La larga y constante lucha del colectivo de personas con discapacidad ha tenido muchas conquistas, pero quizás una de las más importantes ha sido la del cambio de paradigma. Existe un consenso teórico que indica que la discapacidad surge de la interacción entre condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que generan desigualdades: es lo que llamamos perspectiva social de la discapacidad y rige los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Sin embargo, esta perspectiva de derechos humanos no ha logrado aún imponerse en las instancias de decisión de políticas públicas para que la sociedad sea realmente inclusiva.
Les quiero compartir a los lectores un dato realmente preocupante: en la Ciudad de Buenos Aires, cerca del 75% de las personas con discapacidad no logra conseguir un trabajo. Lamentablemente el Estado no cumple con la Ley 1502, que establece que al menos el 5% del total de empleados deben ser personas con discapacidad; apenas alcanza el 2%. No existen políticas efectivas que estimulen la contratación por parte del sector privado de personas con discapacidad. Por eso, hemos propuesto una infinidad de iniciativas que abordan la situación pero no hemos obtenido el apoyo de otros bloques para que sean tratados. Presentamos un proyecto de ley para dar incentivos a las empresas porteñas que tengan personas con discapacidad dentro de su planta de empleados, otro para crear un fondo destinado a promocionar emprendimientos productivos desarrollados por personas con discapacidad, entre muchos otros.
Por otro lado, habitar y desplazarse por la Ciudad resulta una tarea imposible para personas con discapacidad. Desde hace varios años el sector inmobiliario viene presionando para que se le permita construir viviendas con superficies cada vez más pequeñas. En 2018, la Legislatura aprobó una modificación al Código de Edificación que habilitó la construcción de departamentos, que anteriormente eran de 27 m2 a ínfimos monoambientes de 18 m2. Una superficie tan chica implica baños pequeños, inaccesibles para usuarios y usuarias en silla de ruedas. Esto no solo impide que las personas con discapacidad puedan habitar una vivienda de esas características sino que atenta contra la sociabilidad ya que dificulta que visiten amigos, amigas, familiares o seres queridos.
Si queremos promover la inclusión efectiva para que las personas con discapacidad participen en todas las instancias de la vida en sociedad, debemos garantizar el derecho a trasladarse por nuestra ciudad. De la Encuesta Anual de Hogares se desprende el siguiente dato: el 43,6% de las personas con discapacidad encuentran obstáculos arquitectónicos en el servicio de subterráneos. La Justicia de la Ciudad demostró que aún hoy el 66% de las estaciones son inaccesibles para personas con movilidad reducida. Recientemente, presentamos una iniciativa para incorporar bicicletas tándem al Sistema de Transporte Público porteño. Este vehículo posee doble asiento y doble rodado, por lo que es adecuado para ser utilizado por personas ciegas o con autismo, junto a un acompañante. También propusimos un plan de accesibilidad para las estaciones de subtes y la implementación de transportes alternativos permanentes en los casos en que las modificaciones no sean posibles; tampoco tuvimos el acompañamiento necesario para que los proyectos sean tratados en el recinto.
La participación de las personas con discapacidad en las discusiones públicas sigue encontrando barreras que debemos eliminar urgentemente. Es fundamental que el conjunto de la administración pública se forme en materia de perspectiva de la discapacidad, para ello venimos insistiendo desde el 2020 en la necesidad de diseñar un curso de formación obligatoria para todos los agentes del Estado de la ciudad. También es importante que los canales por los que interactuamos con el Estado no presenten barreras y estamos trabajando para establecer criterios de accesibilidad para páginas web y aplicaciones oficiales.
Sólo la efectiva participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones y la incorporación de las organizaciones representativas en el diseño de las políticas públicas, garantizará que saldemos la deuda que tenemos como sociedad con este sector de la población.
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