La fecha no es casual. El 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en recuerdo del día en el que el Ejército Rojo liberó el campo de exterminio de Auschwitz en 1945.
Pero ello no impidió que, el por entonces canciller Héctor Timerman, en nombre del Gobierno argentino, aceptara firmar aquel ominoso acuerdo con el régimen de los ayatolás. El que desde la revolución, que en 1979 derrocó a la monarquía del sha Mohammed Reza Pahlevi, somete a Irán a una teocracia fundamentalista, promotora de una agenda abiertamente anti-occidental.
Y, además, el que es considerado responsable de innumerables atentados terroristas en el mundo entero, entre los que se cuentan el perpetrado contra la AMIA en nuestro país en 1994.
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Al suscribir un pacto con ese país, Cristina Fernández de Kirchner se apartaba de una línea de condena contra Teherán que había sido mantenida desde hacía años. Y que, además, había tenido nada menos que en Néstor Kirchner, su esposo, a un firme adherente.
Entre 2003 y 2007, en cada una de sus presentaciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ex presidente insistió -una y otra vez- en responsabilizar al régimen de los ayatolás como principal responsable de los atentados cometidos en la Argentina durante la década anterior.
De inmediato, la firma del acuerdo mereció un fuerte repudio de la oposición y de la colectividad judía, la más importante de Iberoamérica, y provocó un colapso en las relaciones con Israel. Días más tarde, el por entonces ministro de Esclarecimiento y Diáspora, Yudi Edelstein, objetó el memorándum que se firmó con el régimen de Mahmud Ahmadinejad: “el acuerdo de la Argentina con Irán es como aliarse con el diablo”, calificó.
Una vez más, ante semejante giro, el kirchnerismo optó por una estrategia de silencio y escasas explicaciones. Y si bien no logró precisar qué lo llevaba a semejante medida, la argumentación oficial apuntaba a la pretendida razón de “investigar el atentado de la AMIA”.
Una pretensión virtualmente imposible de ser llevada adelante dado que, obviamente, el régimen iraní no iba a permitir que se indagara, procesara y condenara a los acusados, muchos de los cuales eran (y son) altos jerarcas persas.
Como era previsible, Teherán jamás aceptó entregar a los acusados de haber diseñado y ejecutado el atentado. Pero el memorándum permitió a los ayatolás mostrarse con voluntad de negociación internacional, en momentos en que se encontraban en plena negociación del acuerdo nuclear con la administración de Barack Obama, con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y junto a Alemania.
Irán no es un país más. Heredero de una cultura milenaria y una sociedad sofisticada, su dirigencia shiíta no se concibe sino destinada a ejercer un rol hegemónico en la siempre conflictiva región de Oriente Medio.
Una concepción que la enfrenta en una rivalidad ancestral con los sunitas, liderados por Arabia Saudita, Egipto y las monarquías del Golfo, países que mantienen cercanas relaciones con los Estados Unidos y con el Estado de Israel.
Irán era entonces, y sigue siendo probablemente, la mayor amenaza para la paz y la seguridad internacional a partir del hecho de que, su fanática dirigencia, combina el islamismo extremista con la utilización del terrorismo a gran escala junto a la vocación por conseguir armas nucleares.
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Un extremo que desatará una carrera de proliferación en la región más caliente del mundo y que, al mismo tiempo, provocaría un Holocausto nuclear por parte de un régimen que, con sus principales figuras, afirma la vocación de eliminar a Israel del mapa.
Diez años más tarde, debemos recordar que aquel siniestro pacto con Irán, constituyó uno de los mayores errores de política exterior de la historia reciente argentina.
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