El Gobierno en su laberinto tarifario

Con la llegada de las primeras olas de calor, comienzan a batirse records de consumo eléctrico y llegaron los cortes.

No es novedad que existe una causalidad directa entre el nivel de falla del servicio eléctrico, la realización de inversiones y las tarifas que pagamos. Este hilo de causalidad se rompió con el fin de la convertibilidad y luego de 20 años no encuentra solución.

El mayor atraso tarifario de la historia –2002-2016– no solo rompió la lógica de funcionamiento del sector, sino que genero otro problema sin solución: los subsidios.

La historia posterior es conocida, la restricción fiscal obligo a recomponer tarifas en poco tiempo en un entorno de inflación creciente y recesión que marco el humor social y a la administración Macri.

Llegamos a 2022, con la misma receta del 2002: congelamiento de tarifas e intervención de los entes reguladores, en un marco de emergencia publica permanente y una inflación que no da tregua. Con costos que crecen con la inflación y tarifas cuasi congeladas, la cuenta de subsidios de 2021 ya supera los USD 10.000 millones y la inercia nos muestra un 2022 con mas de USD 15 mil millones.

Pero este enorme volumen de recursos, que representa el 12% del gasto publico, se aplica a subsidiar la producción y la generación de energía, nada de esto llega a las empresas de distribución y transporte.

Es así como las principales distribuidoras eléctricas del AMBA y de gas natural en todo el país, muestran enormes perdidas en los últimos tiempos. Solo en los primeros nueve meses del año, las pérdidas acumuladas de Edenor y Edesur alcanzan casi $30.000 millones, una situación que las obliga a financiarse acumulando deudas por la energía vendida por casi $80.000 millones (a octubre 21). Una situación insostenible, y que nos proyecta un futuro con peor calidad de servicio.

Entretanto, el Gobierno se dirime en internas que se traducen en una suerte de parálisis regulatoria, con anuncios permanentes sobre aumentos segmentados de tarifas, que a más de dos años no se implementan y que además tiene pendientes las revisiones tarifarias extraordinarias y la renegociación de los contratos de servicios.

Como todo problema que no se enfrenta por lo general empeora, y este es el caso. El empecinamiento de mantener tarifas congeladas, con inflación anual por arriba del 50%, pone a las empresas (que no reciben subsidios… todavía), al borde del abismo. La contracara son los subsidios, que crecen para mantener congelado el precio de la energía que también esta dentro de nuestras facturas.

Estos subsidios son una verdadera bola de nieve, a 2021 representan el 3% del PBI que explican casi la totalidad del déficit público primario (no incluye intereses de la deuda) y que sin dudas estará en el centro de la negociación con el Fondo Monetario.

Recordemos que luego de un enorme esfuerzo, en abril 2019, las tarifas residenciales llegaron a cubrir el 81% del costo de generación eléctrica y el 95% del costo del gas en la factura final, es decir aún de forma discutible el tema tarifario estaba prácticamente resuelto.

Luego, políticas facilistas llevaron a la situación actual –las tarifas actuales cubren menos del 30% del costo de la energía eléctrica y menos de la mitad del costo del gas–, un laberinto al que el Gobierno entró sin ayuda cuando dicto la emergencia publica en diciembre 2019, volvió a congelar tarifas e intervino los entes reguladores; todo antes de la llegada del COVID y la cuarentena.

La coyuntura nos pone en una encrucijada, si se aumentan tarifas en línea con corregir los atrasos en transporte y distribución descriptos y achicar los subsidios a la energía, el costo social será alto y el impacto en inflación también.

Pero si no se ajustan, se pone en riesgo la prestación de los servicios públicos, la cuenta de subsidios alcanzará niveles difíciles de financiar y se transformará en un obstáculo de primera magnitud en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Durante 2021, las tarifas aumentaron 9% en promedio, ahora el gobierno anuncia aumentos del 20% para 2022, siempre por debajo de la inflación. Lo cual revela que se ha tomado la decisión de continuar acumulando distorsiones, que más temprano que tarde pasarán factura.

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