
Vivimos una semana de conmemoraciones. El martes se cumplió un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán, una fecha que siempre es buena para recuperar el sentido de las ideas de libertad y soberanía que forjaron la construcción de nuestra patria.
Pero el lunes se dio otro aniversario: el de una de las políticas públicas más ambiciosas e importantes que encaró nuestro país. Se trata de un número redondo: nada más ni nada menos que 140 años de la sanción de la ley 1420, una de las pocas -¿o la única?- que recordamos por su número y no por el nombre de quien la impulsó o el tema que regula. La ley 1420 llevaba como título “Ley de Educación Común” y establecía la escuela primaria obligatoria y gratuita a cargo del Estado, su universalidad, para educar a todos los niños y niñas de la Patria, y separaba la enseñanza religiosa de los contenidos obligatorios.
Fue fruto de un debate político amplio y áspero, en el que se destacó Domingo Faustino Sarmiento, quien terminó llevándose el título de “Padre del Aula” por ser uno de los protagonistas -sobresaliente, es cierto- entre muchos otros hombres y mujeres comprometidos por nuestra educación y por la necesidad de que sea un derecho garantizado por el Estado.
Hay que reconocer que dicha ley de educación común tuvo sus cimientos en los debates y las acciones de aquella generación de la independencia. Cómo debe ser la escuela de la patria fue la pregunta que guio la creación de escuelas que llevó adelante Manuel Belgrano y su “Reglamento para las Escuelas del Norte”, donde establecía, entre una enorme cantidad de indicaciones acerca de la rutina escolar, que la enseñanza de lo nacional debía prevalecer sobre lo extranjero y que el dinero para el salario de los docentes -que harían concurso por oposición a partir de una convocatoria pública- y para la educación de los niños pobres sería responsabilidad del gobierno. Escuela de náutica, minería y matemáticas, para un país que trabajara la tierra, explotara las minas y produjera manufactura.
Las concepciones pedagógicas de uno y de otro no dejaron de tener elementos cuestionables -la aceptación de ciertos métodos de tortura, la exclusión de lo popular de lo “posiblemente educable-. Lo cierto es que ambos imaginaron un sistema que nos permitió tener un sistema educativo pionero a nivel mundial.
Estas breves reminiscencias históricas cobran sentido en una semana atravesada por actos, anuncios y declaraciones de quien hoy tiene a cargo la presidencia de la Nación.
Ya lo vimos hace unos días cuando el presidente intentó incorporar a Sarmiento a su estrategia comunicacional -algo en lo que destina mucho tiempo-, cuando en un acto en su casa natal de San Juan anunció el Plan Nacional de Alfabetización.
Paradojas de la etapa, un Plan a cargo de la degradada Secretaría de Educación, anunciado el mismo día que se crearía el Ministerio de Desregulación del Estado, hecho que intentó pasar desapercibido al ser informado de madrugada.
Nada es más importante que garantizar el derecho social de todos los niños y niñas a leer, escribir y comprender en un mundo donde el manejo de diferentes registros del lenguaje es una habilidad imprescindible. Sin embargo, hay elementos que nos generan dudas respecto de la efectividad que el anuncio pueda alcanzar.
Hubo un intento inicial del gobierno nacional de que el Plan de Alfabetización estuviera absolutamente atado al financiamiento que cada una de las provincias pudiera otorgarle. Frente a la negativa rotunda de los ministros y ministras de Educación, finalmente el gobierno nacional comprometió recursos a las estrategias provinciales -se trata en verdad de 24 planes provinciales-, aunque aún son muy confusas las definiciones de qué es lo que efectivamente se financiará.
Por otro lado, resulta al menos contradictoria la decisión de suspender la compra y entrega anual de libros a las escuelas, algo que se venía haciendo hace mucho tiempo y que lo habían sostenido gobiernos de distinto signo político. Si no pueden -o no quieren- gestionar los recursos más básicos para que los chicos aprendan a leer, ¿cómo van a hacer lo más complejo, que es transformar métodos de enseñanza o fortalecer la capacitación docente?
Esta semana también se llevó a cabo la firma del tan anunciado “Pacto de mayo” -con algunos meses de delay-, donde finalmente se incorporó una frase destinada a educación que podría resumirse en “a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo”. Pero la realidad efectiva dice otra cosa: quita de fondos para el pago del incentivo docente, discontinuidad en la oferta de capacitación del Instituto Nacional de Formación Docente, renuncia a la transferencia de recursos para la realización de nuevas escuelas.
Por más actos en la casa de Sarmiento, por más Actas de Mayo que quieran viralizar en las redes, Milei, Pettovello y Torrendell han decidido que el Estado nacional tiene poco y nada que hacer para que las niñas, niños y adolescentes de nuestro país aprendan más y mejor. También han decidido desfinanciar el sistema científico y tecnológico y a las universidades. Del mismo modo, tenemos muchísima evidencia empírica de que cuando esto se combina con un desastre económico no hay forma de que los aprendizajes puedan mejorarse.
Milei suele mencionar el periodo de construcción y consolidación del Estado nacional como aquel al que hay que regresar. Sin embargo, su proyecto educativo no guarda ninguna relación ni coherencia con los postulados políticos e ideológicos del periodo en cuestión.
En tiempos como los actuales resulta fundamental recuperar el legado de Belgrano, Juana Manso, Sarmiento, Rosario Vera Peñaloza y tantas otras figuras que imaginaron y proyectaron un futuro para la educación pensando en el futuro de un país.
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