La Huasteca Potosina enfrenta nuevamente una ola de incertidumbre después de que se diera a conocer la posibilidad de liberación de Filiberto “N”, nombrado como El Monstruo de Tamuín y/o La Bestia de Tamuín (acusado de asesinar a cinco mujeres, cuatro de ellas menores de edad) comenzó a inquietar a familiares de las víctimas y a colectivos de derechos humanos.
De acuerdo con recientes declaraciones de los familiares de las víctimas, Filiberto “N” podría quedar en libertad debido al avance judicial del caso, mismo que se ha visto mermado por los amparos y resoluciones inconclusas de las autoridades judiciales y el Ministerio Público.
Antecedentes del caso: un historial marcado por desapariciones y violencia
Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014, el municipio de Tamuín, ubicado al sur de San Luis Potosí, se volvió escenario de una serie de desapariciones y asesinatos cuya autoría fue vinculada a Filiberto “N”, instructor de karate, clase de zumba y catequista, perfiles que usaba como cuartada para desviar sospechas.
Las investigaciones policiales, reforzadas por declaraciones del propio acusado tras su detención en julio de 2014, revelaron un patrón meticuloso de selección, acoso y rapto de niñas y jóvenes, culminando en feminicidios que impactaron al ámbito local.
Las víctimas de Filiberto “N” incluían a:
- Rosa María Sánchez, de 15 años
- Adriana Martínez Campuzano, de 13 años
- Itzel Romany Castillo, de 11 años
- Dulce Jimena Reyes Rodríguez, de 9 años
- Eliehoenai Chávez Rivera, de 32 años
Todas ellas fueron reportadas como desaparecidas antes de que, tras la confesión del acusado, se localizaran sus restos en terrenos cañaverales de la región. Cabe señalar que en el caso de algunas, como Itzel, el acusado llevó a los agentes hasta el punto de abandono de los cuerpos, detallando el modo en que las privó de la vida.
Según testimonios recopilados por medios locales de la entidad, organizaciones de derechos humanos y videos publicados en redes sociales sobre su modus operandi, este individuo operó con total discreción, lo que dificultó la detección temprana de sus crímenes.
La confirmación de los hechos, en la mayoría de los casos, dependió de las pesquisas privadas y del seguimiento exhaustivo de familiares que, ante la falta de acción de las autoridades, optaron por tomar el control de la búsqueda.
Procesos judiciales e irregularidades: una década sin sentencia definitiva
Filiberto “N” permanece recluido en el penal de máxima seguridad de Gómez Palacio, Durango. Pese a la gravedad de los hechos imputados y a haber brindado detalles precisos sobre los asesinatos, el caso atravesó una serie de inconsistencias y omisiones a nivel judicial.
De acuerdo con familiares de las víctimas, las investigaciones originales estuvieron marcadas por la falta de diligencia: desde la ausencia de búsquedas efectivas en casos de desaparición hasta el desdén frente a denuncias de familiares, el proceso fue, según los propios afectados, lento y opaco.
En el caso de la joven Adriana Martínez Campuzano, cuya madre emprendió una lucha personal para esclarecer los hechos, las autoridades locales sugirieron que la menor había huido de su hogar, restando importancia a la gravedad de la desaparición.
El proceso posterior a la aprehensión de Filiberto “N” incluyó una confesión autoinculpatoria, posteriormente retractada bajo alegato de tortura, lo que abrió la puerta a múltiples recursos legales interpuestos por la defensa.
Asimismo, en más de una ocasión jueces han otorgado autos de libertad, argumentando deficiencias en la integración de pruebas y fallos en la investigación ministerial. Esta situación obligó a las familias a recurrir a organizaciones especializadas y a buscar nuevas vías de amparo para evitar que la totalidad de los crímenes quedaran impunes.
El papel de las autoridades fue constantemente cuestionado. Tanto la investigación policial como la integración de pruebas por parte del ministerio público resultaron insuficientes para garantizar un debido proceso.
La propia jueza de ejecución de penas, Rosa Elena Blanco, explicó recientemente que la prolongación del encarcelamiento del presunto feminicida obedece a la interposición de recursos legales.
“Todavía están detenidos debido a la defensa que él ha ejercido ya sea con recursos de apelación o de amparo que todavía no se encuentran resueltos, porque si tomáramos una sentencia sin tomar en cuenta esas resoluciones, estaríamos violando su derecho”, detalló la funcionaria para Multimedios.
El riesgo de liberación: recursos legales, apelaciones y temor a la absolución
La posibilidad de que Filiberto “N” obtenga su libertad se ha hecho real en varias ocasiones a partir de las resoluciones judiciales que, ante inconsistencias en su detención y acusaciones de tortura, han favorecido los planteamientos de la defensa.
La madre de una de las menores asesinadas, Sandra Campuzano, expuso la sensación de abandono institucional presente desde los primeros momentos.
“A mí no me han dado ningún resultado las autoridades, los organismos que deberían estar aquí acompañándome no lo ha hecho, yo estoy avisando que voy a venir y aquí estoy sola”, señaló tras recordarse la pérdida de pruebas y las justificaciones oficiales para reabrir diligencias.
Desde la organización Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el abogado David Peña enfatizó que:
“Hay una parte importante que el ministerio público está fortaleciendo su caso en la declaración autoinculatoria.
“Parece preocupante que el ministerio público haya dejado de lado todas las diligencias y pruebas y que no haya relacionado muchas pruebas, peritajes y testimonios para fortalecer el testimonio del propio Filiberto”.
