Luego de la presentación del Plan B de la reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria informó durante su conferencia matutina que el proyecto será enviado al Senado de la República para su análisis y discusión.
El plan contempla diversas propuestas orientadas a reducir privilegios y gastos en diferentes niveles de gobierno.
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó su rechazo a la iniciativa al declarar que “no hay necesidad ni de verlo, porque, pues, ya lo hemos visto, lo han dicho, pues eso es querer quedar bien con el Gobierno, siempre con una posición fría, alejada de la realidad y de no ver que hoy tenemos que estar todos juntos, porque ya quedó claro que partidos de oposición y partidos aliados al gobierno juntos detenemos a Morena”.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Moreno Cárdenas adelantó que votará en contra “de esa locura del Plan B”.
Según el líder priista, la propuesta constituye “una versión terrible” que se enfoca en recortes a los congresos locales y no aborda ningún problema real, lo que, a su juicio, solo perpetúa la concentración del poder. Añadió que se trata únicamente de un discurso sin cambios trascendentales.
¿En qué consiste el Plan B de Sheinbaum?
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que el Plan B de la reforma electoral se basa en el principio de “tener menos privilegios y más participación ciudadana”. Entre las medidas presentadas se encuentran:
- Reducción del número de regidurías en los municipios, estableciendo un mínimo de 7 y un máximo de 15.
- Limitación a una sola sindicatura por municipio.
- Los ahorros obtenidos de estas medidas deberán destinarse a obras de infraestructura pública en municipios y estados.
- Tope presupuestal a los congresos locales, fijando un máximo del 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.
- educción progresiva del gasto en el Senado hasta alcanzar un 15% menos.
- Eliminación de privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales para funcionarios públicos.
- Prohibición para que consejeros, magistrados y altos funcionarios ganen más que la presidenta de México.
- Obligatoriedad para los partidos políticos de transparentar las remuneraciones de sus dirigentes.
- Reporte en tiempo real y mediante sistema bancarizado de las operaciones financieras de los partidos políticos.
- Tope de remuneraciones para dirigentes de partidos: máximo 1,500 UMAS, equivalente al salario de la presidenta.
- Prohibición de recursos ilícitos, de origen no comprobable, del extranjero y de aportaciones en efectivo para partidos.
- Fortalecimiento de la revocación de mandato para la presidencia, permitiendo a la ciudadanía decidir si la persona titular debe continuar en el cargo.
- La consulta de revocación de mandato se llevará a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno (2027 o 2028, según corresponda).
