El estado de Guerrero figura entre las entidades federativas más golpeadas por la violencia contra la mujer. De acuerdo con información del periódico El Sur Acapulco, desde el año 2015 hasta el mes de octubre del 2025 se han registrado más de 2 mil 68 asesinatos de mujeres en su territorio.
La mayoría de estos crímenes no ha sido investigada bajo los protocolos correspondientes, lo que complica el acceso de las familias a la justicia. Defensoras de derechos humanos destacan que al no realizarse las investigaciones se permite que las agresiones continúen sin tener justicia para las víctimas.
En este contenido se revela también la persistencia de una problemática estructural, donde la violencia contra las mujeres se mantiene año tras año, cuestionando la eficacia de las políticas publicas que se implementan en la entidad.
Un registro que resalta fallas en el sistema
Los datos mostrados por el medio muestran una disparidad significativa entre los homicidios de mujeres y los casos que fueron reconocidos como feminicidios. Este tipo de información demuestra las fallas en la clasificación de los delitos y limita la posibilidad de que las autoridades actúen conforme a los lineamientos impuestos para crímenes de género.
Ante esta situación los colectivos de búsqueda, prevención y familiares mantienen una presión constante para que todos los casos sean revisados y reclasificados con los estándares actuales.
Según el periódico local, pese a la baja clasificación se observa una perspectiva amplia que rebasa tendencias mensuales y anuales, donde los más de 2 mil asesinatos en casi 11 años reflejan el problema del feminicidio del estado.
Medidas urgentes para frenar la violencia
Los colectivos feministas y organizaciones comunitarias continúan trabajando para que cada caso sea documentado y atendido. Su esfuerzo y esmero se ha convertido en motor de exigencia social que busca transformar el dolor en acciones que no permitan la impunidad.
El Proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio menciona que la capacitación de las autoridades, el acompañamiento adecuado a víctimas y la coordinación entre instituciones son indispensables para una atención correcta en cada situación. Además de impulsar programas que ayuden a prevenir los factores de riesgo para posibles víctimas en el desarrollo local.
Especialistas concuerdan en que la reducción de la violencia hacia las mujeres depende de una prevención, acción inmediata y fortalecimiento de las diferentes redes de apoyo al igual que mejorar la recolección de datos y establecer unidades de análisis especializadas que permitan detectar zonas de mayor incidencia.
