El paradigma de la cordura

En la Argentina de hoy, mientras seguimos calculando el impacto de la pandemia, comenzamos a digerir el duro panorama que enfrentaremos como sociedad en el corto y mediano plazo.

Los efectos de la crisis sanitaria, sumada a una cuarentena de inexplicable duración, profundizaron problemas históricos y estructurales que, junto al cierre prolongado de escuelas, generó una emergencia educativa sin precedentes.

Con una pobreza que en los menores de 14 años es del 57,7%, y que en el conurbano bonaerense supera el 51%, resulta difícil entender que el debate educativo actual se centre en cuestiones ideológicas sin sustento estadístico y alejado de la realidad de los estudiantes, sobre todo de quienes menos recursos tienen.

La profundización de la desigualdad educativa, fruto de las clases virtuales, y la incertidumbre económica que recrudece en nulas expectativas de creación de empleo, plantean un sombrío mix que marcará a toda una generación.

A nivel laboral, la falta de políticas claras presenta también otro frente desolador. El 80% de los argentinos cree que hoy es más difícil conseguir trabajo, creencia que se corporiza en concreto en la vida diaria de casi todos los segmentos.

Los indicadores sociales y económicos reflejan el tamaño del desafío que obligatoriamente debemos transitar. Ante este contexto, la política en general está centrada en debates coyunturales.

Es menester comenzar a pensar en políticas de Estado que trasciendan transversalmente los partidos y los gobiernos, abandonando el cortoplacismo con el que continuamente toma decisiones al oficialismo nacional.

La pandemia pasará, pero el impacto de las decisiones erráticas que se tomaron en este tiempo lo sufriremos por décadas.

Las únicas herramientas de transformación real en una sociedad son el acceso a la educación con conectividad a la vida laboral y el empleo de calidad, fomentando en los jóvenes un proyecto de vida sustentable.

Educación y trabajo siguen siendo dos áreas tradicionalmente importantes en materia de políticas públicas, que nuestro país, en pleno siglo XXI, aún no logró sentar las bases para avanzar hacia otras áreas de trabajo, propias de los países desarrollados.

Entonces, podemos identificar problemas urgentes de corto plazo y graves de mediano plazo. Por un lado, lo más inmediato que nos debe ocupar es la revinculación de los estudiantes que tuvieron nulo contacto con sus docentes y que, en el peor de los casos, abandonaron la escuela.

Se estima que más de un millón y medio de alumnos abandonaron sus trayectorias educativas durante el 2020, lo cual afectó mayoritariamente a estudiantes en contexto de vulnerabilidad.

Por otro lado y en estrecha relación con lo dicho anteriormente, hay que generar las condiciones educativas para conectar a las escuelas con los empleos del futuro.

La pandemia del coronavirus golpeó al mundo en el medio de un proceso de transformación tecnológica en el que algunos empleos serán destruidos, reconstruidos y otros serán creados.

Finalmente, para la generación de empleo genuino resulta urgente dinamizar la economía y dejar de acudir a medidas de corto alcance, que restringen la creación de puestos de trabajo. La rigidez del mercado laboral con medidas como la prohibición de despidos o la doble indemnización, han fracasado en su objetivo y han impedido la generación de empleo.

Tenemos ejemplos de continuidad de políticas que generan esperanza a futuro. En 2004 el hoy oficialismo sancionó la “Ley de Promoción del Software”, que creó un régimen de promoción de las empresas de software por un período de 10 años, el cual fue prorrogado en 2011 hasta 2019. En este último año, ante el vencimiento del régimen, el Gobierno de Cambiemos recogió los frutos de esta buena política y sancionó la “Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento”, con el mismo espíritu que la anterior, pero ampliando los rubros alcanzados, centrándose en los empleos del futuro.

Ya en 2017, el gobierno del ex Presidente Mauricio Macri había sancionado la “Ley de Capital Emprendedor” que, entre beneficios y facilidades de acceso a la inversión, creó las sociedades de acciones simplificadas (SAS) que se constituyen en 24 horas, reduciendo al mínimo la burocracia estatal de la Inspección General de Justicia (IGJ). Hasta 2019, por este mecanismo fueron generadas 30 mil empresas y 47 mil puestos de trabajo genuino.

Resulta muy difícil entender que, en una de las crisis más duras de la Argentina, el actual Gobierno Nacional siga pensando sólo en la política como método de construcción de poder, poniendo trabas a esos avances. En primer lugar, logró limitar el alcance de la Ley de Economía del Conocimiento, con una reforma en el congreso durante el 2020. Seguidamente, trataron de terminar con las SAS, aunque tras un amparo presentado por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), la justicia suspendió las siete regulaciones impuestas que afectaban la constitución y el funcionamiento de las SAS.

Cuando priman las medidas de corto plazo y la vieja política, los resultados son siempre los mismos. La grieta no puede seguir rigiendo los destinos de nuestro país. El camino es la continuidad de políticas de Estado formuladas en base al consenso y que inserten a la Argentina en el mundo.

Es inaceptable esperar más tiempo. Tenemos la obligación de convencer a quienes perdieron el rumbo y la cordura, que no existen atajos mágicos para enfrentar las consecuencias de esta nueva realidad. Trabajar unidos, respetando las reglas y pensando a largo plazo es el único camino.

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