Impuesto a la riqueza: otro error que puede corregirse

“Un hombre tenía un árbol que le daba comida. A su vez, sus ramas secas servían para prender fuego y tener calor en invierno. Un año el invierno fue más frío que lo normal. En un arrebato, el hombre taló el árbol y obtuvo calor. A los pocos meses murió: ya no tuvo que comer”. Podría ser una fábula de la antigua Grecia, pero es la preocupante descripción del proyecto de ley del popularmente conocido “impuesto a la riqueza”. Vamos a analizar el proyecto de ley y sugerir alternativas para evitar que pase como en la fábula.

¿Cómo es el proyecto de aporte extraordinario y obligatorio? Se establece que los patrimonios de personas humanas y sucesiones indivisas que contengan activos superiores a $200 millones estarán alcanzados por una alícuota del 2%, que se incrementará hasta el 3,5% para el caso de los más acaudalados. Para los residentes del país que tengan bienes en el exterior, todas las alícuotas se incrementa un 50% más. ¿Cuál es el problema de este impuesto? Demasiados.

Primero, arranca distorsionado en su espíritu. Los $200 millones de pesos puestos como mínimo para ser alcanzado por el impuesto representaban USD 3,45 millones a principio del año calendario. Ahora, por la inflación y devaluación, representa apenas USD 2,63 millones. Cuando se promulgue esto será aún menor, por lo que el impuesto se empezará a cobrar (a moneda constante) sobre un monto muy inferior del que se pensó originalmente.

Segundo, los patrimonios afectados pagarán dos impuestos distintos recaudados por el mismo nivel del Estado sobre la misma base imponible (bienes personales e impuesto a la riqueza). Como está planteado, tendrá alta judicialización y el resultado para el fisco es altamente incierto. De hecho, en el caso Gaviglio, Hilario José podemos ver antecedentes donde el Tribunal Fiscal de la Nación falló en contra del fisco sobre la doble imposición sobre un mismo activo, en este caso un inmueble rural que el fisco pretendía gravar con el Impuesto a los Bienes Personales y con el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

Tercero, no existirán bienes excluidos o exentos de ningún tipo, elementos que siempre el legislador tiene en cuenta para respetar lo establecido en nuestra Constitución nacional, donde se consagra que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Así es que entran dentro del impuesto tanto los bienes no productivos y generalmente definidos como ahorro, como aquellos que están destinados a la producción y al empleo. Se puede afirmar sin exagerar que es un impuesto a la producción, igual que el árbol de la fabula inicial.

Finalmente, el impuesto a los bienes personales ya va contra la fuerte tendencia mundial de abandonar por su impacto negativo sobre la inversión. De los 36 países de la OCDE, sólo 4 aún sostienen un impuesto parecido (Francia, Noruega, España y Suiza) y todos lo hacen sobre activos netos de deuda (no activos brutos como en Argentina). Podría pasar que el mundo esté mayoritariamente equivocado y aún no haya entendido las ventajas de este impuesto. En principio sería más conveniente pensar que nosotros estamos muy equivocados. De hecho, el sólo avance del impuesto aceleró la emigración fiscal (y de talento) y desalentó la inversión.

¿En un contexto de pandemia hay otras alternativas? Sí, en las situaciones de la vida pocas veces no hay alternativas. Una posibilidad es trabajar sobre el gasto sin modificar en nada empleo y salarios estatales, ni transferencias a sectores más necesitados. Aquí hay al menos dos lugares para mejorar: reducir corrupción en los gastos estatales y reducir los subsidios asignados a las clases altas. Distintas estimaciones dan cuenta de que la corrupción relacionada al gasto estatal se lleva entre un 2% y un 5% del PBI. Otro tanto (hablamos de varios puntos del PBI) se lograría dejando de subsidiar transferencias a los niveles de ingresos más altos (por ejemplo, las naftas). Como se ve, en el gasto estatal hay muchísima tela para cortar sin afectar las políticas sociales.

Y aún queda otra opción: ampliar la base de recaudación. La informalidad afecta casi a la mitad de la economía, según qué midamos. Con el diseño impositivo actual, esta informalidad es en parte resultado de la presión impositiva. Como ya se ha reportado ampliamente en los medios, la presión impositiva teórica sobre las empresas (sumando impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales) es superior a toda su rentabilidad, casi empujando a muchas empresas a evadir para sobrevivir. Vale la pena destacar que la evasión fiscal en países con un gasto estatal sobre PBI parecido al de Argentina (Suecia, Noruega, Finlandia, por ejemplo) es inferior al 20 por ciento. Un buen diseño impositivo sería condición necesaria (no suficiente) para aumentar la recaudación impositiva en varios puntos del PBI.

Ante tantas opciones, el Gobierno optó por la menos creativa, la que, junto con la emisión, más daño hace a la economía. Más aún, es tan malo este impuesto para la economía que afectará seriamente la recuperación el próximo año, deteriorando la competitividad electoral del gobierno. Esto es, con altísima probabilidad será un tremendo daño auto infligido. El Gobierno está a tiempo de poner racionalidad a la política económica y fiscal, frenando este disparate. Ojalá reaccione a tiempo.

Vassolo es profesor del IAE Business School, Universidad Austral y Aller es consultor especializado en finanzas e impuestos