Sancionan a más de 20 empresas de seguridad privada en 2025: revelan desafíos estructurales en la regulación del sector

Las acciones se llevaron a cabo luego de que se detectaran faltas en la actualización de información, exámenes médicos y cumplimiento de estándares legales

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El incumplimiento de la Ley
El incumplimiento de la Ley Federal de Seguridad Privada y su reglamento motiva la difusión pública de resoluciones para prevenir riesgos y garantizar transparencia. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

A lo largo del 2025, la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) del Gobierno de México, ligada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades federales impusieron sanciones administrativas a más de 20 empresas de seguridad privada en México por no cumplir con disposiciones legales y reglamentarias, según la información obtenida por Infobae México.

Las faltas detectadas incluyen desde omisiones de registros de sucursales, personal, equipamiento, uniformes, capacitación obligatoria hasta las pruebas de control de confianza.

La DGSP solicita estándares de
La DGSP solicita estándares de derechos humanos y portación reglamentaria de credenciales y uniformes en el personal operativo. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Las primeras sanciones a compañías de seguridad privada

Entre las empresas sancionadas figura Águilas y Servicios de Seguridad Privada, S.A. de C.V., a la que se le atribuyó no registrar altas y bajas de personal, equipamiento, modelos de uniforme y resultados de exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos.

La multa, registrada el 6 de enero de 2025 bajo el número de caso DGSP/DELC/PAS/061/2024, quedó asentada en el expediente 141/2017. De acuerdo con el reporte de la DGSP, la firma omitió acreditar el alta de sucursales, elementos directivos y administrativos, así como no presentar los exámenes reglamentarios para nueve operativos.

En la misma línea, Asesores en Riesgos, Crisis, Investigaciones y Seguridad Internacional, S. de R.L. de C.V. recibió una sanción el 10 de enero de 2025, con expediente 167/2018, por omitir actualizar información y registro de sucursales y personal, acreditar domicilios, registrar bajas de personal, así como presentar resultados de exámenes médicos y documentar la capacitación laboral (DC-3) de 22 operativos.

Infobae constató que durante las visitas de verificación a estas empresas, varias irregularidades se subsanaron después de la inspección.

Las multas y amonestaciones públicas
Las multas y amonestaciones públicas alcanzan hasta 325.710 pesos por irregularidades en la gestión de personal y documentación en el sector de seguridad privada. (Archivo Infobae)

Incumplimientos del sector seguridad privada

Otras compañías sancionadas, como Indumil, S.A. de C.V. y Grupo CISCOP, S.A. de C.V., acumularon omisiones relacionadas con la acreditación de modalidades de servicio, registros de uniformes, altos y bajas de personal administrativo y operativo, incumplimiento con exámenes médicos y señalización reglamentaria de oficinas.

En el caso de Grupo CISCOP, la resolución administrativa del 22 de enero de 2025 resaltó la falta de capacitación comprobada para el total de elementos operativos y la ausencia de documentación homologada para capacitadores externos.

Algunas sanciones, como la impuesta a Plentum Soluciones, S.A. de C.V. el 12 de marzo de 2025, incluyeron amonestación pública y multas superiores a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), como resultado de omisiones en registros y acreditaciones, así como incumplimientos en la capacitación y documentación oficial del personal.

Las inspecciones revelan que varias
Las inspecciones revelan que varias compañías operaban sin autorización, desacataban suspensiones y carecían de señalética reglamentaria en sus servicios. (Archivo Infobae)

Empresas con servicios no autorizados

En otros expedientes, las autoridades detectaron empresas prestando servicios en modalidades no autorizadas, como fue el caso de Estrategia y Tecnología en Seguridad Privada, S.A. de C.V., que recibió sanciones tras comprobarse la prestación de servicios de alarmas y monitoreo electrónico sin autorización, desacato a medidas de suspensión y ausencia de señalética reglamentaria.

Destaca el número de empresas sancionadas por faltar a la obligación de presentar y mantener actualizadas las pruebas de control de confianza, así como la capacitación y portación debida de credenciales y uniformes, incluyendo las exigencias en materia de derechos humanos para personal operativo.

Según registros, compañías como Servicios Privados de Seguridad I, S.A. de C.V., Centauri Vigilancia, Protección Personal y Seguridad Privada, S.A. de C.V. y NSU Protección, S.A. de C.V. rebasaron las omisiones al no reportar altas y bajas de personal, equipamiento y documentación sobre actualización de competencias laborales.

La aplicación de sanciones varió entre amonestaciones públicas, multas que alcanzaron montos de hasta 325 mil 710 pesos y procedimientos de suspensión o negación de revalidación de permisos, según expuso la Dirección General de Seguridad Privada.

Algunas compañías lograron subsanar irregularidades posteriormente, pero la reincidencia y la multiplicidad de faltas motivaron la difusión de las resoluciones administrativas y la suspensión temporal de actividades en ciertos casos.

La DGSP sancionó a más
La DGSP sancionó a más de 20 empresas por irregularidades. (Archivo Infobae)

Seguridad privada con omisión de información

En este periodo, también figuran sanciones relevantes contra firmas como Security Plus Technology Private Malugo, S.A. de C.V., GRUPO SERCLA, S.A. de C.V., Grupo Selitran, S. de R.L. de C.V., Servicios Integrales Pesados, S.A. de C.V., Estilo e Imagen Models Groupe, S.A. de C.V., Moro Electronic Systems, S.A. de C.V. y Lojack de México, S.A. de C.V., por irregularidades que incluyen desde omitir información sobre responsables en sucursales, hasta la ausencia de registros operativos, baja de equipo, y falta de elementos de identificación y seguridad en los uniformes.

Las disposiciones incumplidas corresponden principalmente a los artículos 12, 13, 25, 28 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, así como múltiples fracciones del Reglamento correspondiente, enfocados en certificar la capacidad, confiabilidad y trazabilidad de los servicios de seguridad privada.

Las resoluciones administrativas han sido difundidas públicamente para garantizar transparencia y prevención de riesgos, conforme a los lineamientos marcados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.