
El haber confundido los comprensibles y muy usados subsidios en el mundo con el precio de las tarifas de cualquier servicio ha causado una distorsión cultural muy difícil de recomponer.
Son muchos los argentinos que confunden las tarifas de servicios con impuestos. Nada más lejano a la realidad.
En los últimos 22 años fue de tal magnitud la distorsión que, en particular en el AMBA, la relación de los usuarios con los servicios dejó de ser un tema de preocupación.
El descuido del uso de la energía eléctrica y el gas, y la despreocupación de obtener trabajos cerca de los domicilios acarreo una distorsión en el uso de los servicios.
Las tarifas no solo retribuyen económicamente a los que la producen y las distribuyen, sino que generan un modo de vida respecto de su uso racional.
Cuando comenzó este gobierno se consideraba el costo enorme que tendría la resolución de esa anomalía, el camino estaba definido. Pero lamentablemente se volvió a distorsionar el uso de los necesarios y comprensibles subsidios con el precio de las tarifas.
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Antes se usaron, ilusamente, como herramienta de reparto de renta y ahora como herramienta de control de la inflación. Ninguna de los dos cumples con su objetivo.
En el caso particular de las tarifas eléctricas el hecho de no reflejar el costo pleno del servicio no solo reafirma la mala relación del usuario con el uso del servicio, sino que desalienta la inversión en los paliativos que el mundo desarrollo para el alto costo de la energía.
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Las energías renovables cobran sentido no solo por el comprobado aporte al control de las emisiones, sino que además generan varias ventajas al servicio en general, al ser energías aptas para la generación distribuida ayudan a aliviar las redes de baja tensión y abaratar de esa manera las inversiones en transmisión y mantenimiento.
Por otra parte, si esas instalaciones se realizan en los techos de los usuarios, modalidad muy utilizada en el mundo, generaría dos consecuencias virtuosas, recuperaríamos la relación entre el usuario y los medidores, lo cual redundaría en un uso más racional del servicio y baja el precio del servicio.
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Y por otro lado podría ser la llave para lanzar la electromovilidad, ya que la recarga de las baterías de los automóviles eléctricos sería gratuita, lo que representaría para la economía de las familias con automóvil un ahorro significativo y una emisión mucho menor de carbono en las ciudades.
La inversión privada y nacional que generaría el cambio de matriz energético tendría innumerables consecuencias virtuosas. Menor uso de combustibles fósiles con la consecuente posibilidad de exportación de gas y petróleo y una redistribución de los gastos en las familias que inviertan en este emprendimiento que generaría una movilización de otras industrias.
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Nunca mezclar conceptos es saludable, ni siquiera tiene una racionabilidad contable. No es lo mismo para las cuentas públicas que los servicios sean remunerados en sus costos y los subsidios explícitos se puedan ir bajando en forma parcial y sostenida hasta lograr que desparezcan.
Además, se cobra impuestos que luego se usan para subsidios, con el costo de administración que eso supone.
No debemos confundir acción social con servicios públicos. No es correcto, no es bueno para la cultura de sus usos y no facilita la inversión en los mismos.
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