Entre los días 10 y 12 de noviembre tuvo lugar el 51° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Una de las particularidades de este encuentro estuvo dada por la elección de nuevos Comisionados y Comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de Jueces y Juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En ese marco, corresponde subrayar que la CIDH y la Corte IDH constituyen los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, del ámbito de protección regional al que puede acudirse frente a presuntas violaciones de derechos humanos por parte de los Estados (Estados miembros de la OEA, en el caso de la CIDH, y Estados partes, en el caso de la Corte IDH, en la medida en que hayan aceptado la competencia del tribunal), cuando éstas no encuentren una respuesta satisfactoria en el orden interno.
La función principal de la CIDH es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Entre sus competencias centrales se destaca la recepción de denuncias de personas, grupos de personas u organizaciones no gubernamentales, relativas a violaciones a derechos humanos, examinarlas y, en su caso, tramitarlas. Puede, en ese contexto, efectuar recomendaciones a los Estados y, eventualmente, someter los casos a la competencia de la Corte IDH. Asimismo, lleva adelante trascendentes tareas de promoción de derechos humanos, concreta visitas in loco a los Estados, publica informes especiales y adopta medidas cautelares.
Por su parte, la Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales.
Actualmente, la Corte IDH está integrada por: Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Presidenta; Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi (Chile); Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina); y Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). Frente a la finalización del mandato de cuatro de ellos (Elizabezh Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, Eduardo Vio Grossi y Eugenio Raúl Zaffaroni), se formularon siete candidaturas: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (Brasil), Verónica Gómez (Argentina), Nancy Hernández (Costa Rica), Maytrie Kuldip (Surinam), César Landa Arroyo (Perú), Miryam Peña (Paraguay) y Patricia Pérez Goldberg (Chile).
Durante la jornada de hoy, 12 de noviembre, los Estados partes decidieron que las cuatro vacantes serán cubiertas por: Rodrigo Bittencourt Mudrovitsch (Brasil), Nancy Hernández López (Costa Rica), Verónica Gómez (Argentina), Patricia Pérez Goldberg (Chile). Las Juezas y Jueces son elegidos a título personal de entre juristas “de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos”, según el Estatuto de la Corte IDH.
En relación con la composición de la CIDH, tres cargos debían renovarse y quienes resultaron electos fueron: Carlos Bernal Pulido (Colombia), Roberta Clarke (Barbados) y Joel Hernández García (México), este último ya formaba parte del órgano.
El proceso de elección acontecido genera una atención hemisférica en razón del significativo papel que desempeña el Sistema Interamericano, construyendo estándares obligatorios en materia de derechos humanos y promoviendo transformaciones de diferente índole en los derechos internos.
El vínculo de la República Argentina con los órganos del Sistema ha sido históricamente muy estrecho. La visita de la CIDH a nuestro país durante la última dictadura cívico-militar implicó una bisagra para la promoción de investigaciones por los delitos de lesa humanidad cometidos. Simultáneamente, las sentencias de la Corte IDH impactaron en reformas normativas y en políticas públicas que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida, sobre todo de los grupos más vulnerabilizadas.
En los últimos tiempos tanto la CIDH como la Corte IDH, han avanzado en el tratamiento de aspectos centrales para la realidad de nuestros pueblos. Los recientes criterios de la Corte referidos a la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sus Opiniones Consultivas relativas a la identidad de género, a la institución del asilo, a los derechos sindicales y la perspectiva de género, y a la figura de la reelección presidencial, acreditan la magnitud de este trabajo.
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