“Queda demostrado que el Estado te salva”. La frase fue pronunciada por una alta funcionaria del gobierno de la Provincia de Buenos Aires el 17 de marzo de 2020, y se transformó en la metáfora del “sesgo cognitivo” con el que el Gobierno Nacional decidió gestionar la pandemia.
Básicamente, en lugar de pensar la crisis como una oportunidad para impulsar un proyecto de unidad nacional con epicentro en la reconfiguración del sector privado para la generación de más y mejor empleo, el Gobierno se encerró en los viejos dogmas del cristinismo pre-2015: “El sector privado es malo, malo y malo”.
Corolario, abordaron la pandemia como si se tratara de un atajo para reorganizar la sociedad empoderando al Estado a expensas de los sectores productivos.
¿Era inevitable gerenciar la pandemia a partir de definir un trade off entre salud y economía? La respuesta a esta pregunta se contesta con el episodio de Vicentin: el gobierno decidió clausurar la posibilidad de establecer un marco colaborativo público-privado y buscar generar una respuesta sanitaria pensada para un país que afronta una década de estancamiento económico-social, y en su lugar, optó por polarizar contra el sector privado y gerenciar la pandemia sin miramientos económicos.
La saga anti-desarrollo atacó a los dos sectores económicos más dinámicos del país, que en la dramática situación por la que atravesábamos, podrían haber sido los grandes aliados para afrontar la pandemia: la economía del conocimiento y el sector agropecuario-agroindustrial.
La ofensiva contra el ecosistema digital comenzó con el congelamiento de la ley de Economía de Conocimiento durante 10 meses, la suspensión de la SAS (gestión digital de sociedades), la sanción de una ley (anti) teletrabajo, y las diferentes ofensivas del BCRA contra el ecosistema FINTECH. Es decir, un pack de normas que desincentivaron a uno de los pocos sectores que podrían haber sido una respuesta clave para la generación de inversiones y trabajo federal durante el 2020.
Por su parte, la ofensiva contra el sector agropecuario-agroindustrial se plasmó en el ya mencionado intento de estatización de Vicentin, la involución del nuevo régimen de biocombustibles (de cara a los desafíos ambientales futuros), la prohibición de exportación de carnes (USD 250 millones de pérdidas de exportaciones y 100.000 puestos de trabajo en riesgo), y la incertidumbre introducida con el fin de la concesión de la hidrovía.
Son estas dinámicas las que se esconden atrás de las cifras: según Cepal, Argentina tuvo una caída del PBI del 10,5% en 2020, mucho mayor a la sufrida en 2019 (2,1%), solo superada en la región por Perú (-12,9%) y Venezuela (-30%). En la misma línea, Ecolatina estima que durante el 2020 cerraron unas 20.000 pymes y se perdieron unos 100.000 empleos.
Esta contracción tiende a impactar en el mercado laboral. De acuerdo con un análisis sobre cifras oficiales, el empleo asalariado privado alcanzó su máximo de contratación en abril de 2018 (6,3 millones de trabajadores), tras lo cual se inició una destrucción persistente del empleo privado, que se agudizó en 2020.
El epicentro de ese dispositivo de polarización social y económica ha sido el Congreso de la Nación, el ámbito de dónde emana la agenda “realmente existente” del oficialismo. Por eso, es cierto, en las elecciones de término medio no se juega la democracia. Pero sí se juega mucho más que una renovación de las bancadas: la posibilidad de poner un límite al sesgo anti-desarrollo, anti-creación de empleo e inversión privada del Frente de Todos.
Incluso aquellos votantes independientes y de buena fe, que se ilusionaron con la primavera aperturista que escenificó Alberto Fernández allá por 2019, deberían analizar si hoy ayudar al Presidente no es sinónimo de votar en contra del Frente de Todos en el Congreso de la Nación.
Ningún país se ha desarrollado en contra del sector privado. Argentina no será la excepción. La elección no es solo entre partidos políticos. La elección es entre crecer con el sector privado o decrecer bajo la asfixia de la agenda que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación.
¿Hay alguna metáfora para el país en la performance de los equipos argentinos en los juegos olímpicos? Le preguntó el periodista Ernesto Tenenbaum a Sergio Vigil, ex entrenador de las Leonas. “Cachito” respondió con una repregunta: ¿somos un equipo? Inmediatamente afirmó: “Trabajar en equipo requiere generosidad, solidaridad, respeto, compromiso, acuerdos, empatía, dejar de lado el ego, saber que luchamos por un objetivo en común, que no somos enemigos”. El sector privado no puede ser el enemigo del Estado y el Congreso Nacional. Parece una afirmación de sentido común, pero constituye la dinámica central que se define en esta elección.
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