Un juez federal otorgó una suspensión provisional al Club América que le permitirá disputar partidos con público en el Estadio Ciudad de los Deportes, luego de que la Alcaldía Benito Juárez ordenara que el encuentro contra Pachuca del pasado 30 de agosto se realizara a puerta cerrada.
La medida judicial revoca temporalmente la decisión de la autoridad local, que había argumentado “riesgo alto” para justificar el cierre del recinto.
La controversia se originó tras una serie de incidentes reportados por vecinos y personal operativo del estadio, en el marco del operativo “Estadio Seguro”.
Según la jefatura del gabinete de la alcaldía, se registraron bloqueos viales no contemplados en el plan de seguridad, además de un caso en el que una vecina fue impedida de acceder a su domicilio mientras atendía una emergencia médica familiar.
Estos hechos fueron considerados por la alcaldía como indicios de una gestión deficiente del entorno urbano durante los eventos deportivos, lo que motivó la restricción de acceso al público.
Ante esta decisión, el Club América promovió un juicio de amparo argumentando que la medida carecía de fundamento legal y que generaba daños de difícil reparación, tanto económicos como operativos.
El juez federal coincidió con esta postura y resolvió que, mientras se define la situación legal de fondo, el equipo podrá celebrar sus partidos con público, siempre que se respeten los aforos y protocolos de seguridad previamente autorizados.
La suspensión provisional se sustenta en los artículos 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, que permiten medidas cautelares cuando no se advierte perjuicio al interés social ni contravención de disposiciones de orden público.
En este caso, el juez consideró que la restricción impuesta por la alcaldía no cumplía con estos criterios, por lo que ordenó su revocación temporal.
La resolución judicial tiene efectos inmediatos y estará vigente hasta que se notifique a las autoridades responsables sobre el fallo definitivo.
Mientras tanto, el América podrá continuar con sus actividades deportivas en el Estadio Ciudad de los Deportes, incluyendo la asistencia de aficionados, lo que representa un alivio para la logística del club y para los seguidores que habían manifestado su inconformidad con el cierre.
Este caso pone en evidencia la tensión entre autoridades locales y organizaciones deportivas en torno al uso de espacios públicos y la gestión de eventos masivos.
También abre un debate sobre los alcances legales de las decisiones administrativas en contextos de seguridad urbana, especialmente cuando afectan derechos de terceros como el acceso a espectáculos deportivos.
La resolución definitiva del amparo será clave para establecer precedentes sobre la regulación de estadios en zonas habitacionales.
