En México, los datos confirman año con año que el 25 de noviembre no es una fecha conmemorativa, sino un recordatorio doloroso. Entre enero y septiembre de 2025, 513 mujeres fueron víctimas de feminicidio, 60 mil 384 sufrieron lesiones dolosas, más de 212 mil 404 llamadas de emergencia reportaron violencia de pareja, y 405 mil 31 registraron violencia familiar, destacó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Tras cada una de esas cifras hay una mujer que no solo denunció, sino que además pudo costearlo, porque en México, acceder a la justicia por violencia de género —ya sea por agresiones, desapariciones, feminicidio o violencia vicaria— implica un gasto que la mayoría de las víctimas no puede asumir. Mientras el Estado minimiza, revictimiza, reclasifica delitos y archiva casos, son las familias quienes financian la búsqueda de verdad.
Atziri Ávila, directora del OCNF, lo explica con claridad: la desigualdad económica también determina quién puede exigir justicia. “Sin recursos, el acceso a la justicia es más complicado, porque las familias, las abogadas y también nosotras como defensoras necesitamos recursos para lo básico: traslados seguros, cientos de fotocopias de expedientes, apoyo psicosocial para seguir de pie… todo cuesta”, señala Ávila.
El precio del dolor: familias que sostienen la justicia
El Estado de México, una de las entidades con mayor incidencia de feminicidios, registró 42 casos en los primeros nueve meses del año. Uno de ellos fue el de Paola Santos Márquez, estudiante de Ingeniería de la UNAM y madre de una niña de siete años, asesinada en el municipio de Ixtapaluca.
Su madre, Sara Márquez, se enfrenta ahora a una realidad doblemente brutal: sobrevivir económicamente mientras financia la lucha legal para que el feminicidio de Paola no quede impune. Su amiga, Regina Cabrera, creó una colecta en GoFundMe bajo el nombre “Justicia para Paola”, porque sin ingresos no se puede exigir justicia.
“Sarita enfrenta un camino lleno de trámites, de gastos y de violencia institucional. Con tu ayuda podrá sostener a su familia y continuar la lucha sin que la pobreza sea otro obstáculo”, señala la convocatoria.
El caso de Marielena del Carmen Durán Mendoza muestra otra arista de la vulnerabilidad. Ella era venezolana, refugiada y madre de un niño de tres años. Tras su feminicidio en Ciudad de México, su hermana, Fabiola Durán, viajó desde Sudamérica para exigir respuestas. Encontró silencio institucional, omisiones y costos impagables. También recurrió a un financiamiento colectivo: “Justicia para Marielena”.
“El aporte es un mensaje claro: Marielena no estaba sola y no será olvidada como miles de víctimas migrantes”, expresó Fabiola.
Las violencias invisibles también cobran facturas
El asesinato o la agresión física no son las únicas expresiones de violencia contra las mujeres. También está la violencia vicaria, la que lastima a través de hijas e hijos. Blanca Estela Paredes, Elisa María Zaldívar y Gabriela Pablos llevaron sus casos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Llegar tan lejos significó costos legales y psicológicos impagables.
“Nuestros agresores, en complicidad con autoridades corruptas, nos han perseguido y arrebatado parte de nuestra vida”, denunciaron en la colecta “Justicia para las Víctimas de Violencia Vicaria en México”.
Otra forma de agresión estructural es la violencia ginecobstétrica, ejercida por personal médico durante el embarazo, parto o puerperio, que afecta a 1 de cada 3 mujeres en México.
El colectivo Con Ovarios acompaña y visibiliza estos casos, pero requiere financiamiento para sostener su labor. Por eso creó la campaña “Ayúdanos a Mantener Viva la Voz de Con Ovarios”, destinada a sostener asesorías, denuncias y lucha legislativa.
¿Qué significa exigir justicia en México?
Significa pagar traslados, copias, abogados, cuidados emocionales, comida. Significa endeudarse, pedir donaciones y depender de la solidaridad de desconocidos. Significa que el Estado falla dos veces: cuando no protege, y cuando obliga a las víctimas a pagar para que las escuchen.
La violencia cuesta. La justicia, más. Y en México, miles de mujeres deben elegir entre sobrevivir o defender la memoria de quienes ya no están, finaliza la ONG.
