Tres militares murieron y un cuarto resultó herido luego de que un elemento de la Guardia Nacional presuntamente abriera fuego dentro de un cuartel ubicado en el municipio de Aguililla, Michoacán, en un hecho que ocurre en medio del reforzamiento de la seguridad federal en la entidad tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
El incidente armado ocurrió el sábado 6 de diciembre dentro de una instalación militar. De acuerdo con un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato, debido a que no está autorizado a declarar públicamente sobre el caso, a la agencia AP, un agente de la Guardia Nacional realizó varios disparos por causas que aún se investigan.
Como resultado del ataque, tres militares perdieron la vida de manera inmediata y otro más resultó gravemente herido. El elemento implicado fue detenido y permanece bajo custodia en Michoacán, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Las autoridades federales confirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, al tratarse de un hecho que involucra a fuerzas de seguridad federales y ocurrió dentro de un recinto oficial.
Coche bomba en Coahuayana y violencia sin freno
El ataque en Aguililla ocurrió horas después de la explosión de un coche bomba frente a una instalación de la policía en el municipio de Coahuayana, también en Michoacán, donde cinco personas murieron y al menos siete resultaron heridas.
Entre las víctimas mortales del atentado se encuentran tres policías comunitarios y el conductor del vehículo que explotó, informó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña. El ataque fue inicialmente catalogado como un acto de terrorismo, aunque posteriormente fue reclasificado como un hecho vinculado a la delincuencia organizada.
Sobre este cambio de tipificación, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que será necesario esperar el avance de las investigaciones y que corresponderá a la FGR aclarar por qué se modificó la clasificación inicial del ataque.
Ambos hechos, tanto el tiroteo en Aguililla como el atentado en Coahuayana, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República, que determinará responsabilidades y el móvil de los ataques.
Estos episodios generaron conmoción a nivel nacional y volvieron a evidenciar que, pese al despliegue de más de 10 mil elementos de fuerzas federales en Michoacán, la violencia no ha logrado ser contenida.
Violencia persiste pese al ‘Plan Michoacán’
Michoacán se ha convertido desde hace varios años en un punto estratégico para el crimen organizado, principalmente por la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos delictivos locales.
Ante el aumento de los hechos violentos, el gobierno federal envió el mes pasado casi 2 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional como parte del programa denominado ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, cuyo objetivo es combatir a las organizaciones criminales y recuperar el control territorial.
La presidenta Sheinbaum lanzó este plan tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, quien fue atacado a balazos en una plaza pública por un joven de 17 años que posteriormente fue abatido por un escolta.
La muerte del edil, de 40 años de edad, provocó protestas en Uruapan, Morelia y Apatzingán, donde la población exigió mayor seguridad ante el avance del crimen organizado en la región.
A esta escalada de violencia se sumó también el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la asociación de citricultores de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre, hecho que impactó directamente al sector productivo de uno de los principales estados agrícolas del país.
Michoacán es considerado el principal productor de aguacate y limón de México, actividades económicas que también han sido afectadas por la presencia criminal.
