, sindicatos, sociedades intermedias y hasta las familias.

Desde esta perspectiva puede decirse que la política es el sistema principal de regulación de conducta. Para ello dispone de dos subsistemas: la moral y el derecho. La moral regula los comportamientos intersubjetivos cotidianos y posee sanción social. Opera en el plano de las costumbres. Cuando las conductas afectan a bienes que merecen una particular aprecio o valor por parte de la comunidad (o el poder político) son reguladas por el derecho. El instrumento de la política en materia moral es la educación formal e informal. El instrumento de la política en materia jurídica es la legislación y el poder de coacción.

Ningún poder político puede prescindir de estos dos instrumentos. Existe una relación de equilibrio entre moral y derecho. Si existen buenos hábitos en la sociedad, la regulación jurídica es menos necesaria. Si en cambio proliferan los malos hábitos, sucede lo contrario.

Es más fácil promulgar leyes que influir en la conducta cotidiana de las personas. También es menos eficaz. Es importante que el poder político delibere cuidadosamente sobre la conveniencia y la viabilidad de introducir cambios en los comportamientos. En ocasiones pueden ser contraproducentes o tener consecuencias inesperadas. Y por otro lado, como explicara Platón, la superabundancia de leyes es un mecanismo de compensación relativo a su falta de observancia.

Desde principios del siglo se instaló en la Argentina una concepción ideológica contraria a los criterios elementales de la política. La mayoría de los dirigentes políticos, cientistas sociales y analistas se mantiene en ese horizonte ideológico, que ha resultado ruinoso para los intereses nacionales.

En primer lugar dice reivindicar la primacía de la política, pero a través de lo que se podría denominar una “desorganización generada”, que demanda una permanente intervención del poder político, aumentando exponencialmente la arbitrariedad, la discrecionalidad, la imprevisibilidad, la venalidad y por último la dependencia de la población respecto de las decisiones de gobierno.

En segundo lugar dicha ideología no solamente comparte la idea liberal de que la política es igual al Estado sino que además convierte al Estado en un instrumento invasivo con el que el poder interviene en cuanta área está a su alcance, lo que resulta en un Estado sobredimensionado, carísimo e ineficaz, que se convierte en un peso muerto para la sociedad a la cual debe servir.

En tercer lugar, no sólo intenta un cambio profundo en la conducta y los hábitos sociales de la población a través de la educación -algo que ha terminado en fracaso- sino que se sobrecarga al sistema con una legislación hipercompleja, redundante, contradictoria e inflacionaria que ha llevado a la crisis del poder ejecutivo y judicial.

Esta ideología es conocida como kirchnerismo y tiene su expresión más articulada en Axel Kicillof, uno de sus dirigentes políticos de primera línea con mayor formación académica. Es Kicillof quien ha verbalizado con mayor claridad la idea de que más Estado es necesariamente mejor política. Lo expresó de forma grotesca cuando afirmó recientemente que “no hay temporada de verano si no hay Estado”. Kicillof, responsable de las decisiones en materia de política económica más ruinosas de las últimas décadas, se posiciona como el heredero político del kirchnerismo. El fracaso del kirchnerismo no es en absoluto el fracaso de la política. Es el fracaso de una concepción ideológica que asumió como correctos los postulados contrarios a la política bien entendida. Así se explica mejor el concepto de antipolítica: no es lo contrario y opuesto a la política sino lo contrario u opuesto a los políticos que han llevado al país al desastre en que se encuentra. Esos son los verdaderos representantes de la antipolítica.