
Pronto la Argentina decidirá quién será su próximo presidente por los próximos 4 años, y la verdad es que estamos en un país con grandes problemas económicos y falta de ética pública desde hace mucho tiempo, lo cual demuestra que, más allá de las dificultades que ellas generan, podemos vivir con alta inflación, deterioro de nuestra moneda, descarada corrupción, y tantos otros males, pero no podemos vivir si nos matan, y esto sucede todos los días en ocasión de robo de cosas insignificantes a personas al azar.
Los últimos casos más resonantes fueron el de Morena Domínguez, pequeña de 11 años de edad, que yendo de su casa al colegio fue asaltada y golpeada hasta dejarla muerta en las calles de Lanús; el crimen del médico Juan Carlos Cruz, de 52 años de edad, asesinado en Morón por delincuentes para robarle un automóvil que abandonaron a las pocas cuadras; el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri, de 42 años y padre de un bebé de tres meses, quien recibió una puñalada mortal en el corazón para robarle su celular, a pocos metros del cruce entre avenida Del Libertador y Lafinur, en pleno barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires; y la reciente muerte a tiros en Lanús de Omar Szkarlatiuk, un hombre de 49 años, que fue baleado delante de su hijo de 4 años para robarle el auto, que finalmente ni siquiera se llevaron.
Como se puede ver, no hay lugares seguros contra el delito en nuestro país, no hay estratos sociales ni edades que estén a salvo; la clase política se ha ocupado en llevar adelante todos los hechos y actos que estuvieron a su alcance para proteger al delincuente bajo el paradigma de invertir los roles, es decir, ubicando como víctimas a quienes nos roban y matan.
Este rumbo se fue acelerando hasta llevarnos en forma desenfrenada a este terrible presente, y para lograrlo, lo primero que hizo la clase política fue generar, desde hace muchos años, la concientización de que las FFAA y de seguridad tenían en su naturaleza el gen de la represión ilegal y por ello debían ser controladas e inmovilizadas. Luego de ese primer punto de inflexión, procedieron a ubicar dentro del poder judicial a quienes justifican el delito por la desigualdad social, lo cual los llevó a instalar la atenuación de las penas y eliminar el concepto de agravamiento por la reincidencia, y al mismo tiempo, a juzgar con severidad la actuación policial en exacto sentido inverso a la liviandad con que consideran las conductas de los criminales. Vista esta mayoritaria irrupción, los jueces que continuaron protegiendo con sus sentencias a las verdaderas víctimas pasaron a ser una minoría.
El Poder Legislativo también colabora al establecer regímenes cada vez más permisivos para el delincuente y/o para favorecer la inseguridad, como es caso de la ley 26.657 de salud mental, porque gracias a ella, todos pasamos a ser potenciales víctimas de enfermos mentales violentos que anónimamente deambulan entre nosotros. En ese aspecto, la droga ha hecho y sigue haciendo estragos, y también corresponde incluir los irreparables daños que generaron a tantas familias argentinas los magistrados que permitieron la salida en épocas de pandemia de unos 4500 criminales de las cárceles.
Pero, lejos de amilanarse con los trágicos sucesos generados, la clase política utiliza los más diversos y absurdos argumentos para justificar su accionar en esa materia, y no falta el dirigente que llega a decir, haciendo apología del delito, que antes que juntar cartones, estaría “choreando de caño, no laburando”. El resto de los dirigentes también son culpables por acción o por omisión, a no tener dudas, ningún partido político sale indemne de la inseguridad que nos obligan a padecer.
En síntesis, todas estas políticas “pro reo” han convencido a los malvivientes de que pueden matarnos aunque no opongamos resistencia alguna contra sus robos, y dentro de ese accionar, no los conmueve ni siquiera el daño que generan, no solo a la víctima, sino también a toda una familia. ¿Cómo recuperarse de la muerte en esas circunstancias de su cónyuge, de sus padres, de sus hijos, de sus nietos, de sus abuelos? Se trata para esas familias de “game over”, ¿cómo seguir?, ¿en qué y para qué creer?, si un político por no tener dinero iría a robar armado, ¿qué debería hacer alguien a quien le matan a su hermano, a su pareja, a sus hijos?
El domingo 19 de noviembre esperemos que quien sea elegido para conducir el Poder Ejecutivo lidere una política de seguridad que signifique volver a controlar la vía pública dentro de todo el territorio del país, acompañado por un poder judicial que aplique la ley sin reservas, y en donde los legisladores dejen de dictar leyes a favor de los delincuentes y deroguen las que generan más peligro que beneficios en materia de seguridad pública, permitiendo de ese modo que los habitantes de la Nación no sigan siendo asesinados cuando intentan ir a trabajar, a usar y disponer de su propiedad; a enseñar y aprender.
Concluyo esta columna recordando que una imagen vale más que mil palabras, “Pensamientos”, un videoclip del grupo musical La Beriso, magistralmente actuado por el actor Adrián Navarro, cobra resonante actualidad en relación con estos terribles hechos, porque grafica el daño que este tipo de crímenes le genera a cada familia que lo sufre, y en la Argentina ya son tantas, que, ojalá esto sí cambie a partir de la asunción del próximo presidente, más allá de cuál sea su color partidario.
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