El INDEC comunicó que la inflación de octubre fue de 8,3%, aunque es muy probable que en noviembre sea nuevamente de 2 dígitos. La inflación reprimida vía controles de precios y la emisión monetaria contenida por los Pases y Leliqs del BCRA serán factores traumáticos a la hora de su “liberación” si no van acompañados de un ordenamiento integral del Estado.
Resultan evidentes las perturbaciones que este proceso incita sobre el normal funcionamiento de la economía y sus impactos sociales. Lo cierto es que se vienen atrasando muchos precios regulados y, por otro lado, que el año próximo el campo y Vaca Muerta generen más dólares, es buena noticia. Pero cuando el BCRA compre esos dólares tendrá que emitir más pesos, agregando presiones inflacionarias.
La inflación reprimida más significativa es la emisión que el BCRA sacó de circulación vendiendo Pases y Leliqs a los bancos comerciales. Según el BCRA, el stock de emisión existente es de 29 billones de pesos. La cantidad de billetes en manos de la gente (base monetaria) es de 7 billones. Por consiguiente, la cantidad de dinero que el BCRA extirpó emitiendo Pases y Leliqs es de aproximadamente 22 billones. En pocas palabras, un cuarto del total de pesos emitidos está en manos de la gente. Los restantes tres cuartos fueron absorbidos por el BCRA para evitar presión inflacionaria.
Asimismo, se promovió que los depósitos, en lugar de prestarlos a las empresas o las personas, se coloquen en este tipo de instrumento. Naturalmente, si toda esta emisión se volcara al mercado, la inflación sería más alta y para absorber estos excesos monetarios el BCRA paga intereses (250% anual) que se cubren con más emisión. Un círculo vicioso y peligroso.
El impacto inflacionario tendría niveles de hiperinflación si se devolviera. A fines de 1989, se aplicó una solución ante un escenario similar y fue el denominado “Plan Bonex”. Esto no fue otra cosa que no devolverle el dinero a los depositantes y a cambio entregarle un título público a largo plazo. Los ahorros se licuan por una hiperinflación y por la reprogramación, en una solución “tipo Bonex”. Ambas alternativas son costosas, pero inevitables ante la evidencia de que seguir reprimiendo los excesos de emisión es insostenible.
En síntesis, abordar un ordenamiento integral del Estado plantea una solución de fondo, siendo financieramente equilibrado y más eficiente en su gestión. De esta forma, se generarán las circunstancias para que la corrección de los atrasos en los precios regulados y el desarme de las Leliqs y Pases sean menos traumáticos. Es conveniente abordar una agenda de transformación disruptiva: ordenamiento tributario (unificando impuestos y tendiendo al autofinanciamiento de las provincias), ordenamiento previsional y ordenamiento funcional (con un Estado nacional que deje de interferir en funciones provinciales y municipales y cada provincia con sus municipios rinda cuentas).
Si bien es un planteo complejo y ambicioso, permite salir de la inflación reprimida sin transitar una hiperinflación o un programa “tipo Plan Bonex”. Su concreción depende del presidente y del acuerdo de la mayoría de las provincias.
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