El gobierno de Puebla se enfrenta a lo que denomina el “cártel de las concesiones”, un entramado legal y financiero nacido en administraciones previas que, según la actual administración, ha comprometido miles de millones de pesos del erario.
Las decisiones en torno a estos contratos, especialmente en infraestructura crítica como transporte y agua, han detonado un proceso de revisión y denuncia de parte del gobierno estatal de Puebla que busca sentar las bases para una nueva etapa de transparencia y gestión pública en el estado.
Un modelo que “institucionalizó el saqueo”
Durante la conferencia matutina del gobierno estatal del pasado 26 de noveimbre, el coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, afirmó que generaciones pasadas de funcionarios legalizaron esquemas que afectaron los recursos públicos desde 2013. El funcionario fue claro: “Torcieron la ley para legalizar el saqueo con modelos de inversión y comprometieron el recurso de las y los poblanos”.
García Parra subrayó que el propósito central de la administración de Alejandro Armenta es recuperar el control institucional y poner fin a estos mecanismos privados. El llamado “cártel de las concesiones”, indicaron, permanece vigente a través de contratos que limitan la capacidad de decisión estatal en servicios estratégicos.
RUTA y el agua: contratos que amarran el presupuesto
El caso del Sistema RUTA se convirtió en símbolo del problema. El contrato de concesión, con vigencia de 29 años, impide la recuperación inmediata del transporte público. García Parra advirtió que terminar anticipadamente con este acuerdo costaría a Puebla “más de 22 mil millones de pesos”, una suma suficiente para renovar por completo el sistema de transporte.
En cuanto al agua potable, el panorama es similar. El Congreso perdió la facultad de establecer tarifas y revisar condiciones, lo que dejó el servicio en manos privadas. Recuperar estos derechos tendría un costo superior a los 7 mil millones de pesos.
Estrategias y desafíos en la reversión de concesiones
El gobierno de Puebla declaró que enfrenta restricciones legales y financieras. Por ejemplo, cualquier intento de rescindir los acuerdos implica indemnizaciones multimillonarias. La administración de Alejandro Armenta subraya su objetivo de ordenar el sector y restaurar el control público, sin hipotecar el futuro financiero del estado.
En defensa de su gestión, el gobierno comunicó su compromiso con tres principios clave:
- Transparencia en el manejo de recursos.
- Justicia social en el acceso a servicios básicos.
- Defensa activa del patrimonio público frente a intereses privados.
El viaje en avión privado de Alejandro Armenta
Al margen del debate sobre las concesiones, el traslado del pasado 8 de octubre de Alejandro Armenta en jet privado a Nueva Jersey encendió cuestionamientos sobre el uso de recursos y la coherencia con los postulados de austeridad. La noticia se viralizó tras difundirse imágenes y detalles del vuelo en plataformas de monitoreo.
El gobierno de Puebla aclaró el 9 de octubre que el viaje tuvo como motivo acompañar a un familiar que fue hospitalizado en Estados Unidos. Subrayaron que “para este traslado no se utilizaron recursos públicos”. El trayecto, realizado en un Learjet 60 con matrícula XA-IBC, tuvo un costo estimado de 18 mil 500 dólares (aproximadamente 347 mil 615 pesos mexicanos), arrendado a través de la compañía Aero JL.
