Una propuesta de reforma constitucional presentada en el Senado de la República busca habilitar la revocación de mandato para las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Apenas el pasado 1 de junio se llevó a cabo la primera elección del Poder Judicial, en la cual resultaron ganadores los actuales integrantes del máximo tribunal.
La iniciativa, impulsada por la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca y respaldada por integrantes del grupo parlamentario del PRI, plantea un mecanismo que permitiría a la ciudadanía solicitar la destitución de integrantes del máximo tribunal bajo condiciones específicas.
El objetivo central de la propuesta consiste en establecer un control ciudadano sobre el Poder Judicial, permitiendo que los ministros de la Suprema Corte puedan ser removidos de su cargo antes de concluir su periodo, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
Qué propone la iniciativa de revocación de mandato a ministros de la Corte
Según el texto de la iniciativa, la revocación de mandato solo podría solicitarse si al menos el 10 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores lo exige, y únicamente después de que haya transcurrido la mitad del periodo de encargo de la o el ministro en cuestión.
El mecanismo propuesto introduce una vía formal para que la sociedad participe en la evaluación y posible remoción de los altos funcionarios judiciales.
La exigencia de un porcentaje significativo de firmas y la restricción temporal buscan equilibrar la participación ciudadana con la estabilidad institucional.
La senadora Ávalos Zempoalteca encabeza la iniciativa, que cuenta con el respaldo de integrantes del PRI en el Senado, lo que otorga a la propuesta un peso político dentro del proceso legislativo.
La participación de este grupo parlamentario sugiere la existencia de un bloque de apoyo relevante para la discusión y eventual avance de la reforma.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa inicial del proceso legislativo, tras haber sido remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, donde será objeto de análisis y discusión antes de cualquier posible dictamen.
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La Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) había impuesto a casi 170 candidaturas por su aparición en los llamados “acordeones” durante la reciente elección del Poder Judicial.
La decisión de la Sala Superior implica el cierre de más de 400 juicios relacionados con la fiscalización de campañas judiciales, dejando sin efecto todos los expedientes abiertos por este motivo. Entre los sancionados figuraban algunos de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El tema de los “acordeones” provocó un fuerte debate en el Consejo General del INE, donde la calificación de la elección judicial dividió los votos entre dos bloques de consejeros. Las sanciones afectaban tanto a quienes resultaron electos como a quienes no obtuvieron la victoria, abarcando tanto materiales digitales como impresos.
