Las obras vinculadas a un proyecto ecoturístico en el Ejido La Sabana, dentro del municipio de Centla, Tabasco, quedaron bajo clausura total temporal luego de que autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificaron que no existía la autorización en materia de impacto ambiental requerida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta medida se adoptó tras una inspección realizada el pasado 10 de noviembre de 2025, en el marco del Operativo Nacional de Ecosistemas Costeros.
De acuerdo con la Profepa, la inspección permitió identificar una serie de construcciones que abarcan aproximadamente mil 316 metros cuadrados, entre las que se encontraban habitaciones, baños, pasillos de concreto, áreas destinadas a la cocina, así como una fogata contenida en una estructura de ladrillo.
Las autoridades concluyeron que estas edificaciones alteran el ecosistema costero, justo en una zona cuya vocación ecológica exige estrictos controles legales.
Durante la diligencia, el responsable del proyecto fue requerido para presentar los permisos correspondientes en materia de impacto ambiental, quien admitió carecer de tal documentación. Ante esta situación, la Profepa resolvió establecer la clausura total temporal del sitio como medida de seguridad.
La Procuraduría informó que ha iniciado el procedimiento administrativo pertinente contra los responsables, subrayando que continuará con el seguimiento del caso. Según la dependencia, la finalidad es asegurar la conservación y protección efectiva de los ecosistemas costeros a nivel nacional.
Aseguran 4 toneladas de productos forestales en Huamantla, Tlaxcala
Profepa también informó que derivado de irregularidades en el uso de recursos forestales no maderables se clausuró de manera total temporal un predio en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, así como el aseguramiento de 4.02 toneladas de palma de la especie Nolina parviflora. La medida se llevó a cabo los días 4 y 5 de noviembre en el predio conocido como Las Palomas, situado en la Ranchería de Torres.
En la revisión, el personal de Profepa detectó que las actividades de aprovechamiento de palma se realizaban sin apego a los términos de la autorización ambiental vigente, además de identificarse la ausencia de diversos documentos requeridos para su legal operación.
Ante estas condiciones, el organismo procedió al aseguramiento de 7.309 metros cúbicos de materia prima en estado seco y a la clausura temporal de todas las actividades en el sitio.
De acuerdo con la Profepa, la dueña, representante legal o encargada del predio deberá presentar ante la delegación estatal la documentación que demuestre la legalidad de sus actividades.
Entre los requisitos exigidos se encuentran: los oficios originales de autorización emitidos por la Semarnat, los Programas de Manejo Forestal Simplificado, remisiones forestales, oficios de validación de la Semarnat y el informe anual de cumplimiento del programa de manejo.
El artículo 164 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente otorga a los responsables un plazo de cinco días hábiles para exhibir los documentos que permitan subsanar o aclarar las anomalías señaladas durante la inspección.
Además, la Profepa indicó que solicitará a la Semarnat la revisión de la autenticidad de los oficios presentados en la visita. El procedimiento administrativo correspondiente ya ha comenzado por parte de la autoridad ambiental competente.
