La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, con el cual se buscará hacer una “inversión histórica” en más de mil 500 proyectos, a través de distintos tipos de esquemas, entre ellos el mixto.
En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que los dos pilares de la inversión pública son: el crecimiento económico y el desarrollo de los servicios básicos.
En este sentido, precisó que los recursos se canalizarán en ocho sectores: el 54.15% de la inversión estará enfocado en energía, seguido por trenes, con 15.63%, carreteras, con 13.94%, puertos, con 6.48%; y salud, con 6.23 por ciento.
Mencionó que se asignarán montos menores a proyectos para el suministro de agua, con 2.83%; educación, con 0.34%; y aeropuertos, con 0.04 por ciento.
Según el plan, para 2026 la inversión representará el 2.5% del PIB en el Proyecto de Egresos de la Federación, y habrá un esfuerzo adicional para sumar un 1.9% del PIB –722 mil millones de pesos– que provendrá de mecanismos mixtos.
Al delinear esta hoja de ruta, la administración organizó un análisis individual de más de mil 500 proyectos “para garantizar sostenibilidad y pertinencia técnica”.
El funcionario federal indicó que como parte de la estrategia, la presidenta coordinará un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, encargado de priorizar, dar seguimiento y resolver de forma oportuna problemas de ejecución.
La presidenta Sheinbaum explicó que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar tiene como objetivo fortalecer el Plan México y los recursos se sumarán a la inversión de poco más de 900 mil millones de pesos que ya estaba contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
“¿Cuánto en todo el sexenio? Lo que nos queda de aquí al 2030, 5.6 billones de pesos, la mayoría es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex el año pasado, que tiene su característica financiera y otra parte es de inversión mixta.
“¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública o sea del gobierno con un privado o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, una comunidad”, explicó.
Agregó que no se trata de esquemas similares a las inversiones público-privadas, sino que se trata de un modelo de crecimiento con justicia social, de desarrollo sustentable con bienestar en el que el Estado mexicano no cede concesiones y no se adquiere financiamiento con grandes tasas de interés.
“Para todos y todas, esto es bueno para el país, porque nos va a permitir mayor desarrollo con equidad, con bienestar, con justicia social, con protección al medio ambiente”, comentó.
Entre las innovaciones, el plan introduce vehículos de inversión que permiten acceso a financiamiento privado sin que el Estado pierda control ni rectoría sobre los proyectos estratégicos.
Los contratos mixtos, la transparencia y la armonización legal constituyen los ejes para asegurar que “el bienestar social y la soberanía sean prioridad”.
Ejemplos de inversiones mixtas incluyen la adquisición de trece plantas de Iberdrola y la construcción del Aeropuerto de Tepic, ilustrando la fórmula de acelerar infraestructura con capital privado bajo reglas y objetivos estatales, repartiendo beneficios y limitando riesgos para el erario.
El Estado retendrá la propiedad y el sentido social de las obras, fomentando al mismo tiempo la participación de agentes privados.
El plan también contempla el fortalecimiento de instituciones como el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Estas entidades recibirán mayores facultades para operar contratos mixtos en construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación de obras.
Además, se habilitarán esquemas bursátiles como FIBRA y FIBRA E e integración de mecanismos crediticios a través de la banca comercial y de desarrollo, con la SHCP supervisando estrictamente estos procesos.
La planeación estratégica incluye la creación de una base de datos nacional para planificar nuevas obras y proveer métricas transparentes, con indicadores para inversionistas y organismos de vigilancia.
Según el documento oficial, la ruta trazada busca garantizar “transparencia y certidumbre a través de la actualización de la normatividad, recursos de información, análisis técnico y estadístico para el seguimiento puntual de los proyectos”.
Además, el enfoque gubernamental subraya que el crecimiento económico debe ir acompañado de empleo bien remunerado, desarrollo regional, justicia social, conectividad y vivienda.
El plan se orienta a reducir la dependencia exclusiva del presupuesto federal, resguardando las finanzas públicas, impulsando el desarrollo regional mediante infraestructura básica y generando impactos directos o indirectos en entidades federativas y municipios.
