El proceso de revisión de la minuta enviada por la Cámara de Diputados sobre el delito de extorsión ha alcanzado un avance del noventa por ciento en comisiones del Senado, señaló Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Entre las principales modificaciones que se contemplan destaca el aumento de la media de las penas para quienes incurran en este delito, con la intención de establecer sanciones de diez o quince años de prisión, cifra superior a la propuesta original de la Cámara baja.
El senador López Hernández explicó que los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez, mantienen una comunicación constante con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y otras áreas del Gobierno Federal para analizar a fondo el proyecto.
Senado modificará reforma en materia de extorsión
“Se están revisando cuestiones de técnica legislativa y ya traemos un avance, yo creo que al día de hoy está a un 90 por ciento”, dijo el coordinador de Morena.
En conferencia de prensa, López Hernández detalló que uno de los objetivos centrales de la reforma es endurecer las penas para los extorsionadores, superando el marco punitivo que proponía la minuta original.
Además, subrayó la importancia de no conceder beneficios a quienes cometen este delito, dada la gravedad y sensibilidad que representa la extorsión en el país.
“Yo creo que, si elevamos la penalidad, pues será seguramente menor el número de personas que puedan ser beneficiadas”, afirmó el senador, aludiendo a la posibilidad de que la retroactividad de la ley permita que algunos extorsionadores accedan a beneficios legales.
Otra de las propuestas en revisión es la equiparación de las penas para funcionarios públicos que, por omisión, incurran en extorsión.
En la Cámara de Diputados, fue el coordinador Ricardo Monreal quien presentó una reserva para reducir las penas a servidores públicos por omisiones en casos de extorsión.
López Hernández indicó que se busca igualar las sanciones para los servidores públicos con las de los extorsionadores, corrigiendo así una reducción que se había introducido mediante una reserva avalada en la colegisladora.
El senador también mencionó que se analiza la creación de fiscalías especializadas en el combate a la extorsión, con el propósito de que, de manera progresiva, las fiscalías antisecuestro dejen de atender estos casos, ya que se trata de delitos con características y dinámicas distintas.
Adán Augusto sobre las acciones contra el lavado de dinero
En relación con el reciente cierre de trece casinos por presuntas irregularidades, López Hernández aseguró que durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación no se otorgaron concesiones ni permisos para la operación de estos establecimientos.
Explicó que esta política respondió a una de las primeras decisiones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien determinó que no se permitiría el otorgamiento de permisos o nuevas concesiones en materia de casinos, por lo que todas las autorizaciones vigentes provienen de la administración anterior.
López Hernández sostuvo que tampoco se emitieron permisos durante las gestiones de Olga Sánchez Cordero y Luisa María Alcalde Luján al frente de la Secretaría de Gobernación, ni en la actual administración de Rosa Icela Rodríguez.
“Serán seguramente las autoridades especializadas en la investigación, en la persecución incluso de ilícitos, quienes tengan con seguridad la fecha, los montos en los que esa actividad empezó a tener conductas catalogadas como delictivas; eso sí no me toca a mí, ni es parte ni de mis atribuciones actuales, ni siquiera las tenía como secretario de Gobernación. Pero, reitero, no se otorgó ningún permiso”.
