El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en enero próximo el proyecto para revertir la reducción del plazo del aborto voluntario en Aguascalientes, que se aprobó en el 2024.
De acuerdo con el colectivo, la Corte resolverá el 6 de enero del 2026 la Acción de Inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada 173/2024, que presentó el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Código Penal de Aguascalientes.
Estas impugnaciones cuestionan la validez de los artículos 101, 103 y 196, los cuales penalizan el aborto voluntario posterior a la semana 6 de gestación, imponen requisitos estrictos para determinar causas justificadas de aborto, y contemplan sanciones por conductas culposas que provoquen abortos.
El proyecto, elaborado por el Ministro Irving Espinosa Betanzo, propone declarar inconstitucional ese conjunto normativo, señalando que restringe la autonomía reproductiva de mujeres y personas con capacidad de gestar de forma más severa respecto del texto previo a la última reforma.
Además, establece que la penalización del aborto incumple con la obligación estatal de respetar y garantizar el derecho a la salud, al desincentivar la prestación segura de este servicio y fortalecer la estigmatización social sobre la interrupción del embarazo.
GIRE recordó que la controversia surge tras la reforma aprobada el 28 de agosto de 2024, cuando el Congreso de Aguascalientes, que ocho meses antes había despenalizado el aborto hasta la semana 12.6 tras una sentencia de la Corte, optó por reducir el límite a seis semanas.
La organización advirtió que esta modificación desconoció el criterio del máximo tribunal y contradijo recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consideran las 12 semanas como el mínimo razonable.
En su análisis, el proyecto de sentencia sostiene que criminalizar el aborto consentido o autoprocurado anula el derecho a decidir sobre la maternidad, pues configura esta conducta como delito y prevé penas de prisión, incluida la etapa inicial del embarazo.
El documento, según GIRE, también enfatiza que utilizar el derecho penal para proteger la vida en gestación resulta incompatible con los principios de un Estado democrático, por lo que propone alternativas como políticas de salud pública y educación sexual integral para acompañar la toma de decisiones.
Finalmente, GIRE llamó a garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en Aguascalientes y eliminar las barreras legales que obstaculizan su ejercicio, conforme a los estándares señalados por la Corte y la OMS.
