La grave situación de violencia existente en la ciudad de Rosario y Villa Constitución en la provincia de Santa Fe obligan a la sociedad en su conjunto tomar cartas en el asunto y brindar respuestas concretas y las herramientas se encuentran en nuestra Constitución Nacional.
En primer lugar, nos encontramos en el período de sesiones ordinarias del Congreso (1 de marzo al 30 de noviembre) y, el legislativo es quien tiene tal facultad de declarar el estado de sitio -conmoción interior (Art. 23 CN)- en la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden. Esta situación nos obliga a no hacernos los distraídos, a sabiendas que la situación de Rosario afecta a muchos argentinos y habitantes de esa zona de nuestra República. Por eso hemos presentado un proyecto de ley para que el Congreso declare el estado de sitio en Rosario.
Parte de nuestra dirigencia le tienen miedo a esta herramienta constitucional, pero no podemos negar que en Rosario se encuentra configurada la “conmoción interior” ya que existe un conflicto social, político y económico grave, que pone en peligro el orden constitucional y especialmente la vida de muchos argentinos.
El mismo preámbulo de nuestra Constitución establece como objetivos el de “consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”. Por lo tanto, el Congreso no puede obviar esta obligación constitucional, los anuncios grandilocuentes y de aumento de presencia de fuerzas federales pueden mitigar temporalmente la problemática, pero no se busca una solución de fondo, la lucha contra el narcotráfico e inseguridad debe ser una política de estado, más allá de todo fundamento ideológico y el marco es nuestro texto fundamental.
Vivimos tiempos convulsionados, la política de estado en estos últimos años fue solo crear mayor pobreza, para cristalizar así una nueva forma de esclavitud, tal es así, que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo: “Hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”, es decir, desde las altas esferas de gobierno y, fruto de las fallidas políticas económicas, se crearon las condiciones necesarias para la proliferación de la inseguridad en territorio bonaerense, pareciera que la regla es más pobreza, indigencia y marginalidad caldo de cultivo de la decadencia social argentina.
La grave situación que viven miles de argentinos en Rosario, es un fiel reflejo de lo que sucede en el conurbano bonaerense. Años de silencio y omisión como política de estado en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, hacen que en poco tiempo se repitan las mismas imágenes. Intendentes eternos, pequeñas “monarquías”, que hacen un atronador silencio frente a este flagelo, nos debe interpelar y exigir el cumplimiento de la Constitución y la Ley.
Como decía Domingo Faustino Sarmiento: “La Constitución no se ha hecho solamente para dar libertad a los pueblos, se ha hecho también para darles seguridad, porque se ha comprendido que sin seguridad no hay libertad”. En definitiva, toda la dirigencia política se debe poner de acuerdo en esta política de estado, combatir esta grave situación, nos obliga a despojarnos de toda diferencia ideológica y a buscar esos lugares comunes que nos permitan proyectar un futuro en paz, con más y mejor libertad.
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