
Las recientes reformas impulsadas por Morena en el Congreso de la Unión sobre la Ley de aguas y la prohibición de vapeadores han sido calificadas como una muestra de “visión autoritaria y prohibicionista” por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.
El dirigente advirtió que estas medidas representan una intromisión excesiva en la vida privada y vulneran derechos fundamentales.
Romero Herrera destacó que la prohibición total de vapeadores y cigarros electrónicos no ha demostrado ser eficaz en ningún país, ya que “los productos no desaparecen, se van a la informalidad, aumentan los riesgos para quienes los consumen, particularmente los jóvenes, y eliminan cualquier posibilidad de regulación responsable”.
Según el líder panista, la medida solo traslada el consumo a mercados informales sin controles de calidad ni vigilancia sanitaria, lo que incrementa los riesgos para los usuarios.

PAN sobre Ley de Aguas
En relación con la nueva legislación en materia de aguas, el presidente del PAN denunció que la norma reduce la autonomía local y permite el uso político del recurso.
“Pretenden decidir desde la Ciudad de México cómo opera cada pozo, cada tubería y cada sistema municipal; permite el uso político del agua e impone reglas absurdas. El agua deja de ser un derecho humano estable y se convierte en un permiso que la Federación puede modificar o retirar”, afirmó.

Romero Herrera señaló que, gracias a la presión del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, se logró frenar algunas sanciones excesivas inicialmente propuestas.
No obstante, subrayó que la prohibición total sigue siendo un error de fondo, ya que “una prohibición total no elimina el consumo. Lo que hace es empujar a los usuarios a puntos de venta ilegales, donde no existe ningún control sanitario ni garantía sobre lo que se consume”.
El dirigente concluyó que el PAN apuesta por la regulación y la elaboración de reglas claras, en lugar de prohibiciones sin análisis ni alternativas, y defendió la necesidad de respetar la libertad individual y garantizar derechos fundamentales.


