La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene un proceso de investigación abierto en contra de María Amparo Casar, académica y actual presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el posible delito de uso ilícito de atribuciones para hacer el cobro de una pensión vitalicia a Petróleos Mexicanos (Pemex).
No obstante, el órgano de justicia federal detalla que dicha indagatoria no es reciente, dado que esta última se encuentra en desarrollo desde el mes de septiembre de 2025:
“Sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la @FGRMexico precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente" (sic), se lee en la publicación.
Casi al final de la publicación, también se precisa que el caso Márquez Padilla ―por el cual se le investiga a Amparo Casar actualmente― se llevará, según, “sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico. Dicha respuesta, establece, por las ”versiones que señalan que el órganos trabaja ‘por consigna’“.
El caso Márquez Padilla: breve reconstrucción de las acusaciones judiciales
Los hechos de origen ocurrieron en 2004: César Márquez Padilla, entonces esposo de la intelectual, ingresó a Pemex el 1 de junio de ese año y falleció el 7 de octubre de 2004 luego de una caída desde el piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex. En ese momento. los peritajes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) calificaron en su momento el caso como suicidio.
Doce días después, el 19 de octubre, se solicitó el pago de la pensión post mortem y, desde enero de 2005, Casar comenzó a percibir la prestación.
En 2024 el conflicto escaló: Pemex suspendió el pago de la pensión y la controversia llegó a tribunales. Un juez federal ordenó la reactivación provisional del pago al considerar que, mientras no hubiera una resolución firme en sentido contrario, el derecho a la pensión debía mantenerse, lo que obligó a la petrolera a reintegrarla temporalmente. La disputa derivó en trámites civiles, administrativos y ahora en la vía penal.
Ahora, la FGR acusa que Casar —y en algunas notas se menciona también a dos de sus hijos— pudo haber intervenido o promovido trámites irregulares para obtener o mantener el pago, por lo que se abrió la investigación penal y se citaron audiencias para la imputación.
Una supuesta prueba de persecución política por parte de la 4T
El caso se ha enmarcado también en la confrontación política entre el Gobierno de México y figuras y organizaciones críticas a la administraciones de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). Casar y MCCI han denunciado presunta persecución política; en tanto, el expediente, además, ha sido objeto de cobertura internacional y posicionamiento mediático que discute tanto la legalidad de la pensión como la oportunidad de la acción penal.
A la fecha, existen múltiples frentes procesales: el tema civil/administrativo sobre la validez del derecho a la pensión, la vía laboral y la reciente judicialización penal. Sobre esa línea, diversas fuentes periodísticas reportan que Casar fue citada a una audiencia en el Reclusorio Oriente para responder a la imputación.
El expediente continúa su trámite y, legalmente, el caso tendrá que resolverse con base en pruebas documentales, administrativas y periciales. Dependiendo del resultado de la investigación penal y de la jurisdicción que analice el fondo del asunto, podría confirmarse o rechazarse la imputación.
