Aralí, una niña de 8 años de Brinkman en Córdoba, murió a principios de mes en un incendio que se pergeñó para ocultar el abuso que había sufrido por parte de sus familiares.
El martes pasado se desbarató una red de pedofilia articulada desde la cárcel y se liberaron a 70 niños y niñas víctimas de explotación sexual. No son casos aislados. Como estos hay miles en todo el país, basta leer los diarios todos los días.
Los indicadores de violencia contra los más chicos en Argentina son de los peores en la región. En pleno 2024, el último informe de la ONG Bullying Sin Fronteras revela un dato alarmante: Argentina está en tercer lugar entre los países con más casos de bullying y ciberbullying entre chicos y adolescentes en edad escolar y el suicidio es la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años, según el estudio “Suicidio en la adolescencia. Situación en la Argentina” presentado por UNICEF Argentina, teniendo como una de sus causas la violencia.
A pesar que la Constitución Nacional les asegura protección especial, las leyes no se adecúan a los estándares necesarios o directamente se incumplen (especialmente por falta de recursos y capacidades gubernamentales).
En septiembre, el Comité de los Derechos del Niño emitió sus observaciones sobre el estado de cumplimiento de la Convención (con rango constitucional) en Argentina. Expresó su preocupación ante el crítico panorama en materia de violencia y focalizó en diversos aspectos vinculados a las limitaciones en el acceso a la Justicia y el maltrato infantil. Aquí observó que el Estado debe fortalecer su intervención para investigar y sancionar la violencia contra NNyA, especialmente la sexual; impulsar la articulación pública y privada en la lucha contra la violación de derechos, eliminar la prescripción en caso de violencia sexual y dar un adecuado trato como víctimas a los niños/as conforme a su estatus de personas con especial protección.
Los entornos violentos deben eliminarse con políticas públicas que involucren al Estado, a las familias y a la sociedad civil. Para esto, en primer lugar resulta clave cumplir con las leyes existentes, tener una ley de Presupuesto que no retroceda y contar con funcionarios comprometidos con la erradicación de la violencia.
En segundo lugar, necesitamos actualizar el esquema de protecciones legales que, desde nuestra perspectiva, debería ser mediante una agenda de reformas que involucre a) incorporar el delito de maltrato infantil al Código Penal; b) agravar las penas en caso de homicidios y lesiones contra niños/as y adolescentes con los mismos estándares que ya se usan en la violencia de género; c) crear una comisión investigadora independiente, como en su momento fue la Conadep, para investigar los casos de abuso sistemático contra niños/as en todo el país, especialmente en instituciones; d) imprescriptibilidad de los delitos contra la violencia sexual contra NNyA; e) cumplir con la Ley de Víctimas y adaptarla al paradigma de protección de los derechos del niño; f) prohibir el contacto laboral directo e indirecto con niños de condenados o imputados por delitos violentos bajo los mismos criterios en todo el país; g) actualizar la Ley de Grooming; h) crear el delito específico de la compra venta de niños e i) protocolos obligatorios de detección y abordaje de la violencia contra NNyA en instituciones públicas y privadas, estandarizados, de aplicación federal y conforme a la Convención de los Derechos del Niño. Estos dos últimos puntos se encuentran en tratamiento avanzado en el Congreso y en este momento estamos lanzando una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios/as destinada a fijar un esquema de trabajo coordinado para avanzar en un mejor esquema protectorio de derechos.
La protección integral de niños, niñas y adolescentes es una obligación legal y un imperativo moral para la sociedad y el Estado argentino no puede permanecer inmóvil, en este contexto urge que asuma un rol activo y sostenido en la erradicación de todas las formas de violencia. La vida, el desarrollo pleno y la salud mental están en juego. Ninguno de los tres poderes del Estado puede mirar para el costado. Cada demora en implementar medidas efectivas consolida el escenario de violación sistemática de derechos humanos y solo con un compromiso firme expresado en acciones concretas podremos construir un país donde los derechos de la infancia no sean solo una mera declaración, sino una realidad.
* La autora integra la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación
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