Cada año, el 25 de noviembre se convierte en un llamado global para visibilizar, denunciar y erradicar la violencia contra las mujeres. En México, donde las cifras siguen creciendo, esta fecha adquiere una dimensión urgente: recordar a las víctimas, acompañar a las sobrevivientes y evidenciar que el acceso a la justicia aún depende del nivel socioeconómico.
Solo en los primeros nueve meses de 2025, 513 mujeres fueron víctimas de feminicidio, 60 mil 384 sufrieron lesiones dolosas, 212 mil 404 llamadas de emergencia reportaron violencia de pareja y 405 mil 31 denunciaron violencia familiar. Detrás de cada número hay una mujer que se atrevió a denunciar y que, para hacerlo, debió tener recursos económicos suficientes para sostener un proceso que el Estado no garantiza plenamente.
La justicia tiene un costo que muchas mujeres no pueden pagar
El acceso a la justicia tiene gastos que rara vez se mencionan: abogados particulares, peritajes, copias certificadas, traslados, terapias psicológicas y hasta alimentos durante trámites en ministerios públicos. En un país marcado por la desigualdad económica, muchas mujeres simplemente no pueden costearlos.
Atziri Ávila, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), lo resume así:
“Sin recursos, el acceso a la justicia es más complicado. Las familias, las abogadas y nosotras como defensoras necesitamos cubrir actividades básicas: desde traslados seguros hasta fotocopias de expedientes y apoyo psicosocial”.
Feminicidios y desigualdad: cuando la justicia depende del bolsillo
El Estado de México es una de las entidades con mayor incidencia en feminicidios. Uno de los 42 casos registrados entre enero y septiembre de 2025 fue el de Paola Santos Márquez, estudiante de la UNAM asesinada en Ixtapaluca. Su madre, Sara Márquez, no solo enfrenta el duelo, sino también la presión económica por sostener la búsqueda de justicia mientras cuida a su nieta.
Ante la falta de apoyo institucional, amigas de la familia impulsaron la colecta “Justicia para Paola” para cubrir gastos legales y de subsistencia.
El caso de Marielena Durán Mendoza, venezolana refugiada víctima de feminicidio en Ciudad de México, también muestra esta vulnerabilidad. Su hermana Fabiola, tras viajar miles de kilómetros para exigir respuestas, se enfrentó a omisiones institucionales y gastos legales impagables. Por ello, creó la campaña “Justicia para Marielena: Mari, nunca estuviste sola”.
La desigualdad también atraviesa otras formas de violencia. Madres que han sufrido violencia vicaria, como Blanca Estela Paredes, Elisa María Zaldívar y Gabriela Pablos, tuvieron que llevar sus casos hasta la CIDH ante la falta de respuestas del sistema judicial mexicano. Cubrir los costos legales internacionales se volvió imposible sin la colecta “Justicia para las Víctimas de Violencia Vicaria en México”.
Organizaciones que sostienen lo que el Estado deja caer
El trabajo de organizaciones civiles es crucial para que las víctimas no queden en el abandono. Marea Verde México, liderada por Renata Villarreal, ha acompañado a más de mil mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual, familiar y de pareja. Su labor, basada en donaciones, permite brindar atención psicológica, médica y legal.
Otra colectiva fundamental es Con Ovarios, enfocada en visibilizar y combatir la violencia ginecobstétrica que afecta a una de cada tres mujeres. Sus plataformas educativas y de acompañamiento dependen de recursos comunitarios.
A nivel nacional, el OCNF destaca por su labor multidisciplinaria y por impulsar sentencias históricas en feminicidios. Sin donaciones, explica su directora, no podrían sostener traslados, pagar a su equipo ni acompañar casos complejos.
Las familias lo confirman. Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana, afirma que sin el OCNF su caso no habría alcanzado verdad y reparación. Lo mismo asegura Araceli Mondragón, madre de Abigail Guerrero Mondragón.
Comunidad y acompañamiento: la última línea de defensa
En un país donde el sistema de justicia se muestra insuficiente, la solidaridad comunitaria se convierte en un motor indispensable. Colectas, redes de apoyo y acompañamientos civiles son, para muchas mujeres, la única vía para continuar luchando.
Este 25 de noviembre, la fecha recuerda algo más que cifras: subraya la urgencia de garantizar justicia sin importar el nivel socioeconómico, y honra a quienes persisten en la búsqueda de verdad, memoria y reparación. Porque en México, hoy más que nunca, la lucha contra la violencia también es una lucha contra la desigualdad.
