Política swinger

El gobierno de Javier Milei está a muy pocos días de cruzar el mojón que marca el primer año de gestión presidencial. Y llega a esa fecha, que inevitablemente detona variados análisis, balances y perspectivas, en su mejor momento.

Desde el punto de vista macroeconómico, la performance de varios de los más relevantes indicadores económico-financieros -como la inflación, el tipo de cambio, el riesgo país, las cotizaciones de bonos y acciones, las reservas internacionales, el crédito privado, etc.- no solo ha envalentonado al presidente y desatado un clima de euforia en el gobierno, sino que también ha venido generando un clima optimista en los mercados y actores del sistema financiero global.

Y, más importante aún desde la óptica del oficialismo, esa performance ha venido generando una suerte de “círculo virtuoso” a nivel de las expectativas de amplios sectores de la opinión pública que renovaron su apoyo al gobierno con la perspectiva de una recuperación incipiente o inminente. En otras palabras, crece en la opinión pública y en muchos actores económicos locales (con la excepción de aquellos vulnerables a la apertura indiscriminada de importaciones) la percepción de que el 2025 será el año del despegue.

En este contexto, está muy claro que en la lectura del gobierno, este momentum opera como un barniz legitimador y elemento habilitante para la radicalización política, la intransigencia no solo frente a los opositores sino incluso ante aliados -actuales o potenciales- y algunos activos propios -como Villarruel-, y un endurecimiento de posiciones políticas que no respeta incluso las fronteras del Estado nación (Boric, Lula, el Papa Francisco, la ONU, etc.).

Una lectura un tanto simplista y lineal en virtud de la cual el presidente y su “triángulo de hierro” parecieran creer que a mayor dureza política y desmesura discursiva frente a la “casta” y las fuerzas del statu quo que Milei vino -según su narrativa- a romper, mayor es la ganancia tanto en lo que respecta a lo político como a lo económico. Una lectura que, aunque forzada, es cierto que no solo se apalanca en el clima macroeconómico sino que se alimenta también por la profunda crisis de un sistema político que no logra superar ni la fragmentación, ni articular nuevos liderazgos y que, en muchos momentos, pareciera paralizado -por temor, desconcierto o instinto de supervivencia- ante el rápido avance libertario.

Sin embargo, y más allá de los interrogantes que se plantean a nivel del propio programa económico, lo ocurrido durante la peculiar y tensa última semana de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación debería encender algunas luces de alarma, tanto en lo que respecta al próximo año electoral, como en lo relativo a un posible escenario de parálisis institucional derivado de un enfrentamiento con el Congreso, y las consecuencias que ello entraña tanto en términos de gobernabilidad como de sustentabilidad del plan económico desde la óptica de los mercados.

Desde el gobierno no solo parecen ignorarse las advertencias sobre los riesgos, tanto en materia política como económica, que entrañaría un segundo año consecutivo sin Presupuesto aprobado por el Congreso, sino que se profundiza una estrategia que si bien puede funcionar en el corto plazo en términos discursivos, puede complejizar aún más cualquier negociación legislativa y provocar rupturas con actuales aliados.

Lo cierto es que el Presidente se desliza hacia una suerte de encerrona: por un lado, necesita anotarse algunas victorias legislativas y, por el otro, quiere evitar derrotas que expongan debilidades y fuercen el veto. Y es ante esta encrucijada donde el gobierno comienza a exponerse a contradicciones y riesgos varios. Por un lado, festejó el fracaso de los intentos de reformar la ley de reglamentación de los DNU o de rechazar el decreto sobre la deuda, pero se expuso a un conflicto con el PRO por las suspicacias generadas por la ausencia de legisladores libertarios en la sesión especial para debatir el proyecto de “ficha limpia”. Por otro lado, quedó en una posición minoritaria defendiendo una versión de la ley de prevención de la ludopatía infantil que beneficia a algunos empresarios amigos que comparte tanto con el PRO como con la UCR, pero avanza con proyectos como el de la eliminación de las PASO, o con los pliegos de Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema, para los que necesitaría una alianza más “amplia” (que incluye al kirchnerismo)

A todo ello se suma, además, la instrucción que desde la Casa Rosada le habrían transmitido a la vicepresidenta y los legisladores oficialistas en la cámara alta: clausurar el recinto del Senado, ante la casi segura derrota al tratarse el decreto sobre la deuda. Una decisión que convive, por cierto sin mucha incomodidad, con las supuestas negociaciones reservadas para tratar los pliegos de jueces y, eventualmente, ampliar la Corte. Y, más allá de lo que suceda en ese plano, un adelanto de la potencial parálisis institucional que podría generarse en el Senado ante la posibilidad de que el gobierno pierda el blindaje del tercio necesario para evitar el rechazo de los DNU o la insistencia para los vetos.

Así las cosas, la imagen proyectada desde el Congreso esta última semana es la de un presidente tensando al máximo la relación con Macri y aliados, desairando a los gobernadores dialoguistas, e insistiendo con iniciativas que ineludiblemente requieren de los votos -y de la negociación- con Cristina Kirchner.

Indudablemente, la gestión es siempre mucho más compleja que el relato y, muy a menudo, la narrativa conspira contra las necesidades políticas del gobierno. Más aún, en un contexto de crisis, no solo económica y social, sino también a nivel de un sistema político fragmentado, con espacios de contornos lábiles y difusos, lealtades volátiles y cruzadas, liderazgos pragmáticos, e incentivos favorables a acuerdos subterráneos y cambiantes.

Una dinámica que pareciera desbordar los límites del Congreso y amenazar con proyectarse hacia el proceso electoral en ciernes, profundizando la fragmentación y atomización, propiciando más heterogeneidad en los armados políticos a nivel local, incentivando desdoblamientos en elecciones provinciales, adelantamiento de cronogramas y, sobre todo, propiciando una suerte de política “swinger” donde reina el pragmatismo absoluto, y los aliados de ayer se convierten hoy en los más acérrimos opositores, y viceversa.

Un peligroso juego que profundiza la confusión y la crisis política, en donde se entremezclan conveniencias mutuas, vanidades, miserias, temores, ambiciones, promesas, y desconfianzas, entre otros patrones que atraviesan a los diferentes espacios políticos. Un juego que el gobierno puede tener la ilusión de controlar en favor de sus propios intereses, pero que puede convertirse en un aquelarre imposible de encauzar.