El término “huachicol” se refiere coloquialmente a la extracción ilegal, y posterior comercialización en el mercado negro, de diversos productos, principalmente hidrocarburos. Por ejemplo, en últimas fechas hemos tenido un bombardeo importante de notas referentes al huachicol fiscal.
En este sentido el uso del vocablo huachicol se empezó a usar para otro tipo de recursos, como el agua. En México tenemos una práctica creciente del robo, extracción ilegal y manejo clandestino de agua potable, así como del uso indebido de redes hidráulicas, con graves repercusiones para comunidades, el medio ambiente, la gobernanza y para el derecho humano al agua.
En días recientes el Subdirector General de Administración del Agua de la CONAGUA, Mauricio Rodríguez Alonso, afirmó en Palacio Nacional que dicha institución detectó más de 58 mil inconsistencias en los títulos de concesión de uso legal de aguas nacionales.
Lo anterior es un eufemismo para señalar que se huachicolea el agua de manera generalizada en territorio nacional. El dato es alarmante pues representa más del 10% de todos los concesionarios que existen en el país. Los problemas que conllevan este fraude son muchos y variados.
En primer lugar, el huachicol de agua contribuye a la inseguridad hídrica. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 16.1% de los hogares carecen de agua suficiente para hidratación, higiene o cocina. En muchas comunidades, el servicio es desigual y obliga a recurrir a pipas, pozos ilegales o incluso agua robada. Este fenómeno merma la distribución, eleva costos de operación y agrava la inequidad.
Ejemplos sobran: en el Estado de México se han detectado tomas clandestinas con carros bomba; en la CDMX, más de 200 reportes señalan conexiones ilegales en todas las alcaldías; en el sistema Cutzamala se estiman hasta 5,000 tomas clandestinas. Sólo en este caso, casi la mitad del agua producida se pierde entre fugas y huachicoleo.
El huachicol de agua no sólo resta volumen del recurso, también genera contaminación.
Un ejemplo de ello se dio en Nezahualcóyotl, donde agua mezclada con hidrocarburos llegó a viviendas debido a tomas de gasolina clandestinas. Esto no sólo compromete la salud inmediata, sino que expone a largo plazo a metales pesados, químicos persistentes y enfermedades gastrointestinales.
Otro problema que profundiza esta práctica son desigualdades sociales. Colonias y barrios periféricos y comunidades rurales son los más afectados: muchos deben comprar agua robada en pipas porque el suministro oficial es insuficiente. A pesar de que en 2022 se tipificó el robo de agua como delito grave en el Estado de México, no existe aún una sola sentencia de cárcel, lo que refleja la impunidad que lo alimenta.
El costo económico es también enorme. Se calcula que cerca del 40% del agua producida para uso urbano no llega al usuario por fugas, robo o ineficiencia. Esto encarece el servicio, limita la inversión en mantenimiento y evidencia el deterioro de una infraestructura hidráulica envejecida, vulnerable a tomas clandestinas.
A ello se suma la desconfianza institucional: redes ilegales operan con bajo riesgo de sanción y a veces con tolerancia social. En zonas donde el servicio oficial es deficiente, las familias optan por agua de huachicol porque es más accesible, aunque sea riesgosa.
La corrupción, la falta de transparencia y la débil aplicación de la ley sostienen este círculo vicioso.
Finalmente, otro problema importante que desencadena el huachicol es el impacto ambiental: al extraer agua sin control de acuíferos o presas, se altera el equilibrio hidrológico, se acelera la sobreexplotación y se reduce el caudal para ecosistemas y cultivos. Esto amenaza la seguridad alimentaria y vulnera las aguas subterráneas frente a contaminantes.
El huachicol de agua es una expresión más de la crisis hídrica nacional. No bastan declaraciones: se requiere inversión en redes modernas, detección de fugas, medición confiable, sanciones firmes, transparencia, participación comunitaria y monitoreo ambiental.
El agua no es infinita. El robo, la ineficiencia, la contaminación y la desigualdad frenan un acceso digno para todos. El huachicol de agua mina derechos humanos, degrada el ambiente y aumenta la fragilidad ante sequías y cambio climático. México no logrará sustentabilidad hídrica sin enfrentar con decisión esta práctica ilegal y devastadora.
Este jueves los Diputados continúan discusión para votar Ley de Aguas.
* Ramiro López Aguirre. Vicepresidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, “Agua en México”
