Tráfico de influencias, cohecho, evasión fiscal, enriquecimiento inexplicable, falsificación de documentos y fraude en la asignación de contratos, son algunas de las presuntas acusaciones relacionadas con empresas de limpieza.
A principios del mes de noviembre del presente año, la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) denunció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, así como a los dueños de las empresas prestadoras de los Servicios de Limpieza y Seguridad Privada.
Además, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, en días recientes, pidió la destitución de Javier Tapia Santoyo, al frente de la Secretaría de Administración del IPN, quien presuntamente proporcionó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos al llamado "Cártel de la Limpieza".
Movilizaciones contra el “Cártel de la limpieza”
El término fue acuñado por medios noticiosos y se hace referencia a una red de empresas beneficiadas con contratos millonarios y entre ellas figura Servicios Integrales Retimar, la cual ha sido beneficiada por varios contratos en el servicio público.
De acuerdo con múltiples notas periodísticas, no es un tema nuevo que en la comunidad politécnica las autoridades generales incurran en negligencia, así como en evasión de responsabilidades con los trabajadores.
Actualmente, Servicios Integrales Retimar es la proveedora del Politécnico por un monto de 2 mil 184 millones de pesos con 4 mil 459 empleados comprometidos, y hasta mediados de año la empresa sólo tenía a 2 mil 156 empleados afiliados en el IMSS.
Al considerar dicho desfase, además de otros contratos de la compañía, la evasión mensual calculada asciende a 7.5 millones de pesos en responsabilidades obrero-patronales; sin embargo, se aseguró que desde la llegada del funcionario al IPN, otras firmas del mismo grupo han sido favorecidas ya sea con procesos públicos o escritos de adjudicación directa, entre ellas Joad Limpieza y Servicios, Grupo Relissa Servicios Corporativos, Aseo Privado Institucional, Nano Limpieza, así como a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales.
Demandas y manifestaciones anteriores
Las demandas tanto de trabajadores como de estudiantes se remontan años atrás. Una de ellas ocurrió en 2021, año en el que Javier Tapia asumió el cargo de Secretario de Administración.
Desde su llegada comenzaron a realizar múltiples denuncias ante diferentes órganos institucionales internos y externos que comprenden delitos como fraude, contratos con simulación de competencia, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal a empresas que integran al llamado “Cártel de Limpieza”.
En junio de 2024, la empresa Gut and Glück tenía meses sin pagar el salario de sus miles de trabajadores y respondieron movilizándose, cerrando avenidas como en la actualidad. En uno de estos cierres frente al metro Ferrería, fueron agredidos, y “se presupone que uno de los trabajadores presentes falleció por agresión de un automovilista”, según datos publicados por el Colectivo Subversivo en Rebelión y Resistencia en su cuenta oficial de Facebook en la que dan seguimiento a denuncias y temas educativos.
También reportaron que miles de trabajadores fueron despedidos y a pesar de que cambió la empresa de limpieza que otorgaba servicios en las instalaciones del IPN, la situación siguió, fungiendo después la prestadora de servicios Armot Seguridad Privada y Servicios.
Según reportó La Jornada, el personal denunció que la compañía les exigía sumarse a un paro como medida para presionar la recuperación del contrato, advertiéndoles que en caso contrario no recibirán su salario.
De acuerdo con la información difundida por La Jornada, el contrato de limpieza, por un monto de 469 millones de pesos, fue rescindido debido a irregularidades en el proceso de licitación.
Trabajadores de la limpieza enviaron una carta a diputados de la Comisión Anticorrupción, en la que explicaron que cada año se adaptan a la empresa contratada, pero ahora han enfrentado amenazas y coacciones de parte de los directivos de Armot Seguridad Privada y Servicios.
El medio detalló que la empresa está encabezada por José Juan Reyes Mote, a quien identifican como líder del llamado “cártel de la limpieza”, organización vinculada con prácticas como la simulación de precios diferenciados y la alteración de competencia en licitaciones.
La Jornada informó que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda revisa la participación de estas empresas en procesos escalonados de precios, lo cual está prohibido por la normativa vigente.
De acuerdo con Central Municipal, el asunto alcanzó notoriedad pública luego de que trabajadores realizaran protestas para exigir el pago de sus salarios retenidos.
Central Municipal señaló que la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios “fue vetada del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE)”, situación que ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones salariales con el personal del IPN.
Los empleados manifestaron que han cumplido con sus labores, a pesar de la inestabilidad provocada por los conflictos entre la empresa y las autoridades. Parte de los señalamiento apunta a que otras compañías vinculadas a Armot Seguridad Privada y Servicios, como Limpiacero, siguen vigentes en el sector público bajo esquemas similares.
El pasado 21 de noviembre, el personal de intendencia cerró la avenida Circuito Interior y la Calzada México-Tacuba por la falta de pago de las últimas dos quincenas trabajadas en las escuelas del Politécnico.
En este contexto, se manifestaron para exigir una respuesta a las autoridades y la empresa de Servicios Integrales Retimar sobre su pago inmediato pero no se les dio una fecha precisa sobre el pago de salarios atrasados.
