La construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, sigue en el centro del debate tras revelarse que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución que cuestiona la actuación de los gobiernos de México, Alemania y Suiza.
De acuerdo con Ríodoce, el señalamiento de la ONU responde a las preocupaciones por el posible impacto de la industria petroquímica en la vida de los pueblos indígenas y el equilibrio ambiental en la región, informó el colectivo ¡Aquí No!
El colectivo, que agrupa a habitantes y líderes indígenas, denunció que el banco alemán KFW-IPEX-Bank favoreció a la empresa mexicana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) para financiar la planta en Topolobampo, ignorando la solicitud de audiencia de la comunidad mayo-yoreme. Este grupo permanece en desacuerdo con el proyecto y advierte sobre la falta de claridad en la propiedad del terreno.
Según ¡Aquí No!, la planta de amoniaco representa una amenaza directa para la bahía de Ohuira-Topolobampo y pone en riesgo los sistemas naturales y el modo de vida de la población local.
Tensión social y reacciones tras la resolución
El colectivo tenía planeado un encuentro con representantes alemanes para exponer su postura y dialogar sobre el proyecto, pero la reunión fue cancelada de forma abrupta en Los Mochis. Pese a la suspensión, los ánimos se agitaron tanto en las redes sociales como en las comunidades de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas.
Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira, expresó su preocupación por el incremento en los ataques verbales y responsabilizó a los tres niveles de gobierno de cualquier daño que pudieran sufrir los dirigentes del movimiento. Reiteró que la movilización social seguirá mientras persistan las amenazas al entorno y a quienes lideran la resistencia.
Melina Sandoval, integrante del colectivo, mencionó que la llegada de financiamiento alemán fracturó la cohesión de las comunidades originarias.
Proyecto polémico y antecedentes legales
La planta es desarrollada por la empresa suizo-alemana Proman, a través de la filial mexicana GPO. El plan incluye una inversión estimada de 1 mil 250 millones de dólares, con la previsión de generar dos mil empleos temporales y trescientos permanentes. Además de la planta, el proyecto contempla:
- Instalación de un gasoducto para suministrar gas natural.
- Construcción de un ducto para el transporte de amoniaco hasta la terminal de Pemex en Topolobampo.
Desde su anuncio, la obra provocó el rechazo de comunidades pesqueras y colectivos socioambientales que alertan sobre riesgos para el ecosistema y las actividades productivas que dependen de la bahía.
Diversos amparos presentados por pobladores argumentaron afectaciones ecológicas y la falta de consulta a los pueblos indígenas, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Algunas suspensiones legales detuvieron el avance de la construcción, aunque han existido revocaciones judiciales.
Lo que dijo el presidente y el panorama actual
Como antecedente, en agosto de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que el futuro de la planta dependería de la voluntad de la ciudadanía consultada. Reconoció la presencia de protestas y sostuvo que el Gobierno Federal no impondría el proyecto sin un proceso de consulta.
El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado incluyó la planta como una de las principales apuestas de inversión privada.
